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La oscura historia de los fondos de transición presidencial

Los 150 millones de pesos del fondo de transición presidencial representan la primera gran oportunidad que tendrá Andrés Manuel López Obrador para demostrar que la transparencia y la rendición de cuentas no serán un problema durante su Gobierno.

Ese dinero –unos 7.5 millones de dólares- quedarán a su disposición dentro de un fideicomiso público abierto en Banjército, en cuanto tenga entre sus manos la constancia de mayoría que deberá entregarle el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Tras su encuentro con Peña Nieto en Palacio Nacional, López Obrador comentó que, sobre ese fondo de transición, quizá podrían usar algo de dinero para proyectos del nuevo gobierno. No dijo más, ni adelanto algo en concreto. Sin embargo, sería indispensable conocer cómo piensa rendir cuentas, él junto con su equipo, de los recursos públicos a su disposición, sobre todo, porque desde que se tiene noticia de esas cuentas bancarias, ha existido un legado de dispendio y corrupción.

En julio del año 2000, cuando Vicente Fox sacó por primera vez al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la residencia oficial de Los Pinos, el fondo de transición presidencial se transformó en una caja chica, peor aún, en una dote del poder: el Presidente saliente dejaba una bolsa de dinero al sucesor la cual podría usarla a su conveniencia. No existían reglas y, por supuesto, tampoco había necesidad comprobar un solo peso.

El ex Presidente Ernesto Zedillo ordenó que se depositaran al menos 20 millones de pesos en una cuenta privada, abierta en Inbursa, a nombre de Vicente Fox.

Como se trató de una cuenta en un banco privado, abierta a nombre de un particular, no había manera de transparentar el destino de ese dinero, aunque proviniera de las arcas públicas. Fox y Marta Sahagún dispusieron de ese dinero a discreción.

Cuando llegaron las primeras solicitudes de acceso a la información a la secretaría de Hacienda sobre el fondo de transición presidencial en el año 2000, la primera reacción fue negar su existencia, pero tras la intervención del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) –ahora INAI- admitieron que 20 millones de pesos se fueron a una cuenta personal de Vicente Fox.

Lo terrible de este caso, fue que el propio ex mandatario dijo que no aclararía en qué gastó el dinero. Banco Inbursa le mandó una carta a Los Pinos, pidiendo autorización para abrir los estados de cuenta como lo pretendía el IFAI,  pero él lo rechazó.

Pero eso no fue todo. La Secretaría de Hacienda gastó 45 millones 264 mil pesos en sueldos de 360 personas quienes integraban el equipo foxista. En la nómina los metieron como “trabajadores eventuales” cuyos salarios llegaron hasta 463 mil 377 pesos por tan solo tres meses de labores. Algunos otros obtuvieron, en ese mismo lapso, 347 mil 532 pesos.

La controversia generada por la opacidad y la discrecionalidad del fondo de transición presidencial foxista provocó que la entonces presidenta del IFAI, María Marván Laborde, emitiera lineamientos para que no volviera a suceder lo mismo. Entre ellos, el más importante fue que el dinero debería depositarse en un fideicomiso público y no privado, con lo cual se abría la puerta para que, por medio de solicitudes de acceso a la información, se pudieran conocer los contratos, los montos, los sueldos y el tipo de servicios pagados. Además, Fox usó un avión del Estado Mayor Presidencial para sus giras al extranjero como Presidente electo y también para ir a descansar a su rancho los fines de semana.

El dinero usado por los foxistas nunca fue autorizado por la Cámara de Diputados por lo que la Secretaría de Hacienda, entonces encabezada por José Ángel Gurría, clasificó este gasto como un “donativo”.

Seis años después, el equipo de transición de Felipe Calderón contó con 150 millones de pesos, más del doble de lo manejado por los foxistas.  De esta bolsa, 130 millones de pesos serían para los calderonistas y 20 millones de pesos para el Estado Mayor Presidencial.  Es decir, en otras palabras, a los militares les dieron una partida extra sólo para encargarse de cuidar al futuro Presidente de México como si, en todo caso, no fuera parte de sus responsabilidades.

El dispendio no tuvo límites: los militares del Estado Mayor Presidencial cobraban cafés del Starbucks y chicles del Oxxo. Eso pudiera parecer una anécdota, algo chusco, pero en el fondo demostró que el dinero podía gastarse en lo que fuese, no había límites ni reglas.

Los grave estaba en los proveedores: las facturas indicaban que el Estado Mayor Presidencial compró huevo y carne, entre otros productos, en el mercado Martínez de la Torre, ubicado en los alrededores del barrio de Tepito. Eso no tendría nada de malo, sino fuera porque esos servicios no podían surtirse desde pequeños negocios.

De hecho, hubo algunos casos absurdos: en un pequeño comercio, en ese mismo mercado, los militares compraron  236 kilos de huevo en tres días. No es broma, eso se registró en las facturas del equipo de transición calderonista. Esto nunca fue sancionado, ninguna instancia oficial investigó algo. No pasó nada.

Aquí algunos de los gastos del equipo de transición de Felipe Calderón:

– 1 millón 350 mil pesos en restaurantes

– 44 mil pesos en ruedas de prensa

-129 mil pesos en edecanes, vallas para giras inexistentes y alimentos

-25 millones de pesos en oficinas, valet parking, seguridad privada, teléfonos móviles, flores para oficinas, banquetes y renta de camionetas blindadas.

Y eso no fue todo: alguien pidió estudios de imagen para Felipe Calderón, Margarita Zavala y sus tres hijos, que entonces eran unos niños. Los contratos fueron por 12 millones de pesos. En aquel tiempo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió  que se regresara ese dinero a las arcas públicas porque no tenía justificación alguna. Lo mismo sucedió con lo gastado para festejar el triunfo de Felipe Calderón en el Estadio Azul, en la ciudad de México.

Lo terrible es que no había reglas ni topes, como quedó plasmado en el libro La Corrupción Azul, editado por Penguin Random House Mondadori. Por ejemplo, en el equipo de transición calderonista se contrataron dos edecanes por 1,200 pesos la hora a la empresa Multinivel para los fiesta organizada tras la entrega de la constancia de mayoría por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Pero en las mismas facturas aparece una fecha distinta al día en el cual se entregó la constancia de mayoría. Además, Multinivel no aparecía en el registro público. Todo el equipo de Felipe Calderón cobró salarios de este fondo de transición presidencial.

Para el año 2012, se hizo un reglamento. Ya no era posible ni depositar el dinero en un fideicomiso privado ni dilapidarlo como hicieron Vicente Fox y Felipe Calderón. El equipo de transición del ganador de la elección presidencial de aquel año, Enrique Peña Nieto, también tuvo a su disposición 150 millones de pesos pero sólo podía usar ese dinero en actividades relacionadas con la preparación de los planes de gobierno, incluidos sueldos.

Según reportes  de la Auditoría Superior de la Federación, el equipo peñista contrató un ejército de 163 asesores con un costo aproximado de 20 millones de pesos .

De hecho, regresaron a las arcas públicas 131 millones de pesos. No obstante, no todo fueron cuentas claras: el Estado Mayor Presidencial compró un sistema de comunicación y gestión para quirófanos que costó 45.3 millones de pesos.

La ASF acusó al EMP de haber hecho ese contrato con un sobre precio de 255%  y, además, no existió razón alguna para usar el fondo de transición presidencial para un gasto de ese tipo.

Por esto es que López Obrador debería mostrar un talante distinto respecto a esta bolsa de recursos públicos la cual, por cierto, no existe en ninguna otra parte del mundo. Así como ha dicho que acabará con las pensiones de los ex presidentes ahora será el momento de enfrentarse a la realidad: rendir cuentas.

No únicamente para apretarse el cinturón y no derrochar como sus antecesores, también habría que montar un esquema para que los ciudadanos puedan ver en qué se gasta cada peso. Es decir, que no sean necesarias las solicitudes de acceso la información para enterarnos de alguna barbaridad o cualquier otra cosa.

 

Margarita Zavala renuncia a su sueño presidencial

Margarita Zavala Gómez del Campo, candidata presidencial por la vía independiente, se bajó del sueño por llegar a Los Pinos, algo que era financiado por los dueños de Palacio de Hierro, otros empresarios regiomontanos, así como ciudadanos y Felipe Calderón.

“Retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política y también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda”, lanzó la ex panista, quien ayer y hoy Ricardo Anaya Cortés la invitaba a sumarse a su proyecto político en eventos públicos y ante la clase empresarial del país.

El último acto público de la ex panista se dio esta mañana en un foro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Ahí Zavala Gómez del Campo les pidió a los empresarios mantener la calma y desalojar la sala, ya que en la parte final de su mensaje sonó la alarma sísmica.

Al 17 de mayo de 2018, la campaña de la ex primera dama había recibido financiamiento de 13 millones 667 mil pesos, los cuales fueron puestos por Fernando de Jesús Canales Clariond, los herederos del Palacio de Hierro Alberto y Alejandro Bailleres González y Felipe Calderón.

El gasto realizado por Zavala Gómez del Campo fue de unos 10 millones 791 mil pesos, dinero que fue destinado para comprar espacios publicitarios en internet, en espectaculares y en el pago de asesores.

Novigems Internacional fue la empresa que le vendió más del 90 por ciento de los servicios a la campaña de Margarita Zavala.

La mayor experiencia de Novigems es la venta de cervezas, salsas, así como condimentos en la Ciudad de México.  Otras proveedoras son Comercializadora Centli y Cal y Mayor.

Ley Chayote, un atentado contra la democracia

Imaginemos a una reportera, apasionada de su trabajo, que llega comiéndose las uñas a una sala de redacción en un diario pequeño pero importante en su comunidad. Le ha costado mucho esfuerzo y, sobre todo, tiempo conseguir suficiente información para comprobar que el alcalde ha cometido un desvío de recursos públicos. Ahora sí puede demostrarlo; mejor todavía, ha logrado comprobar con documentos sobre la mano la ruta que siguió el dinero: desde las arcas públicas hasta una empresa de papel en las Islas Caimán.

 

Un par de meses atrás, su jefe y también director del diario, no aceptó publicar su reportaje porque según él faltaban pruebas. Ella aceptó la crítica de buena manera. De alguna manera le entusiasmaba y, sobre todo, sentía que la puerta del periódico estaba abierta para publicar esa historia. Por eso, ahora que traía documentos, las cosas serían distintas.

 

Al menos eso era lo que ella creía. Pero no sucedió así: la investigación no se publicaría. No aparecería en la primera ni en la última página del diario. Su jefe le dijo que esa información pondría en riesgo el contrato de publicidad del diario y, de ese dinero, se mantenían como empresa. Es más, con esa partida le pagaban su sueldo. La reportera deglutió la información con rabia contenida.

 

Esta historia pudo suceder en cualquier lugar de México. De hecho, seguramente han existido relatos aún más crudos y frustrantes. No ha importado si el alcalde –incluso el imaginario- pertenece al partido oficial, a la derecha o la izquierda. La filiación ideológica y partidista ha sido lo de menos cuando se trata de pautas publicitarias. Las cabezas de los ayuntamientos –hombres o mujeres- han distribuido discrecionalmente, como les ha venido en gana, el dinero público destinado a campañas de salud, a promocionar una carretera o inclusive para su propia imagen.

 

Lo mismo ha sucedido en los estados y también en los medios de comunicación ubicados en la Ciudad de México. Las bolsas de dinero etiquetadas para gastos publicitarios, desde siempre, se han convertido en la espada usada por los gobiernos para apretar cuando algo no debe publicarse o para alentar qué sí puede salir a la luz.  En este perverso juego quienes han perdido no son únicamente las periodistas. No, quienes finalmente se ha quedado sin información fueron los ciudadanos.

 

Esto es parte del México de nuestros días, como lo ha sido desde hace mucho tiempo atrás. Por ello fue importante lo sucedido el pasado 10 de abril, cuando en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General de Comunicación Social,  bautizada por activistas y periodistas como La Ley Chayote.

 

En el argot periodístico El Chayote ha significado, durante generaciones, la forma de llamarle al dinero recibido por los periodistas, directivos o dueños de medios de comunicación de manos de funcionarios.  Julio Scherer García, en su libro “Los Presidentes”, ubicó el origen del término en 1966, cuando en una ceremonia de inauguración de un sistema de riego en Tlaxcala, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el vocero de Los Pinos entregaba billetes a los reporteros oculto entre plantas chayote.

 

Desde luego existen otras anécdotas sobre el origen de El Chayote; pero lo indiscutible ha sido para qué sirve y de dónde viene. La nueva Ley General de Comunicación Social pretende legitimar esa práctica corrupta, en otras palabras, permitir que el vocero o servidor público ya no tenga que esconderse detrás de las plantas de chayote. El soborno ya es legal.

 

Esta ley –la cual aún debe pasar por el filtro de la Cámara de Senadores- concentra las decisiones sobre a quién dar dinero por publicidad y a quién castigar con la misma vara sino se ajustan los intereses del gobierno en turno. El reparto de la pauta publicitaria estará concentrada en la secretaría de Gobernación. No hay un artículo sobre entregar campañas oficiales, por ejemplo, dependiendo del número de lectores o de la penetración del medio de comunicación en determinadas capas sociales. Nada de eso; ni su profesionalismo y tampoco su prestigio importan. La discrecionalidad seguirá mandando.

 

Los diputados priistas ignoraron las propuestas y peticiones de organizaciones no gubernamentales para obligar a los medios de comunicación a identificar qué información viene una pauta publicitaria y cuál no.  Lo peor ha sido que ni siquiera tomaron en cuenta esas voces.

 

Los candidatos presidenciales también se han taponado los oídos y, quien ha tocado el tema, no entiende absolutamente nada.  En un tuit, Margarita Zavala escribió: “La Cámara de Diputados aprobó una ley que regula la publicidad oficial. Deberíamos más bien eliminar la publicidad que paga el dinero con nuestros impuestos y usar el dinero para reducir para reducir el ISR a los que menos ganan o duplicar el presupuesto público para fomentar la cultura”.

 

Cuando ella fue primera dama, su esposo el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) gastó no menos de 28 mil millones de pesos en publicidad, entre otras cosas, para justificar que su guerra contra el narcotráfico serviría para algo. Lo que está en juego no es eliminar las partidas; eso sería una locura.  Peña Nieto, su sucesor,  ha derrochado no menos 40 mil millones de pesos.  López Obrador, como jefe de Gobierno en la Ciudad de México clasificó los contratos con los medios de comunicación.

 

Si desaparecemos el presupuesto por completo entonces  ¿Cómo podría desplegarse una campaña de vacunación? ¿Qué hacemos para difundir medidas de protección civil? Esto, solo por citar dos ejemplos. Los tiempos oficiales en radio y televisión no bastan.

 

No, el fondo de esto es eliminar la discrecionalidad en esa bolsa de recursos públicos; transparentar su uso y que deje de ser la espada para dar la puntilla a los medios que publican información que toca los tentáculos del poder o, a la inversa, el único y precisado sostén económico de medios de comunicación en todo el país rendidos ante el poder.  A nivel federal, esto tiene que parar, sea quien sea el nuevo Presidente de México.

 

 

 

AMLO venderá flota aérea de 326 mdd

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato a la presidente de la República por Morena, venderá la flota de aviones comerciales adquiridos durante la administración del panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto.

“Se venderá el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno “, tiró el político tabasqueño, quien va por su tercera elección presidencial consecutiva y lidera las encuestas de preferencias electorales de cara a las elecciones del 1 de julio de 2018.

Los funcionarios públicos no viajarán en aviones y helicopteros privados, manifestó durante la toma de protesta como candidato ante sus integrantes de la asamblea de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

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El candidato a la presidencia de la República refrendó sus compromisos como la abolición de los fueros y privilegios, así como se acabarán los lujos, abusos y el despilfarro del gobierno federal.

“No vamos a traicionar al pueblo de México. Estoy consciente de mi responsabilidad histórica, quiero ser recordado como un buen presidente”, manifestó AMLO.

“Soy terco, necio, obcecado, perseverante, con esta misma convicción actuaré como presidente de la República. Con terquedad, con necedad y con perseverancia voy a acabar con la corrupción”, advirtió el candidato, quien en reiteradas ocasiones ha criticado el uso de los aviones por parte de los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Se adquirieron cinco aviones de uso comercial durante el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuyo costo asciende a 326 millones 326 mil pesos, según cifras consultadas por Rock 101.

Unos días antes de que dejara Los Pinos, Felipe Calderón adquirió en 125 millones 045 mil dólares un Boeing 797-8, un avión conocido como José Morelos y Pavón. Todos los conocen como el avión presidencial, el cual fue entregado el 3 de febrero de 2016.

La aeronave arribó al Hangar Presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente del aeropuerto Love Field de Dallas, Texas, en los Estados Unidos.

El presidente de México arriba del avión presidencial con sus secretarios y ex secretario durante un viaje.

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Ya durante el mandato de Enrique Peña Nieto se compraron otros aviones para transportar al personal de alto rango del gobierno. Por ejemplo, se hicieron a cambio de 27 millones 520 mil dólares de un Challenger 605 en 2014.

Un año después compraron tres aviones comerciales más, según datos consultados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Primero adquirieron un Gulfstream G-150 a la compañía estadounidense Gulfstrem Aeroespace Corporation por unos 37 millones 750 mil dólares.

En 2015, hicieron un paquete para compraron dos aviones Boeing 737-800; una aeronave costo curiosamente más barata que la otra.

Las autoridades a cargo de Enrique Peña Nieto pagaron a la arrendadora alemana German Aviation Capital (GMBH) unos 65 millones de dólares y al fabricante estadounidense The Boeing Company le dieron 71 millones de dólares.

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