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Publicaron la Ley Chayote

Lo que ha sucedido con el escándalo alrededor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por haber gastado 1,963 millones de pesos en Comunicación Social, cuando el Congreso de la Unión sólo había aprobado una partida de 70.6  millones de pesos, ha sido un ejemplo de lo representará, en los hechos, la Ley Chayote.

 

El pasado 11 de mayo, el Presidente Enrique Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Comunicación Social a través de la cual lo hecho por la SEP quedará legalizado.

 

Y no únicamente eso, también podrá hacerse con toda holgura la autopromoción de un secretario, como lo fue con Aurelino Nuño o no tener reparo en entregar a discreción dinero a los medios de comunicación para difundir la reforma educativa.

 

La Ley de Comunicación Social hecha sobre las rodillas en la Cámara de Diputados, ratificada en el Senado de la República y ahora respaldada por Peña Nieto dejó abierta la puerta para que, en los meses que restan del actual Gobierno Federal, se puedan gastar recursos públicos de la manera y de la forma que lo hicieron en la SEP.

 

En una carta abierta a Peña Nieto alrededor de 50 organizaciones civiles y 37 periodistas pedimos que se detuviera la promulgación de la Ley Chayote porque no se incluyeron criterios claros para la asignación de publicidad a fin de terminar con la arbitrariedad y la discrecionalidad en la colocación de campañas oficiales.

 

Además, también se advirtieron los riesgos de no prohibir los sobre ejercicios prespuestales y tampoco tener un tope de gastos.

 

Y esto es justamente lo que acaba de suceder con el caso de Aurelio Nuño en la SEP, veamos algunos de los datos publicados por el diario Reforma:

 

La SEP tuvo un sobreejercicio de recursos de 2,680%, debido a que el Congreso de la Unión sólo había aprobado una partida de 70.6 millones de pesos

 

De 2013 a 2017, la SEP destinó 4 mil 443 millones de pesos a comunicación social a pesar de que únicamente tenían autorizados 406 millones de pesos en ese lapso.

En los dos últimos años, durante la gestión de Nuño, el gasto en difusión y prensa se elevó en más de 3 mil millones de pesos.

Al leer estas cifras cualquiera podría preguntarse lo siguiente: Si hay altas probabilidades de que el PRI pierda la Presidencia ¿Por qué dejar en manos de otro partido una Ley de Comunicación Social que le daría manga ancha para manipular a su antojo la información a través del gasto en comunicación social?

¿En qué estaban pensando cuando lo más probable hasta el momento es que gane Morena con Andrés Manuel López Obrador al frente?

 

A simple vista parecería ilógica esta actitud de, por ejemplo,  legalizar los mensajes oficiales extraordinarios que solo han abonado a la discrecionalidad en el manejo publicitario.

 

Pareciera entonces un suicidio que Ley de Comunicación Social favoreciera a la prensa que ha vivido bajo ese modelo. A los poderosos dueños de los medios de comunicación y también a otros no tan grandes, que han gozado del prespuesto entregado a discreción.

 

Estamos ante un perverso mecanismo que Peña Nieto y los legisladores han dejado intacto y quizá más robustecido con la nueva norma. ¿Quién los pudo presionar o convencer para que hicieran algo de ese tamaño? Es pregunta.

 

Por otro lado, el puntero en las encuestas rumbo a la elección presidencial del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador ha dado una respuesta corta de miras.

 

El pasado 13 de mayo, días después de publicada la Ley de Comunicación Social, criticó el método utilizado por la SEP para promover la reforma educativa y dijo que, si gana la Presidencia, habrá una reducción significativa en el gasto de publicidad.

 

A primera vista pareciera un acierto que, ante el dispendio, el abanderado de Morena pretenda poner un alto.

 

Luego, en el mismo discurso, dijo que no ve problema en que se haya publicado la Ley Chayote toda vez que cuando llegue a la Presidencia seguirá existiendo esa partida, pero no en cantidades excesivas.

 

“Ya le dije a los empresarios, a los dueños de los medios, poquito porque es bendito”, añadió según la crónica de Ernesto Núñez en el mismo diario Reforma.

 

El problema no está sólo en la actitud respecto al reparto del dinero público hacia los medios de comunicación. Es decir, esto no puede depender sólo del punto de vista o de las convicciones de quién este al frente del país como Presidente.

 

Si imaginamos, por un momento, que el sucesor de López Obrador piense de manera diferente y abra de nuevo las arcas oficiales para que se hagan derroches inconcebiles como el de Nuño en la SEP.

 

Los mexicanos que pagamos impuestos y, los que vengan más adelante en otras generaciones, dependerán de las convicciones de los nuevos candidatos a la Presidencia y no de un modelo que, desde antes, pueda garantizar un control sobre la forma en que se entregarán esos recursos públicos.

 

A lo que se aspiraría es a tener un Jefe de Estado que fije por ley las reglas del juego para que nunca más el reparto de publicidad sea una arma contra la libertad de expresión, la espada para aniquilar a un medio incómodo o el cuchillo amenazante para quienes publiquen información que afecte los intereses de los gobernantes en turno.

 

Se trataría de que se pusieran las bases de una legislación distinta. Parece que López Obrador no ha puesto atención a esto.  No puede ser una política de Gobierno, es decir, una actitud y ya. Del resto de los candidatos en torno a la Ley Chayote mejor ni hablar están perdidos en el espacio.

Señor Presidente, estamos esperando su respuesta

 

Señor Presidente Enrique Peña Nieto. En esta semana que recién termina, apenas el pasado jueves 3 de mayo, usted fue uno de los invitados a la reunión de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y la Televisión (CIRT).  Retomo una de sus frases: “En México la única postura política que no se puede tolerar es la intolerancia, y tampoco hay lugar para la imposición frente a la diferencia, ni la censura frente a la libertad. Hoy como nunca los mexicanos ejercemos nuestro derecho a disentir, a cuestionar y a opinar libremente”.

El destinatario de su mensaje, en el primero plano, serían los dueños de la radio y televisión ahí reunidos; sin embargo, en la Teoría Social de la Comunicación existe algo que se ha catalogado como “señales significativas”. Esto es, en términos más o menos sencillos, que su mensaje puede tener interpretaciones distintas, consecuencias en públicos diferentes de quienes lo escuchaban.

¿Le pasaron una síntesis de prensa con la carta abierta que le dirigimos alrededor de 50 organizaciones no gubernamentales  y unos 37 periodistas sobre la Ley de Comunicación Social aprobada en el Senado? Si no estaba ahí -entre tantas fotocopias- supongo entonces que alguno de sus colaboradores no le avisó de este llamado.

Y lo supongo porque de otra forma no entiendo algunas de sus palabras. Tomo un puñado de ellas, de nuevo: (…)“En México la única postura política que no se puede tolerar es la intolerancia, y tampoco hay lugar para la imposición frente a la diferencia (…)

Pasaron ya al menos 24 horas entre la carta que le enviamos para que no promulgue la Ley Chayote en el Diario Oficial de la Federación (así le hemos llamado a la Ley de Comunicación Social) y no hemos tenido respuesta. El silencio ha sido un más inquietante cuando, si usted observa con detenimiento, estamos ante una imposición por parte de los senadores y diputados, justamente contra lo que usted protestó en su discurso ante la CIRT.

Vera usted: los y las señoras legisladoras ignoraron, de cabo a rabo, las propuestas de estas organizaciones y periodistas quienes buscábamos que detuvieran las prácticas que han dañado, viciado, la relación Gobierno-medios de comunicación a través de la distribución discrecional de la publicidad oficial, es decir, esa que se ha pagado con recursos públicos.

Esto fue una imposición. Así, justo en los términos de su propio discurso. Quizá por ello debería, como le hemos pedido, no publicar esta Ley de Comunicación Social; tan solo por el hecho de ir en contra de lo que usted expresó ante los dueños de los medios de comunicación, paradójicamente.

A diferencia su principal opositor, Andrés Manuel López Obrador, (sí, el candidato del MORENA), usted ha escuchado a las organizaciones civiles aunque en alguna ocasión dijo que solo se fijaban en lo malo, que le hacían bullying.

Sr. Presidente esta petición no es bullying. Mire usted, al contrario, se trata de que cumpla con el compromiso 95 de su Pacto por México…¿se acuerda? Sí, cuando prometió crear una instancia ciudadana y autónoma que supervisaría la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios.

Esto no aparece por ningún lado en la Ley de Comunicación Social. ¿Ya la leyó? Obsérvela con cuidado, línea por línea; entonces se dará cuenta que va en contra de su intención como candidato del PRI en el año 2012.

Por el contrario, el control sobre cómo y a quién se reparte publicidad en este país quedará bajo el poder de la Secretaría de Gobernación. Es más, la imposición de los legisladores fue sobre usted y también pasaron por encima de las sugerencia hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y de otras instancias como la oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; ¿Lo va a permitir?

Quienes firmamos esa carta pedimos lo siguiente:

-Criterios claros y objetivos para la asignación de publicidad oficial  para terminar con la arbitrariedad y discreción en la distribución de la publicidad.

-Hay   que establecer controles publicitario, limitar y prohibir los sobre ejercicios presupuestales y establecer un tope de gastos.

-Desaparecer los mensajes extraordinarios que únicamente abonan a la discrecionalidad  en el manejo de la publicidad.

-No concentrar más poder  en la Secretaría de Gobernación.

Usted fue Gobernador del Estado de México y ahora Presidente de México, sabe cómo la distribución discrecional de la publicidad lo mismo premia que castiga a los medios de comunicación. Lo mismo hace crecer a un diario que aniquila a otro. La diferencia, en muchos de esos casos, no son el rigor o el profesionalismo de su periodismo. El cuento es otro: quién es dócil ante el poder y quién debe ser castigado por el delito imperdonable de ser crítico, o todavía peor, publicar algo que no era conveniente para los gobiernos.

A muchas colegas y reporteros nos ha frustrado trabajar bajo esas condiciones también generadas por los dueños de los medios quienes se acostumbraron a extender dócilmente la mano ante quien ocupa la silla presidencial o de gobernador. Esto no fortalece a nuestra democracia; tener ciudadanos mejor informados nos hará mejores.

Mire usted, piense en algo sino le hemos convencido: lo más probable –hasta el momento- es que su partido y candidato presidencial José Antonio Meade quede sumergido en el tercer lugar. Si mañana fueran las elecciones ganaría López Obrador. Entonces, la pregunta sería: ¿Le va a dejar esa Ley de Comunicación Social en sus manos? ¿Dejará que el Gobierno de López Obrador tenga la posibilidad de repartir el dinero discrecionalmente y a su conveniencia hacia los medios de comunicación?

A mí en lo personal no me gustaría porque que he sentido la censura en carne propia en dos ocasiones como sucedió con la investigación sobre su Casa Blanca en Las Lomas de Chapultepec. Y, en este sentido, tampoco quiero que suceda de nuevo con cualquier otro compañero o grupo de periodistas sin importar quién esté en el poder… ¿qué dice?

 

Ley Chayote, un atentado contra la democracia

Imaginemos a una reportera, apasionada de su trabajo, que llega comiéndose las uñas a una sala de redacción en un diario pequeño pero importante en su comunidad. Le ha costado mucho esfuerzo y, sobre todo, tiempo conseguir suficiente información para comprobar que el alcalde ha cometido un desvío de recursos públicos. Ahora sí puede demostrarlo; mejor todavía, ha logrado comprobar con documentos sobre la mano la ruta que siguió el dinero: desde las arcas públicas hasta una empresa de papel en las Islas Caimán.

 

Un par de meses atrás, su jefe y también director del diario, no aceptó publicar su reportaje porque según él faltaban pruebas. Ella aceptó la crítica de buena manera. De alguna manera le entusiasmaba y, sobre todo, sentía que la puerta del periódico estaba abierta para publicar esa historia. Por eso, ahora que traía documentos, las cosas serían distintas.

 

Al menos eso era lo que ella creía. Pero no sucedió así: la investigación no se publicaría. No aparecería en la primera ni en la última página del diario. Su jefe le dijo que esa información pondría en riesgo el contrato de publicidad del diario y, de ese dinero, se mantenían como empresa. Es más, con esa partida le pagaban su sueldo. La reportera deglutió la información con rabia contenida.

 

Esta historia pudo suceder en cualquier lugar de México. De hecho, seguramente han existido relatos aún más crudos y frustrantes. No ha importado si el alcalde –incluso el imaginario- pertenece al partido oficial, a la derecha o la izquierda. La filiación ideológica y partidista ha sido lo de menos cuando se trata de pautas publicitarias. Las cabezas de los ayuntamientos –hombres o mujeres- han distribuido discrecionalmente, como les ha venido en gana, el dinero público destinado a campañas de salud, a promocionar una carretera o inclusive para su propia imagen.

 

Lo mismo ha sucedido en los estados y también en los medios de comunicación ubicados en la Ciudad de México. Las bolsas de dinero etiquetadas para gastos publicitarios, desde siempre, se han convertido en la espada usada por los gobiernos para apretar cuando algo no debe publicarse o para alentar qué sí puede salir a la luz.  En este perverso juego quienes han perdido no son únicamente las periodistas. No, quienes finalmente se ha quedado sin información fueron los ciudadanos.

 

Esto es parte del México de nuestros días, como lo ha sido desde hace mucho tiempo atrás. Por ello fue importante lo sucedido el pasado 10 de abril, cuando en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General de Comunicación Social,  bautizada por activistas y periodistas como La Ley Chayote.

 

En el argot periodístico El Chayote ha significado, durante generaciones, la forma de llamarle al dinero recibido por los periodistas, directivos o dueños de medios de comunicación de manos de funcionarios.  Julio Scherer García, en su libro “Los Presidentes”, ubicó el origen del término en 1966, cuando en una ceremonia de inauguración de un sistema de riego en Tlaxcala, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el vocero de Los Pinos entregaba billetes a los reporteros oculto entre plantas chayote.

 

Desde luego existen otras anécdotas sobre el origen de El Chayote; pero lo indiscutible ha sido para qué sirve y de dónde viene. La nueva Ley General de Comunicación Social pretende legitimar esa práctica corrupta, en otras palabras, permitir que el vocero o servidor público ya no tenga que esconderse detrás de las plantas de chayote. El soborno ya es legal.

 

Esta ley –la cual aún debe pasar por el filtro de la Cámara de Senadores- concentra las decisiones sobre a quién dar dinero por publicidad y a quién castigar con la misma vara sino se ajustan los intereses del gobierno en turno. El reparto de la pauta publicitaria estará concentrada en la secretaría de Gobernación. No hay un artículo sobre entregar campañas oficiales, por ejemplo, dependiendo del número de lectores o de la penetración del medio de comunicación en determinadas capas sociales. Nada de eso; ni su profesionalismo y tampoco su prestigio importan. La discrecionalidad seguirá mandando.

 

Los diputados priistas ignoraron las propuestas y peticiones de organizaciones no gubernamentales para obligar a los medios de comunicación a identificar qué información viene una pauta publicitaria y cuál no.  Lo peor ha sido que ni siquiera tomaron en cuenta esas voces.

 

Los candidatos presidenciales también se han taponado los oídos y, quien ha tocado el tema, no entiende absolutamente nada.  En un tuit, Margarita Zavala escribió: “La Cámara de Diputados aprobó una ley que regula la publicidad oficial. Deberíamos más bien eliminar la publicidad que paga el dinero con nuestros impuestos y usar el dinero para reducir para reducir el ISR a los que menos ganan o duplicar el presupuesto público para fomentar la cultura”.

 

Cuando ella fue primera dama, su esposo el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) gastó no menos de 28 mil millones de pesos en publicidad, entre otras cosas, para justificar que su guerra contra el narcotráfico serviría para algo. Lo que está en juego no es eliminar las partidas; eso sería una locura.  Peña Nieto, su sucesor,  ha derrochado no menos 40 mil millones de pesos.  López Obrador, como jefe de Gobierno en la Ciudad de México clasificó los contratos con los medios de comunicación.

 

Si desaparecemos el presupuesto por completo entonces  ¿Cómo podría desplegarse una campaña de vacunación? ¿Qué hacemos para difundir medidas de protección civil? Esto, solo por citar dos ejemplos. Los tiempos oficiales en radio y televisión no bastan.

 

No, el fondo de esto es eliminar la discrecionalidad en esa bolsa de recursos públicos; transparentar su uso y que deje de ser la espada para dar la puntilla a los medios que publican información que toca los tentáculos del poder o, a la inversa, el único y precisado sostén económico de medios de comunicación en todo el país rendidos ante el poder.  A nivel federal, esto tiene que parar, sea quien sea el nuevo Presidente de México.

 

 

 

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