hi

Endeudan al Estado para pagarle a Seguritech

La sociedad civil y clase empresarial de Baja California exigió al gobernador Francisco Vega de Lamadrid echar atrás el contrato de 4 mil 488 millones de pesos ganado por Seguritech para construir el sistema de coordinación, comando, control, Comunicaciones, cómputo e inteligencia (C5i), porque se endeuda por 22 años a los bajacalifornianos.

Así ocurrió, cuando a finales de octubre de 2017 el congreso de Baja California aprobó deuda por 800 millones de pesos para pagar hasta la última cámara instalada por Ariel Zeev Picker Schatz, un empresario que pasó de ser dueño de una empresa de alarmas para automóviles a ser el proveedor del C5i del Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa, Guerrero y Sonora.

“Debe analizarse si es el momento adecuado para contar con un C5i”, porque se construirá a partir de un endeudamiento, argumentó Armando León Ptacnik, presidente de la Federación Coparmex de Baja California.

El empresario pidió a los diputados locales y al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid escuchar la opinión de la ciudadanía, quien disfrutará de los beneficios o sufrirá para pagar proyectos como los de videovigilancia planteados.

El rechazo a la obra de mayor envergadura de Kiko Vega para detener los altos índices de violencia inició el 6 de noviembre de 2016, día en que la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California entregó por asignación directa la construcción del C5i a Seguritech Privada y Architecture Engineering & Specialized Services.

La obra adjudicada a la empresa de Ariel Zeev Picker Schatz tiene un costo mensual de 17 millones de 667 mil pesos sin IVA, revelan las actas de dictamen económico y fallo de la Asociación Público Privada (APP). Es decir que por los próximas dos décadas pagarán más de 4 mil 488 millones de pesos.

El fallo otorgado por la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, la Unidad Técnica de Inversión de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano levantó muchas sospechas entre la sociedad civil y clase empresarial.

Los documentos del esquema de inversión en poder de Rock 101 explican que la propuesta técnica y económica presentada por Seguritech Privada fue la mejor calificada por las autoridades de Baja California.

Algo que generó dudas entre la sociedad se da cuando la firma de Ariel Picker participa como única concursante para automatizar la vigilancia en forma remota a través de cámaras, arcos de vigilancia, torres de comunicaciones para sistemas inalámbricos de voz, datos e imágenes con fibra óptica y antenas.

El contrato obtenido por Seguritech la obligan a diseñar, elaborar un  proyecto ejecutivo, construir, así como conservar y darle mantenimiento por 22 años al C5 de Baja California.

La licitación para construir el C5 no es clara en el proceso, faltó transparencia, así como la Asociación Público Privada (APP) representa un alto endeudamiento para la entidad, advierte Armando León Ptacnik.

“No podemos dejarle la tarjeta de crédito llena al siguiente gobernador, sino una capacidad de maniobra”, comenta.

Hubo oscuridad cuando se licitó el C5 por parte de la autoridades de Baja California, asegura Rodrigo Llantada Ávila, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mexicali.

Las acciones del gobernador de Baja California para crear un centro de monitoreo fueron irregulares, agrega el representante patronal.

Se le solicitó al gobierno revisar las bases de licitación para que se no limite ni restrinja la participación de empresas medianas y pequeñas por su tamaño o capital para que construyan el C5, señala Gilberto Fimbres Hernández, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana.

“Lo ideal es que Seguritech no se quede de manera directa con el contrato del C5i, sino que también se abra la participación para que participen las pequeñas y medianas empresas”, concluye Fimbres Hernández.

-->