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La oscura historia de los fondos de transición presidencial

Los 150 millones de pesos del fondo de transición presidencial representan la primera gran oportunidad que tendrá Andrés Manuel López Obrador para demostrar que la transparencia y la rendición de cuentas no serán un problema durante su Gobierno.

Ese dinero –unos 7.5 millones de dólares- quedarán a su disposición dentro de un fideicomiso público abierto en Banjército, en cuanto tenga entre sus manos la constancia de mayoría que deberá entregarle el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Tras su encuentro con Peña Nieto en Palacio Nacional, López Obrador comentó que, sobre ese fondo de transición, quizá podrían usar algo de dinero para proyectos del nuevo gobierno. No dijo más, ni adelanto algo en concreto. Sin embargo, sería indispensable conocer cómo piensa rendir cuentas, él junto con su equipo, de los recursos públicos a su disposición, sobre todo, porque desde que se tiene noticia de esas cuentas bancarias, ha existido un legado de dispendio y corrupción.

En julio del año 2000, cuando Vicente Fox sacó por primera vez al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la residencia oficial de Los Pinos, el fondo de transición presidencial se transformó en una caja chica, peor aún, en una dote del poder: el Presidente saliente dejaba una bolsa de dinero al sucesor la cual podría usarla a su conveniencia. No existían reglas y, por supuesto, tampoco había necesidad comprobar un solo peso.

El ex Presidente Ernesto Zedillo ordenó que se depositaran al menos 20 millones de pesos en una cuenta privada, abierta en Inbursa, a nombre de Vicente Fox.

Como se trató de una cuenta en un banco privado, abierta a nombre de un particular, no había manera de transparentar el destino de ese dinero, aunque proviniera de las arcas públicas. Fox y Marta Sahagún dispusieron de ese dinero a discreción.

Cuando llegaron las primeras solicitudes de acceso a la información a la secretaría de Hacienda sobre el fondo de transición presidencial en el año 2000, la primera reacción fue negar su existencia, pero tras la intervención del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) –ahora INAI- admitieron que 20 millones de pesos se fueron a una cuenta personal de Vicente Fox.

Lo terrible de este caso, fue que el propio ex mandatario dijo que no aclararía en qué gastó el dinero. Banco Inbursa le mandó una carta a Los Pinos, pidiendo autorización para abrir los estados de cuenta como lo pretendía el IFAI,  pero él lo rechazó.

Pero eso no fue todo. La Secretaría de Hacienda gastó 45 millones 264 mil pesos en sueldos de 360 personas quienes integraban el equipo foxista. En la nómina los metieron como “trabajadores eventuales” cuyos salarios llegaron hasta 463 mil 377 pesos por tan solo tres meses de labores. Algunos otros obtuvieron, en ese mismo lapso, 347 mil 532 pesos.

La controversia generada por la opacidad y la discrecionalidad del fondo de transición presidencial foxista provocó que la entonces presidenta del IFAI, María Marván Laborde, emitiera lineamientos para que no volviera a suceder lo mismo. Entre ellos, el más importante fue que el dinero debería depositarse en un fideicomiso público y no privado, con lo cual se abría la puerta para que, por medio de solicitudes de acceso a la información, se pudieran conocer los contratos, los montos, los sueldos y el tipo de servicios pagados. Además, Fox usó un avión del Estado Mayor Presidencial para sus giras al extranjero como Presidente electo y también para ir a descansar a su rancho los fines de semana.

El dinero usado por los foxistas nunca fue autorizado por la Cámara de Diputados por lo que la Secretaría de Hacienda, entonces encabezada por José Ángel Gurría, clasificó este gasto como un “donativo”.

Seis años después, el equipo de transición de Felipe Calderón contó con 150 millones de pesos, más del doble de lo manejado por los foxistas.  De esta bolsa, 130 millones de pesos serían para los calderonistas y 20 millones de pesos para el Estado Mayor Presidencial.  Es decir, en otras palabras, a los militares les dieron una partida extra sólo para encargarse de cuidar al futuro Presidente de México como si, en todo caso, no fuera parte de sus responsabilidades.

El dispendio no tuvo límites: los militares del Estado Mayor Presidencial cobraban cafés del Starbucks y chicles del Oxxo. Eso pudiera parecer una anécdota, algo chusco, pero en el fondo demostró que el dinero podía gastarse en lo que fuese, no había límites ni reglas.

Los grave estaba en los proveedores: las facturas indicaban que el Estado Mayor Presidencial compró huevo y carne, entre otros productos, en el mercado Martínez de la Torre, ubicado en los alrededores del barrio de Tepito. Eso no tendría nada de malo, sino fuera porque esos servicios no podían surtirse desde pequeños negocios.

De hecho, hubo algunos casos absurdos: en un pequeño comercio, en ese mismo mercado, los militares compraron  236 kilos de huevo en tres días. No es broma, eso se registró en las facturas del equipo de transición calderonista. Esto nunca fue sancionado, ninguna instancia oficial investigó algo. No pasó nada.

Aquí algunos de los gastos del equipo de transición de Felipe Calderón:

– 1 millón 350 mil pesos en restaurantes

– 44 mil pesos en ruedas de prensa

-129 mil pesos en edecanes, vallas para giras inexistentes y alimentos

-25 millones de pesos en oficinas, valet parking, seguridad privada, teléfonos móviles, flores para oficinas, banquetes y renta de camionetas blindadas.

Y eso no fue todo: alguien pidió estudios de imagen para Felipe Calderón, Margarita Zavala y sus tres hijos, que entonces eran unos niños. Los contratos fueron por 12 millones de pesos. En aquel tiempo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió  que se regresara ese dinero a las arcas públicas porque no tenía justificación alguna. Lo mismo sucedió con lo gastado para festejar el triunfo de Felipe Calderón en el Estadio Azul, en la ciudad de México.

Lo terrible es que no había reglas ni topes, como quedó plasmado en el libro La Corrupción Azul, editado por Penguin Random House Mondadori. Por ejemplo, en el equipo de transición calderonista se contrataron dos edecanes por 1,200 pesos la hora a la empresa Multinivel para los fiesta organizada tras la entrega de la constancia de mayoría por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Pero en las mismas facturas aparece una fecha distinta al día en el cual se entregó la constancia de mayoría. Además, Multinivel no aparecía en el registro público. Todo el equipo de Felipe Calderón cobró salarios de este fondo de transición presidencial.

Para el año 2012, se hizo un reglamento. Ya no era posible ni depositar el dinero en un fideicomiso privado ni dilapidarlo como hicieron Vicente Fox y Felipe Calderón. El equipo de transición del ganador de la elección presidencial de aquel año, Enrique Peña Nieto, también tuvo a su disposición 150 millones de pesos pero sólo podía usar ese dinero en actividades relacionadas con la preparación de los planes de gobierno, incluidos sueldos.

Según reportes  de la Auditoría Superior de la Federación, el equipo peñista contrató un ejército de 163 asesores con un costo aproximado de 20 millones de pesos .

De hecho, regresaron a las arcas públicas 131 millones de pesos. No obstante, no todo fueron cuentas claras: el Estado Mayor Presidencial compró un sistema de comunicación y gestión para quirófanos que costó 45.3 millones de pesos.

La ASF acusó al EMP de haber hecho ese contrato con un sobre precio de 255%  y, además, no existió razón alguna para usar el fondo de transición presidencial para un gasto de ese tipo.

Por esto es que López Obrador debería mostrar un talante distinto respecto a esta bolsa de recursos públicos la cual, por cierto, no existe en ninguna otra parte del mundo. Así como ha dicho que acabará con las pensiones de los ex presidentes ahora será el momento de enfrentarse a la realidad: rendir cuentas.

No únicamente para apretarse el cinturón y no derrochar como sus antecesores, también habría que montar un esquema para que los ciudadanos puedan ver en qué se gasta cada peso. Es decir, que no sean necesarias las solicitudes de acceso la información para enterarnos de alguna barbaridad o cualquier otra cosa.

 

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