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Un circo llamado Javier Duarte

Cómo olvidar la sonrisa burlona de Javier Duarte. La vimos cuando lo detuvieron en Guatemala y durante su traslado a México. Esas imágenes dejaban un sabor amargo y la indignación a flor de piel.

La interminable lista de casos de impunidad en México nos hacía sentir que algo no estaba bien.

Hace unos días, el ex gobernador de Veracruz fue condenado a 9 años de prisión –que puede acortarse a la mitad- y una multa de 58 mil 890 pesos. La sonrisa del ex gobernador de Veracruz nos ha dejado en claro que la corrupción en México está legalizada.

El circo montado sobre el caso Javier Duarte descansa en la forma en que el Gobierno de Enrique Peña Nieto prometió someterlo ante la ley.

Los responsables de este espectáculo están dentro de las círculos oficiales.

La carpa no la han montado los periodistas que han revelado la corrupción en Veracruz. De hecho, sino fuera por ellas y ellos especialmente Arturo Ángel del portal Animal Político, lo sucedido quizá nunca hubiera sido del dominio público.

Si el desvío de recursos públicos mediante empresas fachada y el lavado de dinero a través por lo menos 90 propiedades no fuese descubierto, Javier Duarte probablemente seguiría con su carrera política. Ahora mismo quizá estaría sentado en una curul en la Cámara de Diputados o un escaño en el Senado.

El Gobierno de Peña Nieto reaccionó ante la presión social y política por la corrupción de Javier Duarte, pero el sistema legal tiene márgenes suficientemente anchos para que los culpables pacten impunidad a cambio de silencio.

Se trata de que Javier Duarte no abra la boca ante el juez Marco Antonio Fuerte para impedir que se ventilen intereses políticos y el probable financiamiento de campañas desde Veracruz incluida la presidencial del 2012 cuando el candidato del PRI era Peña Nieto.

Si no hubiera existido el reportaje de Arturo Ángel el sistema lo seguiría protegido. De hecho, eso fue lo que hicieron; arroparlo ante el periodismo de investigación.

En la última audiencia de Javier Duarte, la Procuraduría General de la República (PGR) no pudo exigir la reparación del daño porque los delitos imputados no lo tienen previsto.

Una cruda de realidad. Un hoyo negro del sistema legal que hizo pagar al ex gobernador una multa de 58 mil 890 pesos a pesar de que desvió junto con sus testaferros no menos de 75 mil millones de pesos. Si habláramos de un circo, esto sería un acto de magia. Un sorprendente truco legal.

A Duarte le quitaron 21 terrenos y 20 propiedades entre ellas 24 terrenos en Campeche; 4 departamentos en Ixtapa; 9 en la Ciudad de México y tres más en la exclusiva zona de Santa Fe; un edificio en las Lomas de Chapultepec y 2 departamentos más en Polanco, una de los barrios más costosos de la capital del país.

Sorprendente patrimonio para quien ha vivido siempre como servidor público. Pero lo increíble, es cómo la PGR apenas tocó el 22% de las 90 propiedades localizadas, algunas de ellas gracias a los trabajos de investigación periodística.

Javier Duarte negoció con la PGR para declararse culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa a cambio de una pena mínima. Este personaje logró escabullirse de un castigo mayor como quien libra con ágiles movimientos a un lanzador de cuchillos.

Aunque esta escena también fue un truco: Javier Duarte y la PGR pactaron un “procedimiento abreviado” previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Pero este tipo de acuerdo únicamente lo puede solicitar el Ministerio Público, nunca el imputado.

En la columna de Ana Laura Magaloni titulada “El trato VIP de Javier Duarte” publicada por el diario Reforma cuestiona por qué el procurador Alberto Elías Beltrán optó por un “procedimiento abreviado” cuando pudo dejar correr el juicio oral completo para no reducir los años de cárcel ni la multa.

¿Por qué no presentaron pruebas sobre enriquecimiento ilícito y fraude fiscal?”, preguntó la especialista.

Lo terrible es que la PGR actuó dentro del marco jurídico. Es decir, el trato VIP a Duarte fue legal. Así están nuestras leyes, llenas de
hoyos negros para quienes pueden aprovecharlos.

Ahora le tocará al nuevo Gobierno desmontar este sistema. El Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el caso Javier Duarte fue un circo. El relevo generacional en el servicio público y tolerancia cero a la impunidad pueden acabar con este tipo de grotescos espectáculos.

Pero también quedará en sus manos decidir si investigarán a Javier Duarte por las fosas con cientos de cuerpos y el asesinato de periodistas. Estos delitos están impunes. El circo seguirá de plaza en plaza sino atienden esto y el ex gobernador continuará riéndose de nosotros.

 

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La agencia de noticias del Estado Mexicano, Notimex, confirmó hace unos minutos que policías capitalinos detuvieron a dos hombres con 20 millones de pesos en efectivo en calles de la delegación Cuauhtémoc, sin que pudieran acreditar su procedencia lícita.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), policías de la Jefatura del Estado Mayor Policial (JEMP), en coordinación con personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, instalaron un punto de control preventivo.

En ese lugar solicitaron una revisión a los tripulantes de una camioneta Lincoln Navigator, color blanco, y durante la revisión preventiva se encontró el dinero, por lo que al cuestionarlos sobre su procedencia legal no la pudieron acreditar.

Por este hecho, policías detuvieron a dos hombres de 32 y 44 años de edad, quienes junto con el vehículo y dinero asegurado fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) en donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con medios digitales mexicanos, los detenidos se dirigían a la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en la colonia Buenavista.

El Partido Revolucionario Institucional rechazó la acusación y pidió se investigue, para deslindar responsabilidades.

Hay que recordar que Antonio Tarek Abdalá Saad, priista y viejo amigo del ex gobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte, llegó a la tesorería del estado el 7 de febrero de 2012, en remplazo de Vicente Benítez, a quien la PGR le decomisó 25 millones de pesos cuando aterrizó en el aeropuerto de Toluca, Estado de México.

El dinero era transportado en efectivo en dos maletas a bordo de un avión del gobierno de Veracruz. El escándalo se apagó de inmediato, pero a él ya lo conocen desde entonces como “El Señor de las Maletas”.

Según las autoridades, el dinero serviría para la contratación de artistas, montaje de escenarios y producción de materiales de promoción de las fiestas de la Candelaria, el Carnaval y la Cumbre Tajín.

Ahí quedó el asunto, que hoy apenas se asoma en las investigaciones que pesan sobre Duarte.

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