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Tijuana la ciudad fronteriza que le faltaba a AMLO

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, presentaron el viernes la Estrategia de Protección a Migrantes que residen en Estados Unidos.

En el caso de Tijuana, la ciudad representa un punto crucial del fenómeno migratorio para la actual administración, pues es ahí donde se han concentrado en su mayoría, los migrantes que integran las grandes caravanas que pretenden cruzar hacia Estados Unidos y que han provocado una respuesta polémica de la actual administración panista encabezada por Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

Cuestionado al respecto, Arturo González, expresidente de la CONCANACO, declaró que la estrategia del gobierno de López Obrador “es un gran avance para la estabilidad legal y la integridad humana de nuestros paisanos que residen en el extranjero”.

El empresario tijuanense comentó que si bien muchos migrantes están de paso, también muchas familias se quedan en Tijuana a hacer su vida por la cercanía que tiene la ciudad con Estados Unidos.

“Sin duda con noticias como ésta Andrés Manuel López Obrador da confianza y esperanza de que todo vaya mejor”.

González Cruz señaló que esta estrategia representa un hecho sin precedentes que le asegura a los mexicanos que residen en Estados Unidos un marco legal que los protege a ellos y a sus derechos humanos.

Asimismo, señaló que Tijuana es una ciudad que abraza a los migrantes que muchas veces sólo van de paso, y que hoy cuentan con un apoyo real, pues por primera vez hay un presidente que no sólo se enfoca en su imagen pública.

Arturo González, quien ha trabajado en distintas instituciones como el IMSS el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración, auguró un gran futuro en materia migratoria con López Obrador al frente del país.

Dicha afirmación no es en vano pues los escándalos de corrupción, una inseguridad desbordada y la polémica administración de Gastélum Buenrostro prevé la pérdida de la corona en el municipio de Tijuana para el PAN.

El empresario, quien ha trabajado en distintas instituciones como el IMSS, el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración y ostenta ser el único bajacaliforniano electo como presidente de las Cámaras de Comercio de la República Mexicana, finalizó diciendo que: “Hoy por hoy, López Obrador sigue poniendo el ejemplo, para que todo esto suceda se reducirá el gasto en las residencias consulares y esto ayudará a que se incrementen acciones que promuevan la identidad cultural, la salud, el deporte todo esto aunado a que se incluirá una red de abogados que ayuden a la defensa de nuestros paisanos”.



Detienen a extorsionador de empresarios en Tijuana

Una juez vinculó a proceso a José Santiago Correa Collazo por el delito de extorsión agravada en contra de un empresario de Tijuana.

En la audiencia de este miércoles 18 de diciembre, se presentaron pruebas que acreditan que Correa Collazo fue detenido el pasado sábado en flagrancia, ya que acababa de recibir la cantidad de 2 mil 150 dólares en efectivo dentro de un maletín.

El dinero provenía, presuntamente, de un empresario al que venía extorsionando desde hace meses, amenazándolo con exponer videos comprometedores para él, su familia y su empresa.

Los videos serían publicados en YouTube, así como en las páginas de facebook de “Tijuana sin censura” y “El Tijuanenese”.

El juez determinó su vinculación a proceso, así como prisión preventiva, a pesar de que la defensa alegó que la flagrancia no fue debidamente acreditada.

La audiencia de vinculación está programada para el 19 de febrero, hasta entonces Correa permanecerá recluso.

(Con información de zetatijuana) FI

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Arranca construcción del Tren Maya

Endeudan al Estado para pagarle a Seguritech

La sociedad civil y clase empresarial de Baja California exigió al gobernador Francisco Vega de Lamadrid echar atrás el contrato de 4 mil 488 millones de pesos ganado por Seguritech para construir el sistema de coordinación, comando, control, Comunicaciones, cómputo e inteligencia (C5i), porque se endeuda por 22 años a los bajacalifornianos.

Así ocurrió, cuando a finales de octubre de 2017 el congreso de Baja California aprobó deuda por 800 millones de pesos para pagar hasta la última cámara instalada por Ariel Zeev Picker Schatz, un empresario que pasó de ser dueño de una empresa de alarmas para automóviles a ser el proveedor del C5i del Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa, Guerrero y Sonora.

“Debe analizarse si es el momento adecuado para contar con un C5i”, porque se construirá a partir de un endeudamiento, argumentó Armando León Ptacnik, presidente de la Federación Coparmex de Baja California.

El empresario pidió a los diputados locales y al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid escuchar la opinión de la ciudadanía, quien disfrutará de los beneficios o sufrirá para pagar proyectos como los de videovigilancia planteados.

El rechazo a la obra de mayor envergadura de Kiko Vega para detener los altos índices de violencia inició el 6 de noviembre de 2016, día en que la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California entregó por asignación directa la construcción del C5i a Seguritech Privada y Architecture Engineering & Specialized Services.

La obra adjudicada a la empresa de Ariel Zeev Picker Schatz tiene un costo mensual de 17 millones de 667 mil pesos sin IVA, revelan las actas de dictamen económico y fallo de la Asociación Público Privada (APP). Es decir que por los próximas dos décadas pagarán más de 4 mil 488 millones de pesos.

El fallo otorgado por la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, la Unidad Técnica de Inversión de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano levantó muchas sospechas entre la sociedad civil y clase empresarial.

Los documentos del esquema de inversión en poder de Rock 101 explican que la propuesta técnica y económica presentada por Seguritech Privada fue la mejor calificada por las autoridades de Baja California.

Algo que generó dudas entre la sociedad se da cuando la firma de Ariel Picker participa como única concursante para automatizar la vigilancia en forma remota a través de cámaras, arcos de vigilancia, torres de comunicaciones para sistemas inalámbricos de voz, datos e imágenes con fibra óptica y antenas.

El contrato obtenido por Seguritech la obligan a diseñar, elaborar un  proyecto ejecutivo, construir, así como conservar y darle mantenimiento por 22 años al C5 de Baja California.

La licitación para construir el C5 no es clara en el proceso, faltó transparencia, así como la Asociación Público Privada (APP) representa un alto endeudamiento para la entidad, advierte Armando León Ptacnik.

“No podemos dejarle la tarjeta de crédito llena al siguiente gobernador, sino una capacidad de maniobra”, comenta.

Hubo oscuridad cuando se licitó el C5 por parte de la autoridades de Baja California, asegura Rodrigo Llantada Ávila, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mexicali.

Las acciones del gobernador de Baja California para crear un centro de monitoreo fueron irregulares, agrega el representante patronal.

Se le solicitó al gobierno revisar las bases de licitación para que se no limite ni restrinja la participación de empresas medianas y pequeñas por su tamaño o capital para que construyan el C5, señala Gilberto Fimbres Hernández, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana.

“Lo ideal es que Seguritech no se quede de manera directa con el contrato del C5i, sino que también se abra la participación para que participen las pequeñas y medianas empresas”, concluye Fimbres Hernández.

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