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Se construye en opacidad el Tren México-Toluca

La construcción del Tren México-Toluca, una de las obra de infraestructura más importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto, dejó de ser socialmente rentable por su encarecimiento, así como hay opacidad en la contratación de proveedores y faltan documentos que muestren cómo se invirtió el presupuesto, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Hay una falta de información y transparencia, así como un proceso de contratación opaco”, Max Kaiser Aranda, director de Anticorrupción del IMCO.

Según el investigador, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportaron que no encontrar documentos: “Esto no debe pasar en ni siquiera en las obras más pequeñas para pavimentar una calle y menos en un megaproyecto”.

El organismo financiado por el empresario Valentín Diez Morodo detectó que también hay inexistencia de documentación en los procesos de contratación pública, tales como oficios de preinversión, requerida por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados.

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En 2014, el Plan Nacional de Infraestructura planteó que costaría 38 mil millones de pesos la edificación del tren de pasajeros, que conectará la Ciudad de México con Toluca.

De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2018, el costo actual asciende a 59 mil millones de pesos, según la Cartera Pública de Inversión de la SHCP con clave 13093110008.

Los megaproyectos suelen tener fallas, pero no hay una justificación del sobreprecio de la construcción del Tren México-Toluca, declaró Kaiser Aranda.

“Esa obra tuvo que ser concluida y entregada en diciembre del año pasado y estamos en marzo de 2018 le falta mucho; y el presupuesto va en 59 mil millones de pesos“, manifestó director anticorrupción.

Por el sobreprecio de 50 por ciento de la obra  ya no es socialmente responsable, hay números negativos y les costará más a los mexicanos respecto a los beneficios, agregó.

México no puede volver a hacer una obra pública mal planeada, sin transparencia, rendición de cuentas, ni consecuencias para los responsables del sobrecosto y los retrasos, concluyó el IMCO.

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