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ELECCIÓN PRESIDENCIAL ENSANGRENTADA

Miércoles 13 de junio, 13:39 horas.  “Matan a candidato a edil de Michoacán”, publica el diario Reforma en su sitio web. La información da cuenta del asesinato de Alejandro Chávez Zavala, candidato de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Taretan, Michoacán. Un grupo aún no identificado le disparó, en repetidas ocasiones, sin mediar palabra y luego se dieron a la fuga.

Este tipo de noticias aparecen continuamente en los medios de comunicación durante los procesos electorales del 2018. Se han vuelto tan comunes en términos informativos como el discurso de un candidato. Ejecutar a un aspirante a un puesto de elección popular, en cualquier parte del país y sin importar a qué partido pertenezca, se ha vuelto parte de nuestro panorama político.

Hasta el momento, se han registrado 112 asesinatos y más de 400 agresiones a políticos y candidatos en estos procesos electorales en México, de acuerdo con el indicador elaborado por la consultoría privada Etellekt.

De esas ejecuciones, 28 todavía eran precandidatos. Otros 14 muertos –según el mismo estudio- ya eran candidatos y el resto corresponde a alcaldes, ex presidentes municipales, dirigentes, ex regidores, diputados, síndicos y ex síndicos.

Desde que iniciaron formalmente los procesos electorales en todo el país 127 políticos han sido amenazados o fueron blanco de intimidaciones. En los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz se han registrado la mayor parte de las agresiones.

En este indicador quedó claro que ninguna fuerza política está al margen de la violencia: Si bien el PRI junto con sus aliados como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza han sido los más afectados con 44 asesinatos, el resto de las fuerzas políticas no han estado a salvo: la coalición de centro-derecha (PAN-PRD y Movimiento Ciudadano) contabilizan ya 43 muertos, mientras que Morena y sus aliados (PT y Encuentro Social) llevan ya 18 ejecuciones.

El mensaje está muy claro: no importa la ideología, ni mucho menos la plataforma política de las candidatas o de los aspirantes a puestos de elección popular. A los autores intelectuales de este baño de sangre en pleno proceso electoral, realmente, les importa muy poco eso.

¿Por qué lo hacen? ¿Qué quieren? Las respuestas son muy difíciles de encontrar y no queda más que especular. Las autoridades tanto a nivel federal como estatal no han hecho absolutamente nada para frenar la violencia. No cuesta mucho trabajo pensar que quizá detrás de todo esto, pudieran estar los grupos del crimen organizado los cuales, realmente, han sido quienes controlan el país.

Las ejecuciones –difícilmente podemos llamarlas de otra manera- son las huellas de sus pasos, la marca de sus intereses y el aviso de lo que están dispuestos a hacer cuando alguien no se ajusta a lo que quieren. Así arreglan las cosas en un país donde priva la impunidad. Ellos han sabido, desde siempre, de la incompetencia o, peor aún, de la corrupción en los gobiernos.

Gobernadores, alcaldes, candidatos y autoridades lamentan y condenan estas muertes. En algunos casos envían hasta condolencias por redes sociales. Pero hasta ahí llegan. ¿No hay manera de parar estos asesinatos? Pareciera que no. El próximo 1 de julio serán elegidos en México el Presidente, el Congreso de la Unión y otros 18 mil cargos estatales y municipales.

¿Cuántos muertos más? No lo sabemos y eso quizá sea lo más escalofriante. Cualquier candidata puede ser emboscada. Cualquier posible alcalde puede ser asesinado a sangre fría. Cuesta trabajo pensar que en los países con democracias más sólidas pudieran pasar estas cosas sin que se provocara un gran problema social.

Imaginemos, solo por un momento, que esto aconteciera en Estados Unidos o en Canadá, nuestros vecinos y todavía socios comerciales a pesar de Donald Trump. Difícilmente la gente y, las propias autoridades, permitirán ver cómo caen muertos 112 candidatos y candidatas.

De lamentos, condolencias y exigencias están llenos los medios de comunicación. Las elecciones del próximo 1 de julio serán las más competidas en muchas décadas, pero los niveles de violencia registrados no tienen comparación alguna. Quienes ordenan esas ejecuciones estarán tranquilos de que su venganza o su mensaje llegó a “buen puerto”, los partidos encontrarán remplazos como quien cambia una ficha de dominó mal jugada y las autoridades seguirán lanzando lamentos y, sobre todo, sus enérgicas condenas.

Impresiona también como los candidatos presidenciales pasan de lado ante esta grave situación. Desde la comodidad de sus templetes, lanzan condenas contra la violencia, piden aclarar los casos sabedores de que no pasará absolutamente nada. Probablemente veremos caer más candidatas y la historia será la misma. Lo absurdo en esto han sido los llamados a la no violencia. ¿En verdad eso le importa al crimen organizado?  Ingenuo es pensar que con ello bastará: ¿a quiénes quieren engañar?

 

No me doblan ataques de Peña Nieto: Ricardo Anaya

Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, aseguró que no lo doblarán los ataques y la guerra sucia orquestada por el presidente Enrique Peña Nieto, a quien acusó estar detrás del video donde revela Juan Barreiro Castañeada como lavaron dinero para la campaña del panista.

“No me va a doblar. No me voy a rendir, vamos a ganar. México va a cambiar”, dijo en un video lanzado por el aspirante por el aspirante de la coalición Por México al Frente.

El panista dijo que el contenido de ese video es totalmente falso, así como es una estrategia orquestada por el gobierno del presidente Peña Nieto para dañar mi candidatura.

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“Me atacan porque antier, en la Ibero, dije con toda claridad que Enrique Peña Nieto es corrupto y repetí que cuando yo sea Presidente, sí me encargaré de que enfrente la justicia y, de resultar culpable, vaya a la cárcel”, manifestó Ricardo Anaya.

El video explica que Juan Barreiro Castañeda, hermano del financista de Ricardo Anaya, reveló a empresarios argentinos como ayudaron al candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a lavar dinero para su campaña, así como les dio información privilegiada para construir parques industriales en Querétaro.

“Se hizo algo para hacerle llegar dinero en cuanto a unas bodegas”, explicó el hermano de Manuel Barreiro, quien fue acusado de ayudar Ricardo Anaya a mover 54 millones de pesos a través de paraísos fiscales por la venta de una nave industrial construida en Querétaro.

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“Se le metió muchísimo dinero ahorita para que gane”, contó uno de los hermanos del empresario queretano, quien se encuentra viviendo en Canadá por las investigaciones de lavado de dinero.

Anaya Cortés comentó que lo atacan, porque denunció que Enrique Peña Nieto y López Obrador ya pactaron.

“Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy el único que le puede ganar, y a cambio, López Obrador ya se comprometió a perdonarle todo, como ya inclusive lo dijo públicamente”.

El panista agregó que la guerra sucia en su contra ya no va a parar de aquí hasta el día de la elección: “A ti, mexicana y mexicano, te pido: no les creas”.

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El INE, una institución poco comprendida

En 1977, después de una elección presidencial de un solo candidato que complicaba el panorama de justificación democrática al partido gobernante, PRI, el Secretario de Gobernación del gobierno de López Portillo, Jesús Reyes Heroles, desarrollo una reforma política que organizaba de manera sistemática la participación de partidos de oposición en las contiendas electorales, sintetizada en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE) que contemplaba la creación de un colegio electoral, habría la posibilidad de registro a partidos a los que se había negado tal posibilidad (el PRI, en una maniobra por mantener el control de elecciones había abierto el registro a dos partidos de oposición ‘a modo’, el partido auténtico de la revolución mexicana, PARM, y el partido popular socialista, PPS, ambos satélites del gobierno), autorizaba coaliciones, ordenaba distribución de tiempos aire en radio y televisión para todos los partidos registrados y creaba el nuevo modelo de representación proporcional -los famosos plurinominales– que pretendía balancear el juego de poder en una nueva cámara de diputados que pasaba de 186 a 400, de los cuales 100 serían plurinominales. Es decir, 100 diputados elegidos no por voto de mayoría -voto directo-, sino por el porcentaje de votos obtenidos por los candidatos en campaña, triunfos de mayoría, que deberían ser menos de 60 para poder recibir el beneficio de la plurinominalidad. Aunque aparentemente con ello se equilibraban los juegos de poder en la cámara de diputados, en realidad la estrategia política de Reyes Heroles fue crear una conveniente fragmentación en la oposición disfrazada de apertura democrática. Al otorgar facilidades para que se registraran nuevos competidores políticos en forma de partido, siempre y cuando demostraran más de cuatro años de ‘actividad política sostenida’ y representaran ‘una corriente política definida’. Así, entre 1979 y 1985 obtuvieron su registro el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Partido Mexicano de los Trabajadores. Estos partidos, sumados a los ya mencionados PARM y PPPS, y el de mayor oposición y peligro para el establishment PAN, quedaban atrapados en un nuevo juego político que dispersaba la potencial fuerza acumulada de oposición en un contrapeso real único, al fragmentar la oposición en múltiples instituciones políticas que, seducidas por la atracción financiera, ahora tendrían acceso a ‘prerrogativas’ -recursos financieros para su operación y gastos de campaña disfrazados de excepción de impuestos, y presupuestos para materiales de trabajo y operación- tanto en proceso electoral como fuera del mismo. Sin perder el control gubernamental de los procesos electorales, pues la máxima autoridad en la materia seguiría siendo el propio gobierno a través de la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaria de Gobernación, la estrategia de pulverización de las fuerzas políticas reales de oposición rendiría sus primeros frutos en las elecciones intermedias de 1979 y la presidencial de 1982.

La funcionalidad de la Reforma Política de Reyes Heroles de 1977 alcanzo hasta la elección presidencial de 1988 cuando el crecimiento paulatino de fuerzas de oposición rompieron la estructura aun en control del gobierno federal, cuando la figura del secretario de gobernación declaro la caída del sistema de resultados entre sospechas estridentes de una competencia cerrada en los resultados que se tardaron demasiado tiempo en anunciarse. Caída del sistema a la que, por cierto, meses después, en entrevista a Jacobo Zabludovsky, el Presidente Miguel de la Madrid se referiría como silencio, pues en cadena nacional aclaraba a Zabludovsky que el sistema se había callado, no caído. Esas puntadas, más la dificultad para presentar un resultado creíble, llevaron a la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) a partir de modificaciones constitucionales que dieron origen, el 11 de octubre de 1990 al Instituto Federal Electoral que, si bien mantenía el control el gobierno a través de la presidencia del consejo general que ocuparía el secretario de gobernación en turno, sustituía a la Comisión Federal Electoral dando entrada a representantes de partidos políticos al consejo general. En 1994 se modificaron los estatutos de los consejeros, hasta entonces representantes del poder judicial -consejeros magistrados- para crear la representación de la sociedad en la figura de consejeros ciudadanos, primero, y más tarde consejeros electorales, como hasta el día de hoy. En 1996 y en continua reformación para adecuarse a la actualidad de la competencia política, la presidencia del IFE dejo de ser una atribución de la secretaria de gobernación y paso a ocuparla un ciudadano, sin en teoría ser representante de ningún partido político, y elegido por dos terceras partes de la cámara de diputados de entre una selección de candidatos representando la sociedad civil. Con el fin de evitar la ‘contaminación’ de los partidos políticos en su búsqueda de recursos, a partir de ese 1996 la administración de prerrogativas -los recursos para operar y para participar en procesos electorales- se fue incrementando hasta llegar a la última reforma, consecuencia del ‘pacto por México’ que da pie a la transformación del IFE a INE, Instituto Nacional Electoral a partir del 4 de abril de 2014.

Si bien bajo la inteligencia sobresaliente de Reyes Heroles la reforma política que pretendía desmantelar la oposición a través del famoso ‘divide y vencerás’ logro su objetivo, debido a la irresponsable y desastrosa administración de López Portillo, que llevo a México a la segunda gran crisis financiera en menos de 6 años bajo gobiernos del PRI, no pudo contener el creciente descontento que formo cuadros naturales de oposición que, aunados a la oposición al interior del propio PRI en el proceso de selección de candidato para la presidencia en 1987, se reforzaron abriendo la lucha política hasta literalmente forzar a la ciudadanización del colegio electoral que, debido a los abusos sistemáticos del gobierno en el manejo de los procesos electorales y la consecuente información, era la única forma de dar credibilidad a las elecciones. Sin embargo, el triunfo de una oposición intelectual y responsable que inicio brillante y esperanzadoramente el trabajo civil en la organización de la nueva democracia para el siglo XXI, no pudo escapar del germen planteado desde su nacimiento, el nacimiento del IFE, del INE, el germen de la fragmentación política que tuvo más peso que todas las reformas y, con un presupuesto de más de 30,000 millones de pesos que, con la reforma de 2014 da atribución total al INE para la administración y manejo presupuestal de todas, repito, todas las elecciones federales, estatales y municipales, eliminando la autonomía de los institutos estatales, centralizando el poder total, financiero y organización en el consejo general del INE, convirtió la actividad electoral en nuevo rehén de los intereses económicos de políticos que encontraron en la esencia de aquella reforma de 1977 la naturaleza que hoy ha creado un organismo que paraliza la competencia de ideas, ha detenido el dinamismo ideológico de la necesaria propaganda partidista, y, sin tomar en cuenta los nuevos medios por los cuales la sociedad ha entrado en una etapa más abierta y consiente de la necesidad de dialogo político, se ha establecido como una inquisición cuyo poder destruye la posibilidad de elecciones libres.

Con la concentración del poder financiero total en todo lo referente a elecciones -presupuesto de partidos políticos, presupuesto de materiales de trabajo, de campaña, de sueldos y salarios de funcionarios electorales a nivel nacional- y con la concentración de poder político para calificar o descalificar el comportamiento y acciones de partidos políticos, candidatos, precandidatos, medios de comunicación, prensa, funcionarios de gobierno de todos los niveles, y ciudadanos en general, el INE se ha convertido en una estructura monolítica que no solo ha afectado la distribución local de recursos en procesos electorales (en el pasado, los Institutos Electorales Estatales manejaban el presupuesto de contratación de insumos para procesos electorales -papelería, mantas, lonas, artículos promocionales de campaña, de promoción del voto, etc- así como para la contratación de espacios locales en radio, televisión y prensa escrita, con ello beneficiando las economías locales) centralizando la decisión de compra, sino también ha provocado una parálisis de la actividad proselitista de los actores políticos, con ello impidiendo la auténtica contienda de propuestas de gobierno y de las distintas ideologías representadas, en beneficio del poder fáctico de gobierno.

Con un poder actual que sobrepasa incluso las discretas y sofisticadas estrategias de control escondidas en la reforma original de 1977, como lo comentamos hace una semana respecto al fuero, la propia existencia del INE en el contexto de 2017 debería estar en revisión. Las prioridades de supervisión y cuidado de los abusos del gobierno en beneficio de la conservación de poder se han pervertido, y el cuidado sobre el comportamiento de partidos políticos dentro y fuera de campaña se han desviado de su objetivo. Más que cuidar el limpio desempeño de participantes en procesos electorales, pareciera que el INE ha encontrado la forma de institucionalizar la trampa. Las acciones consecuentes a los procesos electorales pasados en Coahuila y en el Estado de México, son la muestra más clara.

La propuesta de un Frente Amplio Opositor es por fin la reacción de fondo, 40 años después, a la lógica de fragmentación de la oposición del gobierno federal. Para poder hacerse realidad, tendrá, primero que nada, transformar o eliminar a la institución que ha avalado históricamente esa fragmentación y que de hecho vive de ella, el INE.

 

Anaya va contra contratistas y políticos

Ricardo Anaya Cortés, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, anunció que combatirá al crimen organizado y la colusión de los políticos coludidos y los contratistas de obra pública, ya que se enriquecen y provocan la muerte de los mexicanos.

“Yo voy a combatir el crimen organizado, pero empezando por el organizado desde el escrito de los políticos corruptos que coludidos con contratistas saquean el erario y se enriquecen en la misma medida en que empobrecen al pueblo”, dijo el panista.

Se requiere acabar con tumores como la corrupción, desigualdad y violencia, que aquejan a todos los mexicanos y más cuando se sabe que “la corrupción mata”, manifestó durante su toma de protesta como candidato del Frente Por México.

“Yo si voy a terminar con el pacto de impunidad, no habrá venganza, pero el que la hizo la va a pagar”, tiró el hombre, quien llegó a la función pública como subsecretario de Turismo por invitación de ex presidente de Felipe Calderón.

La mañana del 12 de julio de 2017, Juan Mena Ruiz y su hijo Juan Mena Romero salieron muy temprano a trabajar como lo hacen millones de mexicanos en el país, contó ante unos 10 mil integrantes del Frente.

“A la 5 de la mañana cuando circulaban por el nuevo libramiento de  Cuernavaca, cuando al asfalto bajo las ruedas del automóvil literalmente se lo tragó la tierra. Ese libramiento había sido inaugurado apenas tres meses antes”, describió el joven candidato, quien es puesto por las encuestas como el segundo con más posibilidades de ganar las elecciones.

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Para eludir la responsabilidad los del gobierno le echaron la culpa a las lluvias: “No fueron las lluvias que provocaron el socavón que acabó con las vida de estos dos mexicanos; padre e hijo, fue la corrupción de una obra mal planeada y mal ejecutada”, expresó Anaya Cortés.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza ofreció un apoyo a la familia por el “mal rato que pasaron” las familiares de los fallecidos.

“Ruiz Esparza fue investigado, perdió su puesto: ¿Dónde está hoy Ruiz Esparza? Está buscando fuero, detrás de una candidatura del PRI”, expuso.

“Si alguien da una muestra de negligencia como (el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca), si alguien muestra semejante nivel de insensibilidad esa persona de inmediato dejará su cargo”, dijo el político oriundo de Querétaro.

Aclaró que México si necesita un nuevo aeropuerto, pero no necesita más negocios ni más corrupción al amparo del poder.

“Vamos a terminar el nuevo aeropuerto y vamos aplicar los parámetros más elevados en materia de transparencia y rendición de cuentas”, cerró el ex presidente del PAN.

Ricardo Anaya es el candidato del Frente Por México.

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