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Judicializarán a Odebrecht antes del 1 de diciembre: PGR

Antes de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto se judicializará a Odebrecht, la constructora brasileña que pagó sobornos para hacerse de obra púbica en varios países de América Latina y Estados Unidos, informó la a Procuraduría General de la República (PGR).

“La investigación sobre Odebrecht no está congelada, y que en cuestión de semanas, el caso ya estará en los juzgados”, aseguró Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR.

Odebrecht creó una estructura financiera secreta para desembolsar “propinas” en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y México, según la investigación el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Establecida formalmente como la División de Operaciones Estructuradas, esta oficina pagó aproximadamente 10.5 millones de dólares en sobornos a oficiales mexicanos para asegurar contratos públicos. Como resultado de este esquema de corrupción Odebrecht ganó más de 39 millones de dólares en este país, de acuerdo las autoridades estadounidenses.

Entre los directos señalados de haber recibido los sobornos están Emilio  Lozoya Austín, ex director general de Pemex, así como otros subdirectores que dejaron de trabajar en la empresa productiva del estado vía la jubilación o el retiro.

El encargado de despacho de la PGR, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, expresó que “parecería que, como no hemos llegado a un acuerdo reparatorio, Brasil nos retrasa la información sobre el caso Odebrecht”.

“Estamos buscando que Odebrecht repare el daño con el doble de lo defraudado y que se les inhabilite y no vuelvan a trabajar en México. Si no quieren que judicialicemos el caso y vayamos a la vía penal, deben aceptar el acuerdo”, agregó Elías Beltrán.

 

 

 

Examinar contratos oficiales implicará revisar al gobierno de Peña

En sus primeros días como virtual Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dado los primeros pasos de lo que pretende ser un Gobierno austero y, sobre todo, encaminado a eliminar la corrupción del país, como él mismo lo ha asegurado. Entre las medidas anunciadas, sobre estas mismas líneas, podrían destacarse dos: revisar contratos y que las compras públicas sean únicamente concurso o licitación.

Desde la campaña, López Obrador afirmó que no haría una persecución política contra los personajes del actual Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. “La venganza no es lo mío”, repitió una y otra vez en mítines y entrevistas, incluso algunas de ellas transmitidas por televisión.

No obstante, sí habría una revisión al pasado: la asignación de contratos dentro del Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ha sido uno de los puntos clave de la corrupción.

López Obrador, aunque lo no quiera, tendrá que mirar hacia atrás como quien observa el retrovisor mientras avanza. Hay casos en los que difícilmente podrán hacerse a un lado. Quizá no para “vengarse”, pero sí para impartir justicia.

Una de las lecciones más grandes que dieron los electores a los políticos y candidatos –sin importar sus siglas o la ideología enarbolada- es que la propia corrupción así como la impunidad y, en general, la violencia o la ineficacia gubernamental se pagan en las urnas.

El PRI sufrió la peor derrota en su historia, entre otras razones, porque el Gobierno de Enrique Peña Nieto se transformó en una gran avestruz ante casos de corrupción cercanos a la residencia oficial de Los Pinos o  dentro del primer círculo del mandatario: metían la cabeza debajo de la tierra, dejando afuera el cuerpo.

La investigación periodística conocida como Capufeleaks fue un buen ejemplo de lo que sucedió. En mayo del 2018,  Raúl Olmos,  reportero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló cómo desde Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) se traficó con información confidencial para dar ventaja a un grupo de empresas interesadas en ganar licitaciones por un monto superior a los 770 millones de pesos –alrededor de 41.3 millones de dólares en ese momento-.

El tráfico de información confidencial sobre futuras construcciones y mantenimiento de autopistas emanaba desde la oficia del número dos en ese organismo público. Mauricio Sánchez Woodworth, director de infraestructura en CAPUFE filtró datos que estaban reservados por ley a un grupo de empresas para que pudieran competir en condiciones ventajosas en futuras licitaciones.

El único director de CAPUFE en este sexenio ha sido Benito Neme Sastre, quien presume una relación personal con Peña Nieto: son compadres por partida doble.  En septiembre del 2008, el entonces gobernador del estado de México bautizó a un hijo de Neme, y también en septiembre, pero de 2012, Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera apadrinaron a sus dos hijas, junto con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

En su primer discurso como el ganador de la reciente elección, López Obrador dijo lo siguiente: “bajo ninguna circunstancia, el próximo Presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño: sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Un buen juez por la casa empieza (…)”

Esto fue un mensaje claro para la nueva clase política pero aún no sabemos si medirá con el mismo rasero a los personajes cercanos a Peña Nieto. El caso Capufeleaks dejó al descubierto a un compadre del actual mandatario y, a cambio, solo reinó la impunidad. No hubo, por lo menos, un comunicado anunciado que abrirían una investigación; nada, absoluto silencio.

Esta impunidad ante casos tan evidentes fue uno de los resortes que sin duda impulsó a la gente a favor de López Obrador. La duda sería: ¿qué hará el virtual Presidente Electo con estos casos? ¿Los dejará impunes? Sería interesante que respondieran a preguntas específicas sobre casos concretos.

Él ya advirtió que no tolerará la corrupción ni el dispendio de recursos públicos entre sus cercanos colaboradores o familiares; la duda será si pasará por alto los casos que han tocado a personajes estrechamente vinculados a Peña Nieto.

Otro de los asuntos que el equipo de López Obrador deberá atender pronto será el de la poderosa constructora brasileña Odebrecht. No se trata únicamente de revisar los contratos -cosa que de alguna manera ha venido haciendo la Secretaría de la Función Pública.- y tampoco solo de analizar la supuesta investigación que está archivada en la Procuraduría General de la República (PGR)

El tema tiene más fondo. En 12 países de Latinoamérica, Odebrecht usó un modelo de corrupción del que no se tenían muchos antecedentes, al menos nunca de la misma magnitud: sus directivos sobornaron a servidores públicos de distintos niveles para asegurar contratos por millones de dólares y, cuando veían los tiempos electorales, financiaban campañas de quien podría ser el ganador.

En México ya hemos tenido información sobre al menos 10.5 millones de dólares en sobornos así como de graves irregularidades en contratos con Pemex. De hecho, Odebrecht ya ha sido inhabilitada para participar en licitaciones. Sin embargo, nada o casi nada sabemos si hubo o no alguna intervención en la campaña de Peña Nieto

Delatores es Brasil –en su mayoría ex ejecutivos de la compañía- han señalado que entregaron 5 millones de dólares a Emilio Loyoza, una parte cuando formaba parte del equipo de campaña de Peña Nieto y la otra ya como director de Pemex.

El problema ha sido que los testimonios están bajo la custodia de la Fiscalía de Brasil. México no firmó un acuerdo para tener acceso oficialmente a esa información. En Brasil se pedía inmunidad para Odebrecht y sus ejecutivos confesos a cambio de las historias sobre sobornos.

La PGR no acepó ese trato; ha castigado a la empresa pero, a cambio, la arista política está intacta. López Obrador dijo que no buscaría venganza con el pasado, pero este caso, necesariamente los obligará a levantar las alfombras de Los Pinos.

Capufeleaks y Odebrecht han sido tan solo dos casos por atender. Aunque no lo quieran,  el equipo de López Obrador deberá mirar  por lo menos el retrovisor, mientras siguen adelante.

El desdén e ignorancia de los candidatos en el caso Odebrecht

Hay una semejanza muy clara entre México y Venezuela. Cada día es más nítida. Al calor de las campañas rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio, cualquiera podría pensar que se trata sobre el régimen de Nicolás Maduro y el perfil de Andrés Manuel López Obrador.

En los últimos días, hemos visto en redes sociales o quizá en la calle, autobuses que, en alguno de sus costados o en la parte trasera, anuncian que pronto saldrá una serie sobre el populismo. En la imagen aparece López Obrador con la banda presidencial cruzada en el pecho, junto al venezolano Hugo Chávez y el brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva. No hay mayor información  sobre, por ejemplo, en qué canal de televisión o sistema de cable podría transmitirse. Tampoco hay fechas o quizá el nombre de algún actor.

Pero no, la semejanza México-Venezuela está en algo distinto.  El punto de conexión podemos ubicarlo en el mayor escándalo de corrupción que en las últimas décadas que ha corrido como reguero de pólvora por América Latina: El caso Odebrecht.

México y Venezuela han sido los dos único países que no cuentan con personajes encarcelados o bajo procesos penales.  Ambos gobiernos, el de Maduro y el de Peña Nieto, se han distinguido por ello.

El caso mexicano es patético: Los servidores públicos quienes recibieron 10.5 millones de dólares en sobornos por parte del gigante de la construcción brasileño todavía no han sido identificados y podrán ir a votar, como si nada hubiera ocurrido, en las elecciones presidenciales venideras.

Pero quizá lo más delicado está que, hacia delante, el panorama tampoco es nada prometedor.  Los candidatos la presidencia –incluida la independiente Margarita Zavala- mostraron su ignorancia y, sobre todo, su desdén sobre este caso.

En el debate presidencial del pasado domingo, cuando la periodista de Denise Maerker puso sobre la mesa la pregunta sobre qué harían en caso de ganar la elección presidencial con el caso Odebrecht, el espectáculo fue lamentable: Ricardo Anaya, el candidato de la coalición por México al Frente, y Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, respondieron lo que ellos quisieron, es decir,  otra cosa muy distinta. Ese tiempo lo dedicaron a atacar a Andrés Manuel López Obrado o a decir incoherencias. Una de ellas, mencionada por “El Bronco”, proponiendo que le corten una mano a quien robe del erario.

La independiente Margarita Zavala se fajó: échenme ese caso y otros que yo los resuelvo. José Antonio Meade, el abanderado del PRI, se puso a hablar de sus propuestas para combatir a la corrupción y dejó el caso Odebrecht por debajo del atril. Algo así como un borrón y cuenta nueva. Aquí lo que importa, según él, será mirar hacia delante, por donde se encuentra el futuro, según su mirada.

López Obrador sonó contradictorio, todavía peor; incoherente. En su oportunidad habló sobre la posibilidad de que una parte de los sobornos por 10.5  millones de dólares hayan ido a la campaña de Enrique Peña Nieto en el año 2012, por medio del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Además, alcanzó a mencionar que el consejo de administración de Odebrecht, alguna vez sesionó en residencia oficial de Los Pinos durante el Gobierno de Felipe Calderón.

El problema no fue que hiciera un resumen de noticias, es decir, de algo que ya sabemos. La contradicción está en que él mismo ha dicho que no hará una cacería de brujas, que no habrá “venganza”. ¿Cómo debemos entender eso? ¿Entonces tampoco irá a fondo en el tema Odebrecht? ¿Pueden dormir tranquillos quienes recibieron los sobornos por 10.5 millones de dólares?

Y  mientras los aspirantes a la Presidencia de México, ponen este tema dentro de un cajón, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto hace lo suyo para cuidarse la espalda:

-Pemex reservó hasta el año 2023 la agenda de visitas y reuniones de su ex director, Emilio Lozoya, bajo el argumento de que forma parte de la investigación de la PGR sobre este caso. Uno de los delatores en Brasil, Luis de Meneses Weyll,  dijo haber visitado a Lozoya en sus oficinas para pactar parte de los sobornos.

-La PGR mantiene en su poder la investigación del caso sin consignarla ante un juez.

-El Gobierno de Peña Nieto no firmó un acuerdo con Brasil para tener acceso a los testimonios de los delatores en los cuales, hasta ahora, se sabe que mencionaron a Emilio Lozoya.

-La Secretaría de la Función Pública, ha multado de Odebrecht y no podrá volver a participar en licitaciones dentro de México. La empresa ha protestado.

A diferencia de otras naciones, como Perú y Brasil, el Gobierno de Peña Nieto ha preferido avocarse a sancionar a la empresa y  dejar en la impunidad a los servidores públicos.  Los candidatos y la candidata a ocupar la residencia oficial de Los Pinos recibirán, aunque no lo entiendan, una bomba de tiempo entre las manos.

Te equivocas, Andrés Manuel López Obrador…

Tus críticas al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) no son nuevas. Al menos desde que eras jefe de Gobierno en la Ciudad de México tus ataques hacia ese organismo y sus comisionados o comisionadas formaron parte de tu línea discursiva. No se te puede acusar por incongruente, pero creo que, en este caso, tienes una visión torcida sobre el sistema de transparencia y la rendición de cuentas en México.

Cuando eras jefe de Gobierno en la ciudad de México, recuerdo nítidamente haber asistido como reportero a una reunión del consejo que decidía qué era público y qué debía mantenerse en secreto. Todos los integrantes, con derecho a voto, eran parte de tu gabinete. Los independientes, ciudadanos de a pie, podían opinar, pero su voz no contaba.  Estoy seguro que no has olvidado eso porque quienes ocuparon después tu puesto como Alejandro Encinas (de manera temporal) y Marcelo Ebrard enderezaron el barco.

En uno de tus mensajes por twitter llamaste “burocracia fifi” quienes trabajan para el INAI. Desde tu perspectiva, se trata de un organismo costoso y poco efectivo,  ya que reservó la información del caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en América Latina. Según tus cuentas, el INAI cuesta al erario mil millones de pesos y también mantuvo bajo llave la devolución millonaria que se hizo en el Gobierno de Fox a empresarios y la transa en la compra de planta Agro Nitrogenados por parte de Pemex que costó 275 millones de dólares.

No es para menos tu crítica y, por qué no el airado reclamo respecto a los contratos de Pemex; sobre todo, que la propuesta para mantener ese negocio en la opacidad corrió a cargo de la comisionada Ximena Puente de la Mora quien semanas después se convirtió en candidata del PRI a la Cámara de Diputados. Una línea recta entre Los Pinos y el INAI.

Semanas después, en la entrevista que te hicieron en Milenio volviste sobre el INAI: “Es un parapeto en el mejor de los casos. Supuestamente promovido por la sociedad civil, independiente, ¿en qué terminó? ¿Saben qué fue lo último que resolvió el instituto de la transparencia? Mantener en secreto la investigación de Odebrecht. Este instituto le costó a los mexicanos mil millones de pesos y que en el caso Odebrecht actuó como tapadera”.

Aquí es dónde pierdes la perspectiva, Andrés Manuel. Desde luego que estamos ante el mayor caso de corrupción en América Latina y, desde del Gobierno de Enrique Peña Nieto, no se ha hecho otra cosa que ocultar la investigación. La PGR tiene listo el expediente pero no lo ha consignado ante un juez. No sabemos cuándo lo harán.  Aun más: México no firmó un acuerdo con Brasil para que le entregaran, de manera oficial, los testimonios de los delatores, en su gran mayoría, ejecutivos de Odebrecht. Uno de ellos, Luis de Meneses Weyll, dijo haber entregado sobornos a Emilio Lozoya cuando era miembro del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto.

Pero en este caso, la pregunta es la siguiente: ¿El INAI tiene la responsabilidad de hacer público ese expediente? Creo que te equivocas, Andrés Manuel. Lo que está mal sería la ley que prohíbe hacer públicas las averiguaciones previas que están en desarrollo. Y ésta, aunque suene absurdo, aun no recorre todo el curso legal; es decir, tiene que ir, en algún momento, a manos de un juez.  Tu crítica, en este caso, es por lo menos desproporcionada: es un problema del sistema, no del  INAI.

Hay pocas razones para defender al INAI tras el caso de Ximena Puente. Sin embargo, creo que no puedes generalizar. Incluso, de hecho, sería peligroso. A nadie más que a la mafia del poder le interesa desaparecer el sistema de rendición de cuentas.

Andrés Manuel, no te olvides que, precisamente, las solicitudes de acceso a la información han sido una herramienta valiosa, indispensable, para el periodismo de investigación. Sin esos datos, por esa misma ruta que tú criticas, no hubiera sido posible descubrir La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto o la construcción de un Wal-Mart en la zona de Teotihuacán.

Esos dos son apenas dos ejemplos; pero déjame recordarte otro: Los 900 millones de dólares que el Gobierno de Peña Nieto le entregó, discrecionalmente, a la ex candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota.  Estos tres casos te he escuchado mencionarlos como ejemplos de la corrupción que corroe a este país. Pero, esa lógica, has perdido la dimensión. Podría ponerte aquí decenas de casos, de reportajes como La Gran Estafa los cuales no hubieran visto la luz sin solicitudes de acceso a la información.

Andrés Manuel, si pones los pies  en la tierra, si levantas la mirada, te darás cuenta que el problema no es el INAI en sí mismo. El problema es rescatar al sistema de rendición de cuentas de las garras de la mafia del poder, cómo tu le llamas. Ellos han sido quienes se encargaron de colocar, poco a poco, a gente a su servicio para tapar lo que se pueda y, aun así, no han podido del todo.

Andrés Manuel, ha que rescatar eso. Volvamos a poner comisionados y comisionadas independientes como sucedió con la primera generación del IFAI. ¿Te acuerdas? Sin ellas y ellos no hubiera sido posible saber, por ejemplo, que Marta Sahagún gastó cuatro mil pesos en toallas para las cabañas de Los Pinos. No queremos eso.  Sí, quizá habría que revisar el presupuesto disponible, atender las prioridades del país, pero tampoco hay que aplastarlo.  Es decir,  hablemos de refundar el sistema de rendición de cuentas y al mismo INAI. Claro, que no sea como el que tú creaste cuando eras jefe de Gobierno.

 

Cuando el interés público poco importa

“La decisión de quién será el próximo presidente de México le corresponde exclusivamente a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos”, dice una carta enviada a Peña Nieto por unos 60 politólogos, escritores, periodistas, académicos e intelectuales a propósito de la postura asumida por la Procuraduría General de la República respecto a la investigación sobre el supuesto lavado de dinero en el cual se habría visto involucrado Ricardo Anaya, el candidato presidencial de la alianza Por México al Frente.

En la misiva, publicada hace unos días,  exigen a Peña Nieto dejar de usar el aparato estatal para acometer contra uno de los aspirantes a sucederlo. En un lenguaje menos formal le dijeron; así no, Presidente.

Las críticas contra el Gobierno por difundir parte de una investigación que debería mantenerse bajo secreto, ha provocado una crisis dentro de la PGR. Quienes toman las decisiones ahí dentro argumentaron que lo hicieron por “interés público”. Lo increíble en esta decisión, es que hay muchos otros casos cargados con ese mismo interés público de los cuales no se sabe absolutamente nada.

Un ejemplo: hace dos semanas, el juez brasileño Sergio Moro recibió información sobre el caso Odebrecht en la cual apareció México. Esta es la primera vez que la Fiscalía –equivalente a la PGR– pone en sus manos expedientes en los cuales se detalla cómo ese poderoso grupo constructor pagó sobornos en nuestro país estimados, por lo menos, en 10.5 millones de dólares.

Hasta el momento, todo había quedado a nivel de la Fiscalía. Ahí fue donde el ex director de Odebrecht en México, Luis de Meneses Weyll, explicó cómo entregaron cinco millones de dólares a Emilio Lozoya en el año 2012 quien –desde su perspectiva– tenía posibilidades de ocupar un puesto importante en el Gobierno Peña Nieto. En ese momento, él ya les había ayudado para algunos negocios en Pemex, de acuerdo con un video difundido en diciembre pasado por El Quinto Elemento Lab. Lozoya formó parte del equipo de campaña del ahora Presidente y, posteriormente, fue nombrado director de Pemex.

La etapa de investigaciones emprendida por la Fiscalía brasileña sobre cómo Odebrecht hizo otra serie de pagos ilegales fuera de ese país ha concluido.  ¿Qué hará Moro? Muy poco o, mejor dicho, nada: su papel en esta historia ha sido únicamente sobre Brasil. Y así seguirá, no puede hacer otra cosa, por ley.  Hasta el momento, ha impuesto alrededor de 118 sentencias condenatorias dentro del caso Lava Jato –incluidos los tentáculos de Odebrecht–.  Una de ellas contra el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Y lo mismo hará sobre estos nuevos expedientes; emitirá sentencias sobre lo sucedido en Brasil. Moro podría imponer alguna pena al ex director de la constructora en México, Luis Weyll, y quizá también agregar algo contra Luiz Mameri, otro de los altos ejecutivos quien previamente había aportado información sobre los presuntos pagos a Emilio Lozoya.

¿Por qué Moro no puede hacer algo sobre México? No solo es por ley, también hay una razón de fondo: el 17 de febrero de 2017, fiscales de 11 países fueron a Brasil para participar en una cumbre sobre el caso Odebrecht. Ahí, se comprometieron a intercambiar información y trabajar juntos. A esa cita acudió el entonces procurador mexicano, Raúl Cervantes.

Poco se sabe de esto, pero a partir de ese momento, los países involucrados tenían seis meses para decidir si aceptaban o no, la propuesta de Brasil. El trato consistía en lo siguiente: podemos darles los documentos y los testimonios de los delatores a cambio de que los ejecutivos confesos y la propia empresa no sean juzgados fuera de territorio brasileño.

¿México aceptó esas condiciones para tener la confesión de Luis Weyll? La PGR, ni con el propio Raúl Cervantes y tampoco ahora con Alberto Díaz Beltrán, han informado cuál fue la postura de nuestro país. Los seis meses para aceptar las condiciones de Brasil terminaron en agosto pasado.

Lo que ha podido filtrarse y deducirse es que México decidió emprender su propia investigación. Es decir, tendrá que ir a buscar a los delatores por su cuenta. De hecho, ya hicieron algunas diligencias como fue una entrevista por más de cinco horas con Marcelo Odebrecht, el dueño de la compañía. Habrá que esperar si confesaron lo mismo. Pero eso debería estar dentro de la investigación ya concluida, según lo dijo Raúl Cervantes antes de renunciar a la PGR.

Hace unos días, la PGR puso por delante “el interés público” para dar a conocer el video del candidato presidencial  Ricardo Anaya cuando acudió a presentar un escrito ante la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). ¿Y no es de interés público del caso Odebrecht? ¿Por qué rechazaron el trato con Brasil ante el caso de corrupción más grande en América Latina? ¿No es de interés público saber por qué la investigación esta guardada?  Y lo peor ha sido que, el mismo encargado del despacho en la PGR, Díaz Beltrán, fue quien dirigió las indagatorias del caso Odebrech en tiempos de Raúl Cervantes.

 

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