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La inútil defensa del aeropuerto de Texcoco

Quienes han protestado airadamente por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco sin mirar la historia reciente del país y, sobre todo, el contexto político actual es tanto como dar palazos a ciegas. La gente que tiró al bote de la basura el proyecto más ambicioso del Gobierno de Enrique Peña Nieto puso por delante el enojo, la rabia, la frustración de siempre; cansados de mirar los negocios al amparo del poder en donde siempre ganan las mismas familias, bajo las mismas condiciones.

Los votos en la controvertida consulta ciudadana a favor de un nuevo aeropuerto, pero en la base militar de Santa Lucía, significó un “sí” a una promesa de campaña del ahora Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador.  Es un respaldo. Por eso pesó poco, casi nada, que no tengamos un proyecto para Santa Lucía.

Las coordenadas del voto en contra del NAIM en Texcoco también llevan a la información pública nunca atendida sobre casos de corrupción que se escondieron por debajo de la mesa. Cuando desde el periodismo se pusieron esos temas sobre la mesa, las cúpulas empresariales y las voces especializadas en inversiones nunca protestaron. Todos ellos miraron hacia otro lado. Muy pocos de ellos pidieron una explicación, al menos que alguien rindiera cuentas.

Ese silencio cómplice quizá fue una de las razones que garantizaba el triunfo de la opción por desarrollar un proyecto en Santa Lucía a pesar de que no exista un proyecto ejecutivo ni estudios de impacto ambiental y tampoco urbanísticos. Hablamos de la misma rabia que explotó el pasado 1 de julio cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial con más de 30 millones de votos.

Y por eso mismo, si la cuestionada consulta se hubiera llevado a cabo como la Constitución manda después del 1 de enero, cuando López Obrador rinda protesta como Presidente de México, el resultado hubiera sido el mismo: Texcoco a la basura.

Desde el 25 de marzo del 2018 –nueve meses antes de la polémica consulta ciudadana- Aristegui Noticias difundió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construyó la barda perimetral del NAICM con un sobre costo del 89% y a través de dos empresas fantasma.

El reportero Sebastián Barragán mostró documentos en los cuales consta que el precio original de esa obra rondaba los 1,547 millones de pesos pero luego de cuatro convenios extras, el muro se encareció hasta llegar a los 2 mil 930 millones de pesos.

En su más reciente reporte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Sedena no comprobó el gasto de 389 millones 670 mil pesos. Las dependencias responsables no han transparentado los contratos y facturas utilizados para materializar el proyecto, amparándose en resoluciones del INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública).

El Gobierno de Peña Nieto y las cúpulas empresariales no protestaron por eso. Ellos, quienes encabezan ahora los reclamos contra la cancelación del aeropuerto de Texcoco han sido responsables de su propia derrota.

El resultado de la consulta fue avasallante: 748 mil 335 votos para Santa Lucía y 311 mil 335 para Texcoco. Indudablemente, este tema debió debatirse con mayor profundidad. Desde luego que primero debió contarse con un proyecto sustentable para la misma base militar de Santa Lucía. Pero eso no estaba en juego.

Estos problemas debimos enfrentarlos desde hace por lo menos 20 o 25 años.  Durante décadas, los gobiernos federales y las autoridades en la Ciudad de México nunca se atrevieron o quizá tampoco tuvieron la suficiente visión para pensar que era necesario trazar un nuevo aeropuerto.

La ciudad creció desordenada, sin controles reales, en donde el afán de concretar negocios inmobiliarios pasó por encima del medio ambiente y de las necesidades a futuro de los propios ciudadanos.

Ahora habrá que esperar. López Obrador ha dicho que en tres años podría concretar un sistema aeroportuario Ciudad de México-Toluca- Texcoco. Mientras tanto, seguiremos con los mismos problemas: retrasos en los vuelos y saturación en el actual aeropuerto.

Ojalá en el nuevo proyecto haya cuentas claras desde el principio. Es decir, que las licitaciones y los contratos se hagan públicos sin que haya necesidad de recurrir a solicitudes de acceso a la información. Ojalá que el Gobierno de López Obrador también haga un quiebre, que rompa con esa inercia que se tuvo en Texcoco: la opacidad.

 

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