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Judicializarán a Odebrecht antes del 1 de diciembre: PGR

Antes de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto se judicializará a Odebrecht, la constructora brasileña que pagó sobornos para hacerse de obra púbica en varios países de América Latina y Estados Unidos, informó la a Procuraduría General de la República (PGR).

“La investigación sobre Odebrecht no está congelada, y que en cuestión de semanas, el caso ya estará en los juzgados”, aseguró Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR.

Odebrecht creó una estructura financiera secreta para desembolsar “propinas” en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y México, según la investigación el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Establecida formalmente como la División de Operaciones Estructuradas, esta oficina pagó aproximadamente 10.5 millones de dólares en sobornos a oficiales mexicanos para asegurar contratos públicos. Como resultado de este esquema de corrupción Odebrecht ganó más de 39 millones de dólares en este país, de acuerdo las autoridades estadounidenses.

Entre los directos señalados de haber recibido los sobornos están Emilio  Lozoya Austín, ex director general de Pemex, así como otros subdirectores que dejaron de trabajar en la empresa productiva del estado vía la jubilación o el retiro.

El encargado de despacho de la PGR, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, expresó que “parecería que, como no hemos llegado a un acuerdo reparatorio, Brasil nos retrasa la información sobre el caso Odebrecht”.

“Estamos buscando que Odebrecht repare el daño con el doble de lo defraudado y que se les inhabilite y no vuelvan a trabajar en México. Si no quieren que judicialicemos el caso y vayamos a la vía penal, deben aceptar el acuerdo”, agregó Elías Beltrán.

 

 

 

Presunto narcotraficante da dinero al PRI

Uno de los donativos a partidos políticos en las elecciones de 2018 que hace ruido entre los cientos de celdas de excel: Son los 4 mil 500 pesos aportados por Sidronio Torres Garibay, quien se registró en la lista a diputados federal por el PRI en Michoacán y en su momento fue extraditado por lavar dinero a Estados Unidos (EU).

Torres Garibay, delegado en Michoacán del Sindicato Nacional de la Sección XIX de la CTM, fue extraditado el el 17 de Junio de 2010 por la Procuraduría General del de República (PGR) a EU, luego de que fuera acusado por delitos de asociación delictuosa y contra la salud ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York.

El michoacano “formó parte de una organización delictiva dedicada al narcotráfico, siendo el encargado de recabar grandes cantidades de dinero en dólares americanos que representaban las ganancias de las ventas de cocaína en Nueva York y otros lugares de la unión americana”, de acuerdo con el Cuarto Informe de Labores de la PGR.

Según el documento presentado por el procurador durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, es importante mencionar que el dinero era transportado por mujeres llamadas mensajeras.

Torre Garibay fue juzgado en EU, pasó 36 meses en la cárcel y salió de prisión, gracias a que el sistema estadounidense obliga a las grandes firmas privadas de abogados a hacer labor de ayuda cada dos o tres años. A él le tocó trabajar con la comunidad judía, después probó su inocencia con cartas y testimonios.

A su regreso a México se dedicó a ayudar a los migrantes deportados a través de organizaciones civiles en Michoacán, así como está en el activismo político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien lo bloqueó el sueño de despachar desde la Cámara de Diputados.

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El dinero de Sidronio fue registrado como una cuota ordinaria y extraordinaria, que realizaron unos 300 militantes del PRI, entre los que destacan senadores, diputados y otras personajes públicos, revela una  una base de datos analizada por Rock 101.

El PRI captó unos 3 millones 364 mil 438 pesos por parte de militantes de enero a marzo de 2018, señala el documento en excel del partido político a cargo de René Juárez Cisneros.

“Me permito hacer de su conocimiento que este Instituto Polìtico ha determinado que los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados”, informa Florencio Valladares Zambrano,  subsecretario de Finanzas del CEN del PRI.

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El representante del PRI dice que también recibiría las aportaciones voluntarias y personales de los precandidatos y candidatos, que aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas.

Un militante puede hacer aportar una cuota ordinaria y extraordinaria como mínimo un peso hasta un millón 600 pesos como máximo, así como un candidato a diputado, precandidato o candidato a senador o presidente puede dar desde un peso hasta un millón 40 mil pesos, señala el documento firmado por Valladares Zambrano.

 

PGR protege a César Duarte

La Procuraduría General de la República (PGR) protege a César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, porque no lo acusa del lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado que dañaron al patrimonio del estado, advierte Jaime García Chávez, fundador de Unión Ciudadana.

“Es evidente que la PGR y su Unidad de Análisis Financiero están cometiendo un atentado en contra de las leyes que están vigentes, así como en contra de un sumario donde están acreditados un conjunto de delitos escandalosos de corrupción”, cuenta el activista a Rock 101.

La sociedad civil y los ciudadanos de Chihuahua continuarán dando la batalla y no nos vamos a dejar ni a doblegar ante las determinaciones de la PGR, manifiesta el hombre, quien denunció hace 3 años y medio a César Duarte.

“Vengo a presentar formal denuncia por peculado, ejercicio abusivo de funciones, enriquecimiento ilícito, uso indebido de atribuciones y facultades en perjuicio del patrimonio de Chihuahua cometidos por el (ex) gobernador César Horacio Duarte Jáquez, Jaime Ramón Herrera Corral, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga”, revela la querella interpuesta por Jaime García Chávez.

García Chávez cuenta en la denuncia que César Horacio Duarte Jáquez y su esposa Bertha Olga Gómez Fong pagaron 65 millones de pesos para quedarse con el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua.

Esa operación levantó sospechas de la existencia de enriquecimiento ilícito por parte del ex gobernador de Chihuahua, quien hace unos años vendía automóviles usados, fue dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), diputado local dos años y diputado federal dos ocasiones. Con ese historial de vida le dio tiempo para amasar una fortuna.

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Jaime García Chávez recibió un oficio donde la PGR le comunicó que no dictaba acción penal contra el exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez por el presunto desvío de recursos públicos a través del banco Unión Progreso, y tampoco lo hará contra el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, por enriquecimiento ilícito.

“Me siento indignado (por la resolución adoptada por la PGR), porque no nos satisface la resolución y la vamos a combatir en términos jurídicos y políticos”, expresa

—¿La PGR protege a César Duarte, quien es señalado de corrupción?—, se le cuestiona a Jaime García Chávez.

Sí. Desde luego que ellos lo han venido protegiendo desde hace tiempo; mi denuncia tiene 3 años y medio y hasta ahora quieren desechar los delitos de orden federal. Obvio que no pueden disponer de los delitos del orden local.

Las relación entre los delitos locales y federales son claros y contundentes, lanza.

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“La trama principal del expediente abierto es la pretensión de crear un banco con recursos públicos con un fondo de 65 millones de pesos, que César Duarte jamás logró aclarar cómo los obtuvo, lo que nos llevaría a pensar que usó recursos del erario público o lavó el dinero”, recuerda.

Aún no se decreta el carpetazo por parte de la PGR, porque estamos en un período de 15 días para hacer observaciones finales y el expediente queda en manos del Procurador para determinar si se ejercita acción penal: “Se debe ejercitar la acción penal por los delitos vinculados a la creación del Banco Progreso”.

César Duarte soñó con ser banquero.

El estratega de la creación del Banco Progreso fue Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda y Crédito Público, comenta el activista, quien narra que César Duarte desde que andaba en campaña soñó con ser banquero. Ese sueño se truncó y frenó, gracias a que acabó su gobierno y entró la administración del panista, Javier Corral Jurado.

Mientras se realizaba el despido de mil 500 servidores públicos en Chihuahua, la Secretaría de Hacienda Estatal invirtió a plazo en la Unión de Crédito Progreso, con vencimiento de fecha 1 de octubre de 2013, la cantidad de 802 millones de pesos, 0 a una tasa anual de 3.95 por ciento.

La inversión realizada en la Unión de Crédito fue por instrucciones del gobernador e implementado por el secretario de Hacienda para la adquisición de un crédito que Scotiabank tenía contra el deudor Hotel Soberano. A partir de dicha compra, el hotel pasó a ser patrimonio de la Unión de Crédito Progreso.

Jaime Ramón Herrera Corral, ex secretario de Hacienda del gobierno de César Duarte, hizo depósitos millonarios para darle la apariencia de un banco y creemos que los delitos bancarios que se cometieron no se pueden dispensar olímpicamente así como lo hace la PGR“, concluye.

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Cuando el interés público poco importa

“La decisión de quién será el próximo presidente de México le corresponde exclusivamente a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos”, dice una carta enviada a Peña Nieto por unos 60 politólogos, escritores, periodistas, académicos e intelectuales a propósito de la postura asumida por la Procuraduría General de la República respecto a la investigación sobre el supuesto lavado de dinero en el cual se habría visto involucrado Ricardo Anaya, el candidato presidencial de la alianza Por México al Frente.

En la misiva, publicada hace unos días,  exigen a Peña Nieto dejar de usar el aparato estatal para acometer contra uno de los aspirantes a sucederlo. En un lenguaje menos formal le dijeron; así no, Presidente.

Las críticas contra el Gobierno por difundir parte de una investigación que debería mantenerse bajo secreto, ha provocado una crisis dentro de la PGR. Quienes toman las decisiones ahí dentro argumentaron que lo hicieron por “interés público”. Lo increíble en esta decisión, es que hay muchos otros casos cargados con ese mismo interés público de los cuales no se sabe absolutamente nada.

Un ejemplo: hace dos semanas, el juez brasileño Sergio Moro recibió información sobre el caso Odebrecht en la cual apareció México. Esta es la primera vez que la Fiscalía –equivalente a la PGR– pone en sus manos expedientes en los cuales se detalla cómo ese poderoso grupo constructor pagó sobornos en nuestro país estimados, por lo menos, en 10.5 millones de dólares.

Hasta el momento, todo había quedado a nivel de la Fiscalía. Ahí fue donde el ex director de Odebrecht en México, Luis de Meneses Weyll, explicó cómo entregaron cinco millones de dólares a Emilio Lozoya en el año 2012 quien –desde su perspectiva– tenía posibilidades de ocupar un puesto importante en el Gobierno Peña Nieto. En ese momento, él ya les había ayudado para algunos negocios en Pemex, de acuerdo con un video difundido en diciembre pasado por El Quinto Elemento Lab. Lozoya formó parte del equipo de campaña del ahora Presidente y, posteriormente, fue nombrado director de Pemex.

La etapa de investigaciones emprendida por la Fiscalía brasileña sobre cómo Odebrecht hizo otra serie de pagos ilegales fuera de ese país ha concluido.  ¿Qué hará Moro? Muy poco o, mejor dicho, nada: su papel en esta historia ha sido únicamente sobre Brasil. Y así seguirá, no puede hacer otra cosa, por ley.  Hasta el momento, ha impuesto alrededor de 118 sentencias condenatorias dentro del caso Lava Jato –incluidos los tentáculos de Odebrecht–.  Una de ellas contra el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Y lo mismo hará sobre estos nuevos expedientes; emitirá sentencias sobre lo sucedido en Brasil. Moro podría imponer alguna pena al ex director de la constructora en México, Luis Weyll, y quizá también agregar algo contra Luiz Mameri, otro de los altos ejecutivos quien previamente había aportado información sobre los presuntos pagos a Emilio Lozoya.

¿Por qué Moro no puede hacer algo sobre México? No solo es por ley, también hay una razón de fondo: el 17 de febrero de 2017, fiscales de 11 países fueron a Brasil para participar en una cumbre sobre el caso Odebrecht. Ahí, se comprometieron a intercambiar información y trabajar juntos. A esa cita acudió el entonces procurador mexicano, Raúl Cervantes.

Poco se sabe de esto, pero a partir de ese momento, los países involucrados tenían seis meses para decidir si aceptaban o no, la propuesta de Brasil. El trato consistía en lo siguiente: podemos darles los documentos y los testimonios de los delatores a cambio de que los ejecutivos confesos y la propia empresa no sean juzgados fuera de territorio brasileño.

¿México aceptó esas condiciones para tener la confesión de Luis Weyll? La PGR, ni con el propio Raúl Cervantes y tampoco ahora con Alberto Díaz Beltrán, han informado cuál fue la postura de nuestro país. Los seis meses para aceptar las condiciones de Brasil terminaron en agosto pasado.

Lo que ha podido filtrarse y deducirse es que México decidió emprender su propia investigación. Es decir, tendrá que ir a buscar a los delatores por su cuenta. De hecho, ya hicieron algunas diligencias como fue una entrevista por más de cinco horas con Marcelo Odebrecht, el dueño de la compañía. Habrá que esperar si confesaron lo mismo. Pero eso debería estar dentro de la investigación ya concluida, según lo dijo Raúl Cervantes antes de renunciar a la PGR.

Hace unos días, la PGR puso por delante “el interés público” para dar a conocer el video del candidato presidencial  Ricardo Anaya cuando acudió a presentar un escrito ante la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). ¿Y no es de interés público del caso Odebrecht? ¿Por qué rechazaron el trato con Brasil ante el caso de corrupción más grande en América Latina? ¿No es de interés público saber por qué la investigación esta guardada?  Y lo peor ha sido que, el mismo encargado del despacho en la PGR, Díaz Beltrán, fue quien dirigió las indagatorias del caso Odebrech en tiempos de Raúl Cervantes.

 

PGR persigue a opositores como en régimen autoritario

La Procuraduría General de la República (PGR) provocó que México se asemeje a los gobiernos de regímenes autoritarios, quienes usan su aparato judicial para perseguir a sus líderes de la oposición, advierten unos 60 escritores, analistas, directores de organizaciones civiles y empresarios.

“El uso de la PGR para perseguir a un líder de la oposición, pone a México junto a países con regímenes autoritarios  democracias totalmente disfuncionales”, señalan los intelectuales.

Según la carta publicada en la revista Letras Libres, el uso del Ministerio Público federal para perjudicar al candidato presidencial del Frente Por México, Ricardo Anaya, erosiona aún más a las instituciones que encarnan la autoridad del Estado mexicano.

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Claudio X. González Guajardo, Emilio Álvarez Icaza, Jorge Castañeda, Hector Aguilar Camín, entre otros firmantes, expresan que  si hay pruebas contundentes sobre la responsabilidad legal de Ricardo Anaya exhortamos a que la autoridad ministerial proceda en consecuencia, afirma la misiva publicada por la revista Letras Libres.

Ante la falta de autonomía del Ministerio Público federal, usted presidente Peña Nieto es la máxima autoridad responsable de este proceso.

En 2005, el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador abrió brechas de polarización en la sociedad, que aún dividen y lastiman la convivencia social en nuestro país.

“Las personas que firmamos esta exigencia tenemos filiaciones políticas diversas y plurales. Por lo cual este posicionamiento no implica de ninguna manera un apoyo a la candidatura de Ricardo Anaya sino una preocupación fundada en el uso del poder del Estado para incidir en el destino de los comicios. La decisión de quién será el próximo presidente de México le corresponde exclusivamente a las y los ciudadanos mexicanos”, cierra la misiva de los intelectuales.

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Enrique Peña debe sacar las manos de las elecciones

Ricardo Anaya Cortés, candidato de la Coalición Por México al Frente, exigió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto sacar de las campañas sacar las manos, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) buscan vincularlo a una investigación de lavado de dinero.

“Saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo de México elija en completa libertad”, manifestó el ex presidente del PAN, quien estuvo acompañado en primera fila por el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato del PRI asesinado en marzo de 1994.

El político queretano hizo hincapié a los brutales ataques de los que ha sido blanco por parte del gobierno federal para intentar sacarlo de la elección presidencial de julio de 2018.

“Esto implica una grave amenaza a la democracia. Hoy es contra mí, mañana puede ser en contra de otro candidato o candidata o ciudadano opositor al régimen y esto no lo debemos permitir”, dijo el hombre, quien tuvo el respaldo de los dirigentes nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Damián Zepeda Vidales, Manuel Granados y Dante Delgado.

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Desde hace un par de semana Ricardo Anaya fue vinculado con Manuel Barreiro Castañeda, quien le ayudó a Ricardo Anaya a mover 54 millones de pesos a través de paraísos fiscales, según el abogado Adrián Xamán McGregor.

Xamán McGregor afirmó que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N” fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y 2017, para lavar dinero y entregárselo a una Ricardo Anaya.

Manuel Barreiro apoyó al candidato de la coalición Por México al Frente para la triangulación de recursos por 54 millones de pesos a beneficio de la empresa propiedad de Anaya y su familia política. Y desde hace unos meses, los defendidos por MacGregor han sentido presión por parte de las partes involucradas.

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Ricardo Anaya explicó que tiene muy clara la razón de los ataques de los que ha sido blanco: porque públicamente se ha comprometido a romper el pacto de impunidad y castigar la corrupción, mientras que López Obrador ya prometió perdonar a Enrique Peña Nieto y a todos sus colaboradores.

“Mientras no haya consecuencias no se va a acabar el problema de corrupción. Y los señalamientos de corrupción a este gobierno son muy graves, empezando por el escándalo de la Casa Blanca, los casos de Odebrecht, el socavón, la estafa maestra, los desvíos millonarios de Rosario Robles y José Antonio Meade en Sedesol, entre muchos otros”, enfatizó tras reiterar su compromiso de consolidar una fiscalía autónoma y apartidista.

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La absurda comedia que habla de corrupción

En México no hay fiscal anticorrupción y, lo peor, es que no lo habrá hasta después de la elección presidencial. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos y la respuesta sería fácil: porque así lo decidieron los senadores.  En una reciente entrevista en televisión escuche el priista Emilio Gamboa mencionar esto como si se tratara de un padre bondadoso aleja a sus hijos de algo peligroso, de una sustancia que los podría contaminar. Él y sus compañeros piensan que lo mejor para los ciudadanos es no meternos en un tema árido y quizá hasta controvertido en medio de una elección presidencial. Somos quienes pagan su sueldo y no atienden una de las necesidades más urgentes para este país: el combate a la corrupción.

El último estudio de Transparencia Internacional ha sido como una cubetada de agua helada sobre la espalda respecto a este tema. En el índice que mide percepción sobre la corrupción México ocupó el lugar 135 entre 180 naciones medidas. De 10 puntos posibles, nuestro país obtuvo una calificación de 2.9. México es el peor país entre los miembros de la OCDE. México tiene la calificación más baja dentro del G-20.

De hecho, México nunca ha obtenido una calificación mínima aprobatoria de 6. Aún más, en los registros históricos de Transparencia Internacional jamás hemos llegado, por lo menos, a 4 de los 10 puntos posibles.

Lo terrible en esta absurda comedia será desde las precampañas y seguramente a lo largo de las campañas presidenciales en este 2018, el tema de la corrupción estará a discusión permanentemente; algunos lo harán para atacar al rival, otros para colgarse una medalla en transparencia y, los menos, para propuestas concretas.

Llegamos a una elección presidencial en un país donde la corrupción sistémica, es que se anida en el poder sin importar ideologías ni siglas partidistas, es un tema que debe postergarse. Y lo peor es que, quienes lo deciden, nunca lo consultaron la gente.  El asunto puede tornarse peor si pensamos que al momento de votar no sabremos qué pasó en México con el caso Odebrecht porque el expediente está guardado en alguna gaveta de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los ciudadanos cruzaremos la boleta a favor de cualquier candidato sin que los legisladores de los partidos nos dieran un fiscal anticorrupción. En México se han creado decenas de leyes y reglamentos para combatir este cáncer, y también nació el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Alguien podría decir que la Auditoría Superior de la Federación ahora ha dado mejores resultados. Sin embargo, es evidente que algo está muy mal. Seguimos con calificaciones reprobatorias en el índice de Transparencia Internacional.

Los candidatos y sus equipos están perdidos en esto. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, asume que esta batalla se ganará con el ejemplo, con una especie de clase de moral desde Los Pinos. Ojalá fuera tan sencillo,  claro está que los países con calificaciones de 10 –la mayoría nórdicos- no diseñaron sus sistema anticorrupción con ganas, coraje y buena voluntad. Se necesitan programas, instituciones, mecanismos para castigar la corrupción. No se trata de instituciones autónomas, sino independientes, dos conceptos distintos.

 

 

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