Piden revisar contratación del servicio de limpieza en el INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) dará a conocer hoy (jueves 27 de diciembre) el fallo referente a la licitación LP-INE-052/2018 para la contratación de servicio de limpieza de los inmuebles ubicados en la Ciudad de México, así como los del CECYRD de Pachuca, Hidalgo; sin embargo, en el sector se han vertido diversas quejas que apuntan al favorecimiento de la contratista actual, P&C Limpieza SA de CV.
Fueron cinco las firmas interesadas en el proceso de contratación: Gerlim SA de CV, en participación conjunta con Servicios Reyson SA de CV; Green Mamba Services; Ocram Seyer SA de CV, en participación conjunta con Limpieza y Mantenimiento Xielsa; y por último, la propia P&C Limpieza SA de CV.
No obstante, los participantes hicieron saber la afinidad que el subdirector de Servicios, Miguel Ángel Romero, tiene con la última firma. Situación que, de acuerdo con los inconformes, desembocó en el aplazamiento del fallo, programado en un inicio para el viernes pasado.
Al darse a conocer el diferimiento, no fue especificada la hora para informar la resolución; por lo que en el sector piden que el proceso sea revisado por las autoridades de la Secretaría de la Función Pública.
Entre las quejas figura que, al resultar ganadora P&C Limpieza se actuaría en perjuicio de las finanzas públicas, pues propuestas como la de Ocram Seyer y Limpieza y Mantenimiento Xielsa son más económicas, por lo que se podría conseguir ahorros en el gasto público.
Al INE, antes de desaparecer
Ya sentado en la silla el Presidente de la República, o debiera decir, ya nuevamente en campaña, ahora desde la Presidencia, creo oportuno retomar un tema que el INE nos quedó a deber.
Y como la 4T amenaza con acabar con todas las instituciones de la República, prefiero plantear el tema antes que los consejeros del INE desaparezcan de escena y no puedan dar debida y puntual contestación a mis planteamientos.
Fuera de la estridencia y protagonismo mediáticos que marcaron su desempeño, los Consejeros Electorales nos deben una explicación y, por esta vía, formalmente se la solicito.
Para el registro de candidatos independientes el INE contrató el desarrollo de una aplicación que, a través de dispositivos móviles, capturara imágenes y datos de las credenciales de elector de los ciudadanos que apoyaran sus causas.
Lo hizo con un viejo, cuestionado y multado contratista de casa. Dicha aplicación la presentó como el último grito de la tecnología digital y garante del proceso de captura de apoyos ciudadanos.
Por ley el INE tenía que revisar que el documento fuente, la credencial de elector, fuese válida y vigente, y que los datos del ciudadano aparecieran en la Lista Nominal de Electores, es decir, que estuviesen vigentes sus derechos ciudadanos.
Se entendía que la maravillosa aplicación cumplía ambas funciones, de suerte que se idearon dos pasos para verificar el apoyo, uno automatizado que, se sostuvo, lo hacia la propia aplicación y otro humano en una mesa de control, únicamente sobre aquellos apoyos que la aplicación no reconociera, verificara y validara.
Esto es importante, el segundo filtro operaba solo si la aplicación identificaba algún inconveniente, ergo, cuando no era así, se tenía el apoyo por verificado y válido. Este proceso se aplicó para todos los aspirantes a candidaturas independientes, a todos los cargos de elección, en las elecciones concurrentes más nutridas de la historia.
Así, hubo procesos para candidatos a munícipes, diputados locales, gobernadores, senadores, diputados federales, presidente de la República, jefe de gobierno y alcaldes en la Ciudad de México.
Siendo elecciones diversas, cada una de ellas tuvo un plazo de registro diferente, así que el proceso de validación de apoyos y registro se repitió varias veces a lo largo de sucesivos meses.
Pues bien, lo que el INE debe explicarnos es por qué no corrigió sobre la marcha y desde un principio las deficiencias que se repitieron puntualmente, una y otra vez, ante sus ojos, responsabilidad, pasividad y omisión.
De entrada, la famosa aplicación y la carabina de Ambrosio resultaron una y la misma cosa. Desde el primer apoyo recibido todo el funcionariado del INE supo, sin lugar a dudas, que la aplicación no cumplía las especificaciones de verificación marcadas por la ley.
Por supuesto que transmitía imágenes y datos, pero no única y exclusivamente la imagen de la credencial para votar, sino cualquier imagen: un perrito, un carrito de hot dogs, una gorda en pelotas, una seña obscena o un paisaje lunar; lo que fuera. En otras palabras, jamás sirvió para autentificar credenciales de elector.
Eso lo supo el INE desde el primer día, pero en lugar de aceptar el gran fraude de su proveedor consentido, cambiar sus procedimientos y mandar todos y cada uno de los registros a la mesa de control para una revisión humana, persistió recibiendo y validando (es un decir) automatizadamente apoyos sin verificar la existencia del documento fuente y legitimador.
Puntualizo, ¿si el INE supo de esta deficiencia tecnológica y procesal desde la recepción del primer registro con una imagen que no era de una credencial para votar, por qué siguió operando la verificación automatizada sabiendo que era una patraña?
¿Por qué permitió que esto se repitiera por millones de veces con conocimiento de causa en diversos y sucesivos procesos de candidaturas y elecciones? A sabiendas que eso sucedía persistió en el engaño y en el autoengaño.
Ahora bien, día a día el INE “validaba” esos registros y notificaba en su portal cuántos apoyos “válidos” había recibido cada aspirante; con esa información el interesado tomaba decisiones e instrumentaba estrategias y la ciudadanía estaba informada del desarrollo del proceso.
Llegado el término de la etapa de recolección de apoyos, el INE anunciaba con las formalidades propias del acto administrativo y una gran dosis de protagonismo, quién sí y quién no había alcanzado el umbral de apoyos.
Y allí empezó innúmera veces el desbarajuste. Basados en las deficiencias de los lineamientos dictados por ellos mismos, los consejeros alegaron que había una segunda revisión de todo lo ya revisado.
Por qué una segunda revisión y por qué el INE; en todo caso debió ser una instancia distinta que revisara su proceder. En el fondo estamos ante una revocación de sus propios actos y es de explorado derecho que una autoridad no puede autorevocarse.
No obstante lo anterior, también alegaron ejercer facultades implícitas. Por fin, ¿o era una etapa normada explícitamente, o asumían facultades implícitas?, pero no podían ser las dos cosas al mismo tiempo.
Por igual dijeron que habían decidido realizar una revisión aleatoria y si encontraban una discrepancia entre lo ya validado y registros no válidos en una proporción superior a un 10%, procedían a revisar todo de nuevo. Una vuelta más a la tuerca de inconsistencias: ¿normada, implícita o aleatoria?
Si la primera vez de su supuesto muestreo, éste arrojó cifras superiores al 10%, quién estaba mal: el aspirante o la verificación de la autoridad. Por qué no corrigió entonces.
El hecho es que siempre procedió la segunda revisión. Desde la primera vez supieron que la validación diariamente publicitada y su resultado final no servían de nada y que tenían que volver a revisar todo: al final, a escondidas y en tiempos perentorios con contratación de personal extra y pago de horas no laborables.
Y, sin duda, con un alto costo político que, en lugar de cargarlo a deficiencias tecnológicas, posibles corruptelas y confabulación burocrática, lo endosaron a los independientes.
Supieron que la aplicación no servía y no pusieron remedio; supieron que siempre tendrían que montar el numerito de una segunda revisión, pudiendo evitarla con la mesa de control en tiempo, forma y norma; no lo hicieron. Dejaron que las posibles irregularidades siguiera sucediendo una y otra vez con todos los aspirantes y en todas las elecciones.
Y aquí se esconde la mayor de las trampas: el INE siempre supo que en todos los casos iba a tener que revisar todo de nueva cuenta. ¿Por qué no lo evitó, por qué el engaño a aspirantes y ciudadanos, por qué el numerito de sorprenderse todas y cada una de las múltiples veces, con la misma piedra del mismo molino?
Un dato adicional: el lector debe saber que el aspirante fue en todo momento florero en el proceso, término hoy tan de moda; toda vez que sus auxiliares subían directamente al INE los apoyos capturados y la aplicación los borraba una vez transmitidos, así que el aspirante nunca supo qué subía realmente el auxiliar, porque solo el INE tenía ese dato. El INE pudo así inflar o restar apoyos, asignarlos a discreción entre los diversos aspirantes, tal vez, falsearlos y, por qué no, inventarlos.
El INE, además, autorizó fuera de norma las cuentas concentradoras, por medio de las cuales un registro de auxiliar podía ser utilizado por diversos dispositivos móviles, de suerte que los aspirantes tuvieron auxiliares que nunca autorizaron, conocieron o controlaron. El Norte lo acreditó con reportajes de periodistas de su firma infiltrados como auxiliares de El Bronco sin conocimiento de él. Este es un hecho notorio que ninguna autoridad ha asumido.
Al final, después de un proceso público y publicitado, el INE se encerró un laboratorio oscuro donde hizo lo que quiso para luego acusar de delincuentes a los aspirantes y retarlos a que le probaran en contrario, a sabiendas que no tenían posibilidad alguna de defensa.
La saña no terminó allí, una vez descalificados, los aspirantes eran exhibidos en un circo mediático y polítizado, en una especie unilateral de juicio placero para así meter presión al Tribunal sobre cualquier resolución que osara en contra del INE, que en los hechos se convirtió en daño irreparable.
Y sobre el oprobio, la befa y el escarnio, con lujo de acusaciones y excesos mediáticos más propios de candidatos, que de autoridades obligadas por los Derechos Humanos a aplicar la ley en un Estado de Derecho.
Esto se repitió una y otra vez con todos los aspirantes y en todas las elecciones. Los Consejeros siempre se llamaron a sorpresa y montaron el mismo numerito.
¿Por qué si los Consejeros conocían las deficiencias de la aplicación, no la corrigieron; por qué dejaron correr todo y luego armar el teatro de independientes tramposos; por qué, pudiendo desenmascararlos sobre la marcha, de ser el caso, y desde un principio, esperaron para asarlos a fuego lento ante la opinión pública y de paso al Tribunal?
Eso es algo que nos deben los Consejeros del INE, que, producto de pactos partidarios, actuaron más como enemigos de la figura de independientes que como autoridades de Estado.
Lorenzo Córdova prometió una auditoría a la aplicación. La seguimos esperando.
En caso Morena, autoridades electorales usaron la justicia con fines políticos: Aljovín
La exoneración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPEJF) sobre la multa contra Morena por el presunto uso fraudulento de dinero de un fideicomiso representa no solo un duro revés para el INE, sino que deja entrever que “las autoridades electorales han fallado una vez más y trataron de usar la justicia con fines políticos”, afirmó Jorge David Aljovín experto en materia electoral, constitucional y parlamentaria.
El TEPJF desestimó el pasado 1 de septiembre la sanción del INE contra el partido fundado hace cuatro años por Andrés Manuel López Obrador, “por la constitución de un fideicomiso para allegarse de recursos como un mecanismo de financiamiento alterno”, por la cual le impuso una multa de más de 197 millones de pesos.
En entrevista para Alternación 101 el experto afirmó que ahora nos encontramos con que el Tribunal señala al Instituto Nacional Electoral por no cumplir con las diligencias necesarias en el caso y que su expediente estaba basado en meras sospechas, por lo cual no pudo sancionar al partido.
Para Aljovín esto “es una muestra más de que el sistema de procuración de justicia se encuentra en coma”
Indicó que el Instituto Nacional Electoral (se ha transformado en un abogado de oficio y que, buscando perjudicar una candidatura, en este caso la de López Obrador, “lo que hizo es tratar de sacar una sentencia improvisada para manchar una victoria que nos puede gustar o no, con filias o fobias fue la decisión de millones de mexicanos”, apuntó.
En todo caso, cuestionó, habría que preguntarse si el INE era competente para investigar esta materia o en el caso de que estuvieran involucrados recursos públicos o privados, si estos les causaron un beneficio al partido, “estas cosas nunca estuvieron debidamente acreditadas”, eran coincidencias como señala el expediente, precisó.
Los magistrados del tribunal “consideraron que la resolución (del INE) carece de congruencia interna, ya que no acredita la utilización de recursos públicos”.
En opinión del experto, el Instituto no era competente para la investigación
Jorge Aljovín consideró que la resolución del TEPJF abre la puerta para una nueva investigación aunque de otro tipo de instancias, que le dará claridad al tema, apuntando que no ha habido un carpetazo del caso por el Fideicomiso, el cual fue anunciado por López Obrador en 2017 como una forma de ayudar a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017.
INE criminaliza la solidaridad: Pedro Miguel Arce
El coordinador del Fideicomiso Por los Demás, Pedro Miguel Arce, señaló que la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) al partido Morena por presuntas irregularidades en el manejo del fideicomiso creado para ayudar a victimas de los sismos de septiembre de 2017, criminaliza la solidaridad.
“Los principales afectados son las personas a las que no se les ha podido entregar la ayuda”, reiteró Arce en entrevista para AlterNación101, debido a que el INE solicitó que se congelaran los recursos, es decir, “hay órdenes de no tocar el dinero”.
Cabe señalar que cuando esto sucedió el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador señaló que esta era “una vil venganza”, y Morena acudiría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la resolución.
Ya estamos en enlace telefónico con Pedro Miguel Arce, integrante del Fideicomiso Por los Demás, , creado para beneficiar a los damnificados por los sismos de septiembre pasado, nos explica su relación con MORENA pic.twitter.com/9s8NHdMkNr
— AlterNacion101 (@AlterNacion101) August 16, 2018
Asimismo, añadió que cerca de 8 mil damnificados siguen sin recibir el apoyo que se les prometió, “este no es dinero del partido, es dinero que llegó de ciudadanos”, explicó el coordinador, quien además detalló que el 80 por ciento de este se encuentra documentado, por lo que pueden demostrar quién y cuánto depositaron para crear este fideicomiso.
“Se entrego la documentación al tribunal de los 27 mil apoyos que se entregaron”, añadió.
De igual forma, señaló que otro de los problemas se debía a que acusaban a Morena de lucrar con este apoyo durante el periodo de campaña, sin embargo, dijo que los apoyos se comenzaron a repartir antes de las campañas y hasta el 17 de julio, fecha en la que les prohíben seguir repartiendo la ayuda.
El coordinador reiteró que el fideicomiso “es un acto de solidaridad y es lamentable que en cualquier momento una institución pretenda decir que está prohibida la solidaridad humana”.
Merecer morir
“Todo lo que existe merece perecer”, hace decir Goethe a Fausto. Es la ley de la vida: todo lo que nace muere. Perecen galaxias, especies e individuos; por qué no habrían de hacerlo los partidos
Los defensores a ultranza de los partidos ven con tirria y sin cuartel a quienes anunciamos su muerte, como si no fuesen engendros del siglo xvii y respondiesen a una sociedad estamental ya desaparecida; más aún, como si a los partidos de masas, de los que habla Duverger, no haya que irlos a buscar a los museos.
El partido de base clasista fue dejado atrás por los cambios y complejidades experimentadas por las estructuras sociales, así como por las innovaciones tecnológicas. Los modos de producción, la globalización, la flexibilización laboral, la comunicación horizontal, la sociedad líquida, entre otros temas, han impactado en la forma como se organiza y procesa la vida en sociedad.
El electorado, sostiene Panebianco, “se hace social y culturalmente más heterogéneo y menos controlable por los partidos (…) El elector se hace más independiente, más autónomo, menos controlable y menos expuesto a presiones (partidarias), pero también más solo y más desorientado”.
Ya en los sesentas del siglo pasado Kirchheimer lanzó su teoría del partido escoba (Catch All), como alternativa al de masas, que se vio obligado a abrirse a grupos sociales diversos a su vieja base social.
El surgimiento de estos partidos, también llamados de integración, marca un giro importante que se expresa en procesos de desideologización, apertura a influencias de grupos de poder, pérdida de peso político de la militancia y, por ende, debilitamiento del voto duro, fortalecimiento del poder de los dirigentes, profesionalización de sus cuadros y distanciamiento entre partidos y electorado.
Especial mención merece la profesionalización electoral en respuesta a nuevos retos y exigencia de conocimientos especializados, diversos a la mera capacidad de movilización electoral, que terminó por desplazar el poder de las bases a los cuerpos burocráticos y profesionales en los partidos. Encontramos aquí, además, una mutación de competencias meramente políticas a otras de alta especialización.
Los partidos dejaron de ser de afiliación para convertirse en “electoreristas”, ya no buscan afiliar en torno a lazos organizativos o de pertenencia, sino llegar al mayor número posible de electores, sin importar identidad de pareceres, para lograr su voto, aunque no su pertenencia ni lealtad; ello restó peso específico a los contenidos ideológicos para aplicarlo a las características personales de líderes y candidatos.
Tres son las funciones reconocidas de los partidos: integrar y expresar demandas de orden social y político; seleccionar candidatos (formación y suministro de élite gobernante); y participar en la formación de decisiones políticas. Si observamos bien, ninguna de estas tres funciones ha sido nunca monopolio exclusivo de los partidos y hoy su impacto en ellas es cada vez más marginal.
Es tal el agotamiento de las capacidades reales de representación de intereses de los partidos que el prestigio ellos mismos lo colocan fuera de sus filas (Meade) y contrario a su naturaleza: la antipolítica como estrategia política, electoral y publicitaria.
Es tal la pérdida de identidades colectivas que los partidos han dejado de ser referentes ideológicos y el pragmatismo acuesta a todos sin rubor en un mismo lecho.
Participación política siempre la ha habido y siempre la habrá, mucho antes de que los partidos hicieran irrupción y mucho después que desaparezcan. Quienes rasgan sus vestiduras por el ocaso de los partidos los ven como fin en sí mismos y no como un instrumento de participación política ciudadana.
El vaciamiento de identidades colectivas y la autonomía del elector de cara a las organizaciones partidarias han hecho de los partidos meros vehículos, “partidos taxi” les llama Beltrones, al que se sube quien quiere, lo utiliza para llegar a algún lugar y luego lo abandona a su suerte; a lo más que llegan es a pagarle la llevada y, a veces, ni eso.
Por igual, ha gestado pulsaciones de innovación política en busca de nuevas formas organizativas de participación ciudadana, como los mal llamados independientes.
La experiencia, sin embargo, nos muestra que las innovaciones raramente surgen del seno del sistema político establecido y menos aún de sus organizaciones, en este caso en franca crisis.
Las nuevas formas de participación política, vendrán forzosamente de afuera de los partidos políticos y sus burocracias, en palabras de Weber, tendrán que surgir de fuerzas auténticamente revolucionarias por movimientos de tipo carismático.
A lo largo del proceso electoral que está por culminar me sorprendió la beligerancia rabiosa de algunos consejeros del INE contra los independientes, al grado de llevar su encono a niveles de cruzada y manicomio. Más no era a los independientes a quienes atacaban con singular esmero, sino a lo que anuncian: nuevas formas de organización y participación política.
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Jornada electoral transcurre en paz: INE
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, informó que la Jornada Electoral de este domingo transcurre con tranquilidad y sin incidentes mayores.
Al emitir un mensaje por cadena nacional, el consejero electoral indicó que sólo faltan por instalar cuatro casillas, en todo el país, lo que representa que el comienzo de esta jornada ha sido exitoso.
“Únicamente se dejarán de instalar cuatro casillas en los 156 mil 807 centros de votación en el país, es decir, el 0.003 por ciento en total, lo anterior nos permite señalar que el inicio de la Jornada ha sido claramente exitoso y que las condiciones materiales para la emisión de los sufragios están dadas”, afirmó.
Volvió a llamar a la ciudadanía a emitir su voto, pues todavía quedan seis horas para poder acudir a las urnas, pues el horario que tienen es de 8 de la mañana a seis de la tarde, en los horarios con horario del centro del país, y ocho horas en las entidades más occidentales.
“Hago desde aquí un llamado a las y a los ciudadanos que aun no han votado para que acudan a las urnas, las grandes decisiones nacionales nos involucran a todos. Los invito a que libremente decidamos, con ir a votar, el futuro de nuestro país”, afirmó.
Destacó que existen todas las garantías planteadas en la Ley para que podamos votar de manera libre y secreta, y se puede tener la certeza de que cada voto se contará bien para integrar los cargos públicos en disputa, como son Presidente de la República, senadores, diputados federales, un jefe de gobierno en al capital del país, y alcaldes, ocho gobernadores, presidentes municipales y congresos locales.
Reiteró que la mejor manera de garantizar que el voto será respetado es que quienes los contarán son un millón 400 mil ciudadanos que fueron sorteados, aceptaron esta responsabilidad de ser funcionario de casilla, y fueron capacitados.
Córdova Vianello, también señalo que esta es la elección más vigilada, pues más de 2.6 millones de representantes de todos partidos políticos y candidatos independientes vigilarán las urnas en las casillas, y la votación también esta siendo observada por unos 32 mil observadores electorales nacionales y 907 extranjeros.
“Esta es la elección más observada, más vigilada de los tiempos recientes”, afirmó al reiterar que las mejores garantías del sufragio somos nosotros mismos, y que nadie puede obligarnos a votar y que en la mampara podrán tomar su decisión libre, por lo que los exhortó a no dejarse coaccionar o comprar el voto por nadie.
“Nadie puede ofrecernos dinero o bienes a cambio de nuestro voto, eso es un delito, además debemos recordar que las casillas cuentan con todas las garantías físicas y materiales para que podamos votar libre e individualmente, y en secreto, al resguardo de cualquier persona”, concluyó.
Notimex
Castañeda, como analista es un coordinador de campaña ciego y suicida
Sin haber leído una línea de las sentencias del Tribunal Electoral en los casos de Ríos Piter y Rodríguez Calderón; Zuckermann, Castañeda y Aguilar Camín se ensañaron con el Tribunal cuestionando si, tras de ello, estaría legitimado para declarar la validez de la elección presidencial.
Los tres pecaron de frivolidad, por decir lo menos; pero Castañeda, además, de ceguera y ansias suicidas para la causa que coordina electoralmente en este juego de mascaras que con maestría solo superada de desvergüenza lo define.
Sin tomar conciencia, los tres se sumaron ciegamente al tribunal mediático que desde el INE se orquestó, primero contra estos dos independientes y luego contra el propio Tribunal Electoral.
El INE, cuyos actos y determinaciones son impugnables ante un tribunal de pleno derecho, en lugar de litigar ante él, lo hace en los medios en los que con todo su aparato y presupuesto de comunicación social imputa, condena y sanciona, antes de iniciar siquiera el proceso legal que sea de su muy particular y dudoso interés.
Pues bien, al sumarse a la jauría de perros rabiosos contra el tribunal, este trío de egregios analistas ciegos, caen en su juego y, con ello, desvirtúan todo el sistema electoral.
Antes de 1990 las elecciones se calificaban por los colegios electorales y las quejas contra actos durante el proceso electoral se procesaban ante la Comisión Federal Electoral. Ambas instancias eran cien por ciento políticas.
Contra ello se instauraron dos autoridades autónomas, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral, antecedentes directos del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A partir de entonces, todos los actos y decisiones de la autoridad electoral son impugnables ante un tribunal de pleno derecho que mal que bien ha funcionado.
Pero ahora resulta que quien socava este diseño institucional y jurisdiccional es el propio Instituto Nacional Electoral y los guajes que lo acompañan y cacarean sus huevos de serpiente.
Lo que hemos visto en las últimas semanas es tan inaudito y como preocupante. El INE, en uso de sus bastos recursos comunicacionales, se amuralla contra la ley y la justicia en litigios mediáticos de oprobiosa catadura. Acusa y condena sin juicio y debido proceso, y con ello inocula en la opinión pública un virus de linchamiento contra todo aquel que ose diferir de su interés, sea éste un ciudadano o la propia justicia electoral.
El desdoro del que ha sido objeto el Tribunal nada tiene que ver con sus sentencias –que, queda claro, nadie ha leído-, sino con las impuestas mediáticamente sobre la opinión pública desde las oficinas de algunos consejeros electorales.
Ahora bien, al deslegitimar al máximo órgano electoral del país qué queda: solo el tribunal mediático.
Así, mañana, que el candidato de la campaña que coordina Castañeda, se vea en la necesidad de justicia ante posibles actos hostiles y parciales de la autoridad electoral administrativa, ya de suyo engreída, nada quedará del Tribunal, porque el analista Castañeda ciegamente ayudó a derruirla.
Ante nuestros ojos que no ven más que lo que el INE quiere que veamos, pasamos de la Comisión Federal Electoral y los Colegios Electorales, a los Tribunales de pleno derecho y, finalmente, al Tribunal manipulable de la opinión pública.
Lo dicho, el INE se devora y devora nuestra democracia.
El fuero y su relación con la corrupción
La revolución tecnológica, de la misma forma que antes la revolución industrial y la revolución social cambiaron nuestro mundo, está provocando aperturas de pensamiento, de visión, a una velocidad extraordinaria que muchas veces no alcanzan a ser digeridos por las nomenclaturas que, en obstinada conveniencia, insisten en mantener un status quo que hasta antes de esta revolución tecnológica había sido funcional. El exceso de información, la horizontalidad de la misma que permite un juego interactivo de altísima eficiencia informativa, ha creado un mundo nuevo en el que todo se sabe, todo se difunde, nada se esconde, y los criterios de convivencia, de autoridad, de respeto a las instituciones son todos vapuleados desde su raíz rompiendo con ello paradigmas que habían ayudado a mantener un orden social y político. Al destruirse esos criterios a partir de la exhibición constante de las formas y estilos de vida que realmente ocurren detrás de la pantalla ‘honorable’ de servidores públicos, hemos quedado expuestos a la cruel exposición de la realidad del abuso sistemático de clases dominantes, políticamente hablando, en beneficio propio dejándonos en un total abandono en cuanto a las necesidades comunitarias y las promesas de mejores calidades de vida.
La interpretación equivocada de los servidores públicos sobre sus atribuciones para el desempeño correcto de sus responsabilidades han alterado el orden de la mecánica gubernamental para convertirla en un auténtico botín repartido por grupos que organizadamente, y con el respaldo total de las leyes e instituciones, ‘están en su derecho’ de abusar.
En este sentido hay dos conceptos de vital importancia en nuestra sociedad actual que, sobrevivientes agonizantes de momentos históricos importantes, son los protagonistas del estacionamiento de nuestra evolución política. Uno es el fuero constitucional, otro es el Instituto Nacional Electoral. Ambos conceptos nacidos como balance y equilibrio del ciudadano común y corriente ante el poder del Estado, a lo largo de su existencia se han modificado para convertirse hoy en lastres, ambos, que desvirtuando totalmente la esencia de su origen, no solo han detenido el potencial progreso sociopolítico de México, sino que se han convertido en destinos aspiracionales de las intenciones corruptas de ciudadanos… cada vez más comunes y corrientes.
El fuero, surge como una autentica necesidad de supervivencia política ante el poder ejecutivo después de las repetidas intrusiones violentas del poder gubernamental. Desde la disolución del congreso por parte de Agustín de Iturbide en 1822, hasta el arresto de 84 diputados por órdenes de Victoriano Huerta, casi un siglo después, en 1913*, la imposibilidad de manifestar ideas que muchas veces eran necesariamente críticas, provoco que en la Constitución de 1917 quedara claramente estipulado el fuero entre los artículos 108, 109 y 110, en los que se define que es servidor público, se señalan sus obligaciones y se establece el argumento limitativo de destitución solo a través de juicio político.
Entendiendo el momento histórico de la declaratoria de protección a los servidores públicos como una forma de limitar el sustancial poder del gobernante en turno, efectivamente logro su cometido al dar una protección importante a pensadores opositores que evitarían el juicio político ‘por la mera expresión de ideas’*. Sin embargo, al construirse una democracia dinámica a partir de 1977 -momento en el que se da la primera gran reforma electoral que sería el inicio profundo del INE- y el sistema abrirse a nuevas manifestaciones de oposición política, el uso del fuero como moneda de cambio por un lado, y como garantía de protección a la complicidad partidista por otro, pervirtió completamente su noble origen y abrió las puertas a nuevas generaciones de oportunistas que, cada vez más, entre 1988 y 2017, entendieron que su uso distorsionado, ofrecía en realidad protección para llevar a cabo prácticamente cualquier actividad en los márgenes de la ley, asegurando de facto la impunidad.
En Estados Unidos, País de donde tomamos los principios constitucionales de la República Mexicana, no existe el concepto de fuero por considerar que viola ‘el principio de igualdad ante la ley y de imparcialidad de la justicia’* al otorgar a un grupo de personas, miembros de la misma comunidad, atribuciones legales que claramente los diferencian del resto. En México, este grupo con atribuciones excepcionales para literalmente violar la ley sin consecuencias son: ‘…los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno de la CDMX, el procurador general de la Republica, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos’. Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y miembros de los consejos de las judicaturas locales, pueden ser sujetos a juicio político, mismo que ‘no concluye con una sanción por parte del Congreso Federal, sino solamente con una declaración que se comunica a las Legislaturas Locales’*
El Presidente de la Republica es beneficiario de un régimen legal aún más específico y único en el que solo puede ser acusado de traición a la Patria y de delitos graves del orden común, ‘y el juicio no se realiza ante los tribunales del Poder Judicial Federal, sino que se conduce por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la de Diputados, en condición de fiscal y la de Senadores con el carácter de juez’*.
En este sentido, y en medio de la Revolución Tecnológica, todas la informaciones que se cruzan miles, cientos de miles de personas diariamente denunciando ilegalidades, arbitrariedades o actos de abuso de poder, de acuerdo a nuestra Constitución, no quedaran más que en actos de desahogo que no podrán nunca ser juzgados en tanto dos terceras partes del congreso otorguen una declaratoria de juicio político, inhabilitando con ello el fuero, y entonces, solo entonces, cualquiera de los funcionarios citados anteriormente podría ser llevado ante la justicia. Sin juicio político, el fuero solo concluye por muerte, renuncia al cargo -cuando se pide licencia al cargo el fuero sigue existiendo-, o conclusión del cargo.
El dinamismo de la Revolución Tecnológica esta ya ofreciendo el juicio social, la crítica colectiva que exhibe la naturaleza equivocada de servidores públicos, y seguramente es un gran inicio de transformación.
En tanto el fuero no desaparezca, difícilmente ninguno de los funcionarios que conforman el sistema de gobierno en México podrá asumir responsabilidad personal o ética, al no existir el riesgo de una sanción penal.
La naturaleza humana no es justa ni equilibrada, y sin contrapesos y amenazas reales de consecuencia a las acciones personales, será prácticamente imposible que el fenómeno de la corrupción y la irresponsabilidad de gobierno desaparezcan o siquiera disminuyan.
La insistencia en la denuncia y difusión, con los nuevos medios a cargo de toda la comunidad, son la herramienta que paulatinamente influya en los necesarios cambios a nuestra estructura política. Todos somos comunicación.
Del INE, ya hablamos en otra colaboración anterior.
Biblioteca jurídica virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
‘El fuero constitucional’, Gabriela Mojica Rayon
La democracia mexicana según Vargas Llosa
El lunes –día de asueto- no fue una mañana tranquila en las redes sociales. El escritor peruano, Mario Vargas Llosa, dio una entrevista al sitio Aristegui Noticias y, de inmediato, incendió la pradera. Rescato dos de sus ideas:
-“ (…) El que haya 100 periodistas asesinados yo creo que es en gran parte por culpa de la libertad de prensa que hoy día permite a los periodistas decir cosas que antes no se podían permitir, que en todo eso el narcotráfico juega un papel absolutamente central y por eso habría que llegar a la raíz de los problemas que en muchos casos están en el narcotráfico y en unos cárteles poderosísimos de los que emana una violencia que tiene consecuencias política atroces”.
-(…) “Sería verdaderamente trágico si esos avances en la democracia que ha hecho México, que pueden ser insuficientes desde luego, siguieran ahora con una regresión de los tiempos de la dictadura perfecta, yo creo que eso sería verdaderamente trágico, no solo para México sino para América Latina”, consideró.
Desde hace años es sabido que Vargas Llosa cojea de la pierna derecha. No habría que criticarlo por pensar distinto de quienes se identifican con la izquierda o con cualquier otra ideología. Atacar públicamente al escritor por recargarse hacia donde le venga en gana, es intolerancia. La propuesta hecha en redes sociales para quemar sus libros es, justamente, una muestra de oscurantismo.
El problema no es su ideología derechista. Vargas Llosa se metió en un terreno que desconoce, pantanoso. No habían pasado aun 48 horas de sus polémicas declaraciones, cuando la organización Artículo 19 reveló que, entre 2009 y 2017, van 78 periodistas asesinados en México, un promedio de 9 comunicadores al año.
De hecho, en 2017 se batió el récord de asesinatos de periodistas, con 12 casos. Esta cifra superó a los 11 homicidios de comunicadores de 2016 y a los 11 de 2011. Con Peña Nieto suman 41 periodistas asesinados; el gobierno de Calderón lo supera con 48 casos.
En el informe de Artículo 19 no se atribuyen estos asesinatos a la libertad de expresión. No hay una sola prueba, ni siquiera circunstancial, de que algo así sea posible. Y tampoco puede endosarse lo ocurrido al narcotráfico: no sabemos nada, o casi nada, de quienes son los autores materiales e intelectuales de los comunicadores muertos. Eso, precisamente, es parte de los gobiernos ineficaces, torpes, incapaces de rendir cuentas sobre las investigaciones de cada caso.
A nivel municipal no siempre hay manera de saber dónde empiezan los intereses del narcotráfico y dónde está la política. Antes, la delincuencia organizada buscaba infiltrarse en los gobiernos; ahora los criminales han tomado el poder. José Luis Abarca, el ex alcalde de Iguala, Guerrero, encarcelado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa será el mejor ejemplo de lo que sucede en nuestros días.
Hablamos de la misma democracia a la cual Vargas Llosa se empeñó en defender, por sus avances. Ante las preguntas de Carmen Aristegui comentó que hoy en día hay elecciones libres y, prueba ello, han sido los cambios de gobierno, el relevo político.
Sin embargo, esto es insuficiente, miope, para explicar lo que ha pasado en México durante los últimos años: un gobierno que ha usado el dinero público para espiar a los y las periodistas así como a defensores de derechos humanos y líderes de organizaciones civiles. Es decir, aun cuando haya elecciones libres, quienes están en el poder siguen actuando como en antaño, fieles a sus tradiciones más perversas.
Medir la madurez de una democracia exclusivamente a través de las urnas es insuficiente. Desde luego que sin voto libre no hay democracia posible, pero eso no es el único parámetro.
¿De qué democracia estamos hablando cuando el líder de Morena y candidato presidencial a la cabeza de las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, llama “prensa fifí” a quienes se atreven a criticarlo?
Recientemente el Instituto Nacional Electoral reveló que los candidatos independientes a la Presidencia, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez Calderón cometieron irregularidades, posiblemente hicieron trampa, al presentar el número de firmas ciudadanas exigido por ley para aparecer en la boleta electoral. Pero, al mismo tiempo, la misma autoridad no ha aclarado plenamente cómo y de qué manera se dieron esas irregularidades. Esta es la democracia en la que Vargas Llosa observa avances.
La ex presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Ximena Puente, uno de los organismos de la transición política en México, apareció en lista de candidatos al Senado por Partido Revolucionario Institucional (PRI). No hay ilegalidad alguna pero el régimen trajo a sus filas a una persona que había sido designada por el Senado para abrir los cajones del poder respecto a la información que debe ser pública. Esta es la misma democracia por la que Vargas Llosa dio la cara. El escritor peruano ahora parece un político sacado de la dictadura perfecta; se ha mimetizado con el término que él mismo acuñó.
Partidos políticos usan empresas fantasma: INE
Lizandro Núñez Picazo, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que 16 empresas fantasma fueron usadas por los partidos políticos para justificar los gastos de las campañas electorales de 2018.
“Se han identificado cerca de 16 empresas fantasma, que son del 69 B del código fiscal de la federación, y si no cumples con tus obligaciones fiscales no te permito que te contraten”, comentó el fiscalizador del órgano, que organiza la elección más grande de México.
Los proveedores se benefician del dinero público cuando son contratados por los partidos políticos, por lo cual es necesario declaren y paguen impuestos, agregó.
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El representante del INE recordó que las entidades políticas no pueden contratar a los proveedores, una vez que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) las publicó como empresas fantasma.
“Cuando el SAT publica (a las empresas fantasma) en automático les cancelan los sellos digitales y están impedidas para emitir facturas”, agregó.
“Establecimos como causa para cancelar el registro de estos proveedores, el hecho que no estuvieran al corriente de sus obligaciones fiscales”, declaró Núñez Picazo.
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En los últimos años se han creado empresas fantasma para que los partidos políticos justifiquen sus gastos de las campañas, afirmó Aristóteles Núñez, ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“La creación de las empresas fachada o fantasma fue resultado que hacían los partidos políticos usando facturas en papel apócrifas, cuando se hicieron facturas electrónicas eran reales y de empresas fachada“, el ex secretario de Finanzas del Estado de México.
Ahí están los informes de la Unidad de Fiscalización del INE y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que determinan y encuentran el abuso de la figura empresarial para comprobar gasto que no se realiza y llega a los electores “vía de compras de conciencias”.
El ex responsable de la agenda de fiscalización del gobierno de Enrique Peña Nieto agregó que más de 7 mil personas trabajan en el SAT para la búsqueda de empresas fantasma.
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El INE, una institución poco comprendida
En 1977, después de una elección presidencial de un solo candidato que complicaba el panorama de justificación democrática al partido gobernante, PRI, el Secretario de Gobernación del gobierno de López Portillo, Jesús Reyes Heroles, desarrollo una reforma política que organizaba de manera sistemática la participación de partidos de oposición en las contiendas electorales, sintetizada en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE) que contemplaba la creación de un colegio electoral, habría la posibilidad de registro a partidos a los que se había negado tal posibilidad (el PRI, en una maniobra por mantener el control de elecciones había abierto el registro a dos partidos de oposición ‘a modo’, el partido auténtico de la revolución mexicana, PARM, y el partido popular socialista, PPS, ambos satélites del gobierno), autorizaba coaliciones, ordenaba distribución de tiempos aire en radio y televisión para todos los partidos registrados y creaba el nuevo modelo de representación proporcional -los famosos plurinominales– que pretendía balancear el juego de poder en una nueva cámara de diputados que pasaba de 186 a 400, de los cuales 100 serían plurinominales. Es decir, 100 diputados elegidos no por voto de mayoría -voto directo-, sino por el porcentaje de votos obtenidos por los candidatos en campaña, triunfos de mayoría, que deberían ser menos de 60 para poder recibir el beneficio de la plurinominalidad. Aunque aparentemente con ello se equilibraban los juegos de poder en la cámara de diputados, en realidad la estrategia política de Reyes Heroles fue crear una conveniente fragmentación en la oposición disfrazada de apertura democrática. Al otorgar facilidades para que se registraran nuevos competidores políticos en forma de partido, siempre y cuando demostraran más de cuatro años de ‘actividad política sostenida’ y representaran ‘una corriente política definida’. Así, entre 1979 y 1985 obtuvieron su registro el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Partido Mexicano de los Trabajadores. Estos partidos, sumados a los ya mencionados PARM y PPPS, y el de mayor oposición y peligro para el establishment PAN, quedaban atrapados en un nuevo juego político que dispersaba la potencial fuerza acumulada de oposición en un contrapeso real único, al fragmentar la oposición en múltiples instituciones políticas que, seducidas por la atracción financiera, ahora tendrían acceso a ‘prerrogativas’ -recursos financieros para su operación y gastos de campaña disfrazados de excepción de impuestos, y presupuestos para materiales de trabajo y operación- tanto en proceso electoral como fuera del mismo. Sin perder el control gubernamental de los procesos electorales, pues la máxima autoridad en la materia seguiría siendo el propio gobierno a través de la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaria de Gobernación, la estrategia de pulverización de las fuerzas políticas reales de oposición rendiría sus primeros frutos en las elecciones intermedias de 1979 y la presidencial de 1982.
La funcionalidad de la Reforma Política de Reyes Heroles de 1977 alcanzo hasta la elección presidencial de 1988 cuando el crecimiento paulatino de fuerzas de oposición rompieron la estructura aun en control del gobierno federal, cuando la figura del secretario de gobernación declaro la caída del sistema de resultados entre sospechas estridentes de una competencia cerrada en los resultados que se tardaron demasiado tiempo en anunciarse. Caída del sistema a la que, por cierto, meses después, en entrevista a Jacobo Zabludovsky, el Presidente Miguel de la Madrid se referiría como silencio, pues en cadena nacional aclaraba a Zabludovsky que el sistema se había callado, no caído. Esas puntadas, más la dificultad para presentar un resultado creíble, llevaron a la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) a partir de modificaciones constitucionales que dieron origen, el 11 de octubre de 1990 al Instituto Federal Electoral que, si bien mantenía el control el gobierno a través de la presidencia del consejo general que ocuparía el secretario de gobernación en turno, sustituía a la Comisión Federal Electoral dando entrada a representantes de partidos políticos al consejo general. En 1994 se modificaron los estatutos de los consejeros, hasta entonces representantes del poder judicial -consejeros magistrados- para crear la representación de la sociedad en la figura de consejeros ciudadanos, primero, y más tarde consejeros electorales, como hasta el día de hoy. En 1996 y en continua reformación para adecuarse a la actualidad de la competencia política, la presidencia del IFE dejo de ser una atribución de la secretaria de gobernación y paso a ocuparla un ciudadano, sin en teoría ser representante de ningún partido político, y elegido por dos terceras partes de la cámara de diputados de entre una selección de candidatos representando la sociedad civil. Con el fin de evitar la ‘contaminación’ de los partidos políticos en su búsqueda de recursos, a partir de ese 1996 la administración de prerrogativas -los recursos para operar y para participar en procesos electorales- se fue incrementando hasta llegar a la última reforma, consecuencia del ‘pacto por México’ que da pie a la transformación del IFE a INE, Instituto Nacional Electoral a partir del 4 de abril de 2014.
Si bien bajo la inteligencia sobresaliente de Reyes Heroles la reforma política que pretendía desmantelar la oposición a través del famoso ‘divide y vencerás’ logro su objetivo, debido a la irresponsable y desastrosa administración de López Portillo, que llevo a México a la segunda gran crisis financiera en menos de 6 años bajo gobiernos del PRI, no pudo contener el creciente descontento que formo cuadros naturales de oposición que, aunados a la oposición al interior del propio PRI en el proceso de selección de candidato para la presidencia en 1987, se reforzaron abriendo la lucha política hasta literalmente forzar a la ciudadanización del colegio electoral que, debido a los abusos sistemáticos del gobierno en el manejo de los procesos electorales y la consecuente información, era la única forma de dar credibilidad a las elecciones. Sin embargo, el triunfo de una oposición intelectual y responsable que inicio brillante y esperanzadoramente el trabajo civil en la organización de la nueva democracia para el siglo XXI, no pudo escapar del germen planteado desde su nacimiento, el nacimiento del IFE, del INE, el germen de la fragmentación política que tuvo más peso que todas las reformas y, con un presupuesto de más de 30,000 millones de pesos que, con la reforma de 2014 da atribución total al INE para la administración y manejo presupuestal de todas, repito, todas las elecciones federales, estatales y municipales, eliminando la autonomía de los institutos estatales, centralizando el poder total, financiero y organización en el consejo general del INE, convirtió la actividad electoral en nuevo rehén de los intereses económicos de políticos que encontraron en la esencia de aquella reforma de 1977 la naturaleza que hoy ha creado un organismo que paraliza la competencia de ideas, ha detenido el dinamismo ideológico de la necesaria propaganda partidista, y, sin tomar en cuenta los nuevos medios por los cuales la sociedad ha entrado en una etapa más abierta y consiente de la necesidad de dialogo político, se ha establecido como una inquisición cuyo poder destruye la posibilidad de elecciones libres.
Con la concentración del poder financiero total en todo lo referente a elecciones -presupuesto de partidos políticos, presupuesto de materiales de trabajo, de campaña, de sueldos y salarios de funcionarios electorales a nivel nacional- y con la concentración de poder político para calificar o descalificar el comportamiento y acciones de partidos políticos, candidatos, precandidatos, medios de comunicación, prensa, funcionarios de gobierno de todos los niveles, y ciudadanos en general, el INE se ha convertido en una estructura monolítica que no solo ha afectado la distribución local de recursos en procesos electorales (en el pasado, los Institutos Electorales Estatales manejaban el presupuesto de contratación de insumos para procesos electorales -papelería, mantas, lonas, artículos promocionales de campaña, de promoción del voto, etc- así como para la contratación de espacios locales en radio, televisión y prensa escrita, con ello beneficiando las economías locales) centralizando la decisión de compra, sino también ha provocado una parálisis de la actividad proselitista de los actores políticos, con ello impidiendo la auténtica contienda de propuestas de gobierno y de las distintas ideologías representadas, en beneficio del poder fáctico de gobierno.
Con un poder actual que sobrepasa incluso las discretas y sofisticadas estrategias de control escondidas en la reforma original de 1977, como lo comentamos hace una semana respecto al fuero, la propia existencia del INE en el contexto de 2017 debería estar en revisión. Las prioridades de supervisión y cuidado de los abusos del gobierno en beneficio de la conservación de poder se han pervertido, y el cuidado sobre el comportamiento de partidos políticos dentro y fuera de campaña se han desviado de su objetivo. Más que cuidar el limpio desempeño de participantes en procesos electorales, pareciera que el INE ha encontrado la forma de institucionalizar la trampa. Las acciones consecuentes a los procesos electorales pasados en Coahuila y en el Estado de México, son la muestra más clara.
La propuesta de un Frente Amplio Opositor es por fin la reacción de fondo, 40 años después, a la lógica de fragmentación de la oposición del gobierno federal. Para poder hacerse realidad, tendrá, primero que nada, transformar o eliminar a la institución que ha avalado históricamente esa fragmentación y que de hecho vive de ella, el INE.