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SINALOA: La ineficiencia de un gobierno ante emergencias

Cuando un fenómeno natural golpea a México algunas autoridades saben cómo deslindarse: siempre señalan que se trató de algo inesperado.

Y como el clima o los sismos no tienen cómo desmentirlos, ellos sólo esperan que la irritación social venga a menos. Siempre que hay errores, falta de profesionalismo o quizá actos de corrupción de por medio, refugiarse detrás de la madre naturaleza ha representado su zona de seguridad. Eso fue justamente lo que sucedió en Sinaloa.

La mañana del jueves 20 de septiembre caía la lluvia en el centro de Sinaloa. La gente hizo su vida como siempre: llevó a los niños a la escuela, fue a trabajar o acudió a una cita médica, entre otras muchas actividades. Pero unas cuántas horas más tarde, las calles de Culiacán se convirtieron en ríos sinuosos que arrastraban automóviles y acabaron con el patrimonio de familias. El agua subió más de un metro dentro de las casas. Las afectaciones alcanzaron a los municipios de Guasave, Ahome, El Fuerte y Salvador Alvarado.

En total hubo cuatro personas muertas y tres desaparecidas.

Los refugios abrieron ya que la gente salía de sus casas como podía.

Sinaloa

FOTO: @CalebT0rres

Las autoridades nunca cortaron la energía eléctrica a pesar del riesgo que se corría. Hay tres desaparecidos, más de 500 personas damnificadas por completo y cuatro pueblos incomunicados.

De hecho, dos personas perdieron la vida por descargas eléctricas en la sindicatura de El Dorado, perteneciente al municipio de Culiacán. La información oficial proveniente del Órgano de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua, indicó que las lluvias fueron similares a las que cayeron en septiembre de 2013, cuando el huracán Manuel tocó tierra en Sinaloa.

¿Algo así en verdad es tan impredecible como para no suspender clases? ¿La lluvia que acechaba a Sinaloa desde una noche antes no merecía abrir los refugios desde la madrugada? ¿Por qué no hicieron cortes eléctricos? ¿Dónde estaban sus especialistas en Protección Civil?

Aún no transcurría una semana de las inundaciones en Sinaloa cuando Gloria Vázquez Rangel, exdirectora general en emergencias mayores de la Secretaría de Protección Civil en la Ciudad de México y catedrática de la UNAM, dijo que las autoridades tuvieron tiempo suficiente para avisar a la población y suspender clases.

En una entrevista con la periodista Gabriela Soto para el periódico Noroeste advirtió que el sistema no está funcionando. Desde su perspectiva, las autoridades sinaloenses encargadas de la protección civil debieron coordinarse con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre todo en esta temporada.

“Yo creo que es muy grave porque está poniendo en riesgo la vida de muchas personas y debe de avisarse. El Sistema Nacional de Protección Civil ni el Consejo local advirtieron a la población del diluvio que golpearía”, advirtió.

Estas palabras pasaron de largo. Las autoridades miran hacia otro lado cuando se escucha la voz de los expertos o científicos. No es raro oírlos comentar que hicieron todo lo posible ante una tragedia. Sin embargo, poco se investiga su papel. La oposición política y las organizaciones civiles quizá tampoco empujan lo necesario para deslindar responsabilidades. México no puede seguir sufriendo consecuencias por este tipo por errores, falta de coordinación o políticas públicas que nos llevan al despeñadero.

¿Con qué cara van a mirar a las 16 mil personas evacuadas? ¿Qué harán los gobiernos ante las decenas de muebles que serán arrojados a las calles? ¿Cómo van a apoyar a las familias sin refrigerador en una zona con mucho calor?

Ni en la prevención y tampoco en la atención de las víctimas hay programas que respondan ante las emergencias. Los políticos hacen giras de trabajo por las zonas dañadas, culpan a la naturaleza, lamentan los sucedido y luego regresan a sentarse detrás de los escritorios.

Pero afuera la gente se truena los dedos porque perdió el único automóvil que tenían para trasladarse en una ciudad como Culiacán donde el transporte público es un desastre.

Un ejemplo claro es lo dicho por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. Durante un recorrido por Los Mochis comentó que en todo el estado se tienen redes pluviales deficientes y –según él- implicaría una fuerte inversión federal.

Y en el colmo agregó lo siguiente: “durante muchos años no se hicieron obras estructurales, y es parte también de lo que estamos resintiendo. La desviación del dren Juárez es una obra imprescindible para Ahome, ya está validado por Conagua y esperemos que en esta coyuntura tan lamentable sí tengamos el apoyo para iniciar por lo menos una primera etapa”.

El mandatario dijo: “durante muchos años no se hicieron obras estructurales”. ¿Y por qué pasó eso? ¿Quién va rendir cuentas de ello? ¿Hasta cuándo harán algo? ¿Se podrá remediar esto para la próxima temporada de lluvias?

Los sinaloenses por boca del propio gobernador parecen condenados al desastre ante las lluvias. En este país, no hay manera, ni minuto siquiera, en que nos dejemos de sorprenden por las barbaridades de hacen: Protección Civil de Sinaloa está a cargo de un político priista llamado Francisco Vega Meza quien en su trayectoria había sido dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Culiacán y diputado local. Es decir, un político sin experiencia ni mucho menos con un perfil adecuado en Protección Civil. Los grupos que llegan al poder se reparten los puestos así, aunque pueda ir de por medio de la vida de la gente.

Huachicoleros tiran venta de gasolineras

A las gasolineras no les está cayendo nada bien la existencia de los huachicoleros, ya que las ventas de gasolina y diesel han caído entre 20 y 40 por ciento en Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo y otras entidades más de la República Mexicana.

“Las estaciones de servicio ha visto disminuidas sus ventas de gasolinas y diésel en los estados donde se han dado el mayor número de ordeñas, ya que algunas zonas se han tenido una caída de entre 20 y 30 por ciento”, asegura Roberto Díaz de León Martínez, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

En regiones de la República Mexicana como Sinaloa el problema ha sido más fuerte, toda vez que la ventas se derrumbaron más de 40 por ciento, declara el representante del sector gasolinero del país.

Durante 2017, hubo más de 10 mil 363 tomas clandestinas, una cifra histórica desde que se tiene registro del delito, según Petróleos Mexicanos (Pemex).

Guanajo fue la entidad con el mayor número de ductos ordeñados por los huchicoleros, ya que encontraron más de mil 852 tomas clandestinas, señala la petrolera mexicana.

Puebla, el segundo estado con el mayor número de ordeñas, hubo mejoras en las ventas del combustible, porque cerraron el ducto de Minatitlán a Puebla, cuenta el empresario.

A Pemex Logística le implica un costo mucho mayor distribuir combustible en Puebla, una entidad donde se ubica el triángulo rojo, porque el diesel y la gasolina es transportada por autotanque, en lugar de ducto, comenta Roberto Díaz de León Martínez.

El presidente de Onexpo reconoce que Petróleos Mexicanos está siendo un esfuerzo muy importante para abastecer del combustible en toda la República mexicana.

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Un grupo de transportistas de le pidieron un ABC a Onexpo para la compra de combustible de combustible lega, ya que les han llegado a ofrecer diésel por debajo de los 17 pesos por litro, algo que sólo se da si está rebajado el combustible o es de dudosa procedencia.

A cientos de transportistas en la República Mexicana se les ha vendido el litro de diésel a un precio que va de los 10 hasta 12 pesos, según un reporte de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

Los conductores del transporte de carga no han adquiero el combustible por falsos gasolineros o personas, ya que cuando les exigen mostrar documentación para la deducción de impuesto no la tienen, explica el documento.

En otros ocasiones, a la empresas de transporte de carga les ofrecen un diésel importado, pero cuando se solicita el pedimiento: Simplemente no existe o el comercializador no lo conoce, detalla el análisis.

“Hoy por hoy las operaciones de venta y ofrecimiento de combustible de dudosa procedencia se está dando en toda la República Mexicana, incluso hay personas que prometen llevar el diésel hasta la puerta de las plantas o fábricas”, advierte ANTP.

El organismo aclara que las compañías de transporte privado no pueden comprar combustible de dudosa procedencia, ya que están obligadas a cumplir con todas la reglas.

“En Onexpo tenemos la fortuna de contar con controles volumétricos en todas la estaciones de servicio, lo cual nos da mucha solvencia”, expresa Roberto Díaz de León.

Según el representante de los gasolineros, no defienden ni defenderá a empresarios que lleven a cabo una práctica indebida.

“Felicitamos a las autoridades, quienes están realizando los operaciones”, sin embargo se necesitan realizar más operativos para erradicar la venta de combustible ilegal en las carreteras, dice.

La lucha en contra de los huachicoleros, que venden combustible robado a las orillas de las carreteras, debemos denunciarlas, porque es responsabilidad de toda la población, concluye el dirigente de Onexpo.

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