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ESPECIAL Pederastia, poder y malas conductas en la Iglesia católica

En medio de la turbulencia que ha sacudido en los últimos años a la Iglesia católica, recientemente fueron destapados casos estremecedores que fueron encubiertos por el llamado el “secreto pontificio” que dan cuenta de oscuros actos del clero mexicano.

Hace unos días, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció que se tienen identificados 101 casos de religiosos acusados de abusar sexualmente de menores, y a quienes se les sigue un proceso ministerial.

Una investigación hecha por este medio revela que dentro de los reportes ocultos de la Iglesia Mexicana, hay al menos siete obispos que son investigados por la Santa Sede con acusaciones que van desde el abuso sexual contra menores o faltas a sus votos, y que al ser ignorados por años en la Nunciatura Apostólica, acabaron en manos de la Pontificia Congregación para la Doctrina de la Fe.

En la pasada administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob),  entonces a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, tuvo conocimiento de lo que pasaba y no actuó.

Tan solo en los últimos nueve años se han suspendido a 157 sacerdotes por este delito, y actualmente se desconoce su paradero, pues el CEM indicó que dejaron de estar bajo su cuidado.

Uno de los casos más delicados registrados y que data del 2004, fue el del obispo auxiliar de la Ciudad de México, Luis Fletes Santana, quien entonces fue denunciado ante el cardenal Norberto Rivera por pederastía.

Fuentes cercanas al caso relatan que en una reunión con los familiares de la víctima, con Rivera como intermediario, se acordó no iniciar un juicio penal a cambio de que Fletes abandonara el país. 

A medias se cumplió esta promesa y Fletes salió de México rumbo a un monasterio en Roma, según dio a conocer la Arquidiócesis en aquella época sin espeficiar las verdaderas razones de su exilio.

Dos años después, en 2006 el cardenal Norberto Rivera ordenó el regreso de su protegido para dejarlo al frente del Secretariado para los Laicos, con lo que se violaba el “acuerdo de palabra” con las víctimas.

En ese mismo año estalló una denuncia contra Rivera Carrera por “conspiración” a la pederastia” en la Corte Superior de California. Fue presentada por Joaquín Aguilar, víctima de abuso a los 12 años por un sacerdote.

Al parecer esto despertó en la Arquidiócesis el temor de una demanda contra Fletes, animada por el caso de Aguilar.

Entonces se decidió retirar a Fletes, quien en 2007 abandonó el Secretariado con la justificación de que deseaba dedicarse a la vida del monasterio con el permiso de la Congregación de los Obispos, terminando así su relación con la Arquidiócesis, para poner un punto final al escándalo.

“La fe del poder”

El caso del arzobispo José Fernández Arteaga, de 85 años actualmente, oscila en las denuncias por autoritarismo basado en su “obsesión por el poder” y de las cuales tanto la Nunciatura como la Santa Sede tienen conocimiento desde 1997.

En el libro JFA (2000) se exhibía el carácter avaro y de excesos de Fernández Arteaga  Juárez, donde un grupo de sacerdotes critiaban su falta de espiritualidad, así como de humildad, de servicialidad y de pobreza evangélica.

Además, sacerdotes y fieles entrevistados por medios locales, lo relacionaban con un grupo de 18 prelados que sentían mucho “amor por el dinero” y que habían secuestrado a la Iglesia católica en favor de grupos de poder político.

“Ha llenado de favores a ciertos sacerdotes con deficiencias morales y que se ha válido de ellos, mientras que ha excluido y marginado abiertamente a excelentes sacerdotes por el sólo hecho de mostrar una actitud crítica hacia su forma de ser”, detalla una publicación local de la época.

Otro caso de abusos llegó en 2007 a la arquidiócesis de Tulancingo con el caso del arzobispo Pedro Aranda Díaz Muñoz, quien se caracterizó por tener una estrecha relación con los gobiernos priistas en la entidad como dan cuenta las crónicas periodísticas de ese tiempo.

En aquel año, a punto de cumplir 75, el obispo, aquejado de un riñón encargó su trabajo pastoral a otros sacerdotes, por lo que las investigación de la Santa Sede en su contra se iniciaron por falta de gobernabilidad en la entonces diócesis de Tulancingo, elevada a arquidiócesis en noviembre de 2006.

“Mal comportamiento moral”

Otro caso que habría sido encubierto por la iglesia fue el del obispo de Celaya, Jesús Humberto Velásquez Garay, quien en el 2003 se retiró de la diócesis.

Se presume que desde la nunciatura se le hicieron varios llamados para que corrigiera su Mal comportamiento moral”, es decir, su homosexualidad hasta que finalmente recibió la orden de que debía presentar su renuncia.

La presión de la Nunciatura y de la Santa Sede, ya con el expediente, lo habrían llegado a entregar en 2003 su renuncia, que le fue notificada al entonces papa Juan Pablo II, Velázquez Garay falleció 10 años más tarde, a los 73 años de edad.

“Casa aparte”

En 2006 se informó sobre la renuncia del que fuera obispo de Zamora, Carlos Suárez Cázares.

La oficina de prensa del Vaticano informó que el Papa Benedicto XVI la aceptó en conformidad con el canon 401, apartado 2 del Código de Derecho Canónico que establece:

“Se ruega encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo”.

Sin embargo, la causa que documentaron medios locales fue que Suárez Cázares tenía mujer e hijos.

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