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Escándalo en contrataciones ensombrecen labores del SAT

Aproximadamente 30 mil burócratas cuentan con 2 equipos de cómputo en su escritorio, porque la empresa de Tecnologías de la Información, Centro de Productividad Avanza (CEPRA) SA de CV, lleva un año sin querer retirar sus equipos de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Desde junio del 2017, CEPRA debió retirar sus equipos de las instalaciones del SAT luego de que su contrato fue revocado antes de tiempo por diversas irregularidades.

Fue en 2016 cuando el SAT lanzó el concurso para contratar la “Administración de Puestos de Servicio 3 (APS-3)”, con el que se debían proveer, instalar, dar mantenimiento y soporte al equipo durante 42 meses. De primera instancia, la ganadora fue la empresa Mainbit, por ser la opción más barata y viable, pero CEPRA interpuso una serie de impugnaciones en el Órgano Interno de Control (OIC) y dos meses después consiguió el contrato por el que cobraría 153 millones de pesos más que Mainbit, al tomar en cuenta los montos máximos propuestos.

No obstante, Mainbit se inconformó porque CEPRA no presentó las certificaciones de competencias que debió incluir en su propuesta técnica, por lo que luego de una investigación del OIC del SAT, mediante el oficio 300-04-00-00-00-2017, el 14 de junio de 2017 el organismo recaudador dio constancia de término anticipado del contrato celebrado con CEPRA y firmó nuevamente con Mainbit.

El caso, en tribunales y juzgados

A pesar de estas resoluciones, CEPRA se negó a permitir que la sustituyeran y recurrió a varias instancias, entre ellas al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, cuyo secretario le otorgó una suspensión de contrato para que Mainbit no procediera con la sustitución de equipos; no obstante, por esta decisión, Francisco Alberto García Ramírez fue denunciado ante el Consejo de la Judicatura Federal por haber cometido “errores judiciales inexcusables”.

Mientras que su compañero, Jaime Ríos Tavera fue señalado por “abuso en el ejercicio de su cargo”, pues pese a que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito revocó la primera suspensión otorgada en el juzgado hidalguense, solo un mes después (el 6 de agosto pasado), este segundo secretario de juzgado emitió una segunda suspensión referente al mismo expediente 777/2017.

Las irregularidades cometidas por esta empresa fueron investigadas por la Auditoría Superior de la Federación que determinó, tras un análisis a profundidad del caso, que CEPRA mintió para obtener la licitación, pues simuló contar con 902 centros de servicio para ser mejor evaluada; además de que incumplió con las características de los equipos de cómputo ofertados,y por no cumplir con obligaciones contractuales que debieron merecer penalizaciones económicas.

En 2016, en un caso aparte, Petróleos Mexicanos envío una circular a todas las entidades, dependencias y órganos federativos para que se abstuvieran de contratar a CEPRA durante al menos un año.

Actualmente, el caso de las computadoras del SAT se encuentra ante las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), en donde el Ministerio Público continúa con la integración de la carpeta de investigación por fraude.

Partidos políticos usan empresas fantasma: INE

Lizandro Núñez Picazo, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que 16 empresas fantasma fueron usadas por los partidos políticos para justificar los gastos de las campañas electorales de 2018.

“Se han identificado cerca de 16 empresas fantasma, que son del 69 B del código fiscal de la federación, y si no cumples con tus obligaciones fiscales no te permito que te contraten”, comentó el fiscalizador del órgano, que organiza la elección más grande de México.

Los proveedores se benefician del dinero público cuando son contratados por los partidos políticos, por lo cual es necesario declaren y paguen impuestos, agregó.

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El representante del INE recordó que las entidades políticas no pueden contratar a los proveedores, una vez que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) las publicó como empresas fantasma.

“Cuando el SAT publica (a las empresas fantasma) en automático les cancelan los sellos digitales y están impedidas para emitir facturas”, agregó.

“Establecimos como causa para cancelar el registro de estos proveedores, el hecho que no estuvieran al corriente de sus obligaciones fiscales”, declaró Núñez Picazo.

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En los últimos años se han creado empresas fantasma para que los partidos políticos justifiquen sus gastos de las campañas, afirmó Aristóteles Núñez, ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“La creación de las empresas fachada o fantasma fue resultado que hacían los partidos políticos usando facturas en papel apócrifas, cuando se hicieron facturas electrónicas eran reales y de empresas fachada“, el ex secretario de Finanzas del Estado de México.

Ahí están los informes de la Unidad de Fiscalización del INE y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que determinan y encuentran el abuso de la figura empresarial para comprobar gasto que no se realiza y llega a los electores “vía de compras de conciencias”.

El ex responsable de la agenda de fiscalización del gobierno de Enrique Peña Nieto agregó que más de 7 mil personas trabajan en el SAT para la búsqueda de empresas fantasma.

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Enrique Peña debe sacar las manos de las elecciones

Ricardo Anaya Cortés, candidato de la Coalición Por México al Frente, exigió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto sacar de las campañas sacar las manos, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) buscan vincularlo a una investigación de lavado de dinero.

“Saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo de México elija en completa libertad”, manifestó el ex presidente del PAN, quien estuvo acompañado en primera fila por el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato del PRI asesinado en marzo de 1994.

El político queretano hizo hincapié a los brutales ataques de los que ha sido blanco por parte del gobierno federal para intentar sacarlo de la elección presidencial de julio de 2018.

“Esto implica una grave amenaza a la democracia. Hoy es contra mí, mañana puede ser en contra de otro candidato o candidata o ciudadano opositor al régimen y esto no lo debemos permitir”, dijo el hombre, quien tuvo el respaldo de los dirigentes nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Damián Zepeda Vidales, Manuel Granados y Dante Delgado.

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Desde hace un par de semana Ricardo Anaya fue vinculado con Manuel Barreiro Castañeda, quien le ayudó a Ricardo Anaya a mover 54 millones de pesos a través de paraísos fiscales, según el abogado Adrián Xamán McGregor.

Xamán McGregor afirmó que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N” fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y 2017, para lavar dinero y entregárselo a una Ricardo Anaya.

Manuel Barreiro apoyó al candidato de la coalición Por México al Frente para la triangulación de recursos por 54 millones de pesos a beneficio de la empresa propiedad de Anaya y su familia política. Y desde hace unos meses, los defendidos por MacGregor han sentido presión por parte de las partes involucradas.

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Ricardo Anaya explicó que tiene muy clara la razón de los ataques de los que ha sido blanco: porque públicamente se ha comprometido a romper el pacto de impunidad y castigar la corrupción, mientras que López Obrador ya prometió perdonar a Enrique Peña Nieto y a todos sus colaboradores.

“Mientras no haya consecuencias no se va a acabar el problema de corrupción. Y los señalamientos de corrupción a este gobierno son muy graves, empezando por el escándalo de la Casa Blanca, los casos de Odebrecht, el socavón, la estafa maestra, los desvíos millonarios de Rosario Robles y José Antonio Meade en Sedesol, entre muchos otros”, enfatizó tras reiterar su compromiso de consolidar una fiscalía autónoma y apartidista.

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