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La inútil defensa del aeropuerto de Texcoco

Quienes han protestado airadamente por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco sin mirar la historia reciente del país y, sobre todo, el contexto político actual es tanto como dar palazos a ciegas. La gente que tiró al bote de la basura el proyecto más ambicioso del Gobierno de Enrique Peña Nieto puso por delante el enojo, la rabia, la frustración de siempre; cansados de mirar los negocios al amparo del poder en donde siempre ganan las mismas familias, bajo las mismas condiciones.

Los votos en la controvertida consulta ciudadana a favor de un nuevo aeropuerto, pero en la base militar de Santa Lucía, significó un “sí” a una promesa de campaña del ahora Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador.  Es un respaldo. Por eso pesó poco, casi nada, que no tengamos un proyecto para Santa Lucía.

Las coordenadas del voto en contra del NAIM en Texcoco también llevan a la información pública nunca atendida sobre casos de corrupción que se escondieron por debajo de la mesa. Cuando desde el periodismo se pusieron esos temas sobre la mesa, las cúpulas empresariales y las voces especializadas en inversiones nunca protestaron. Todos ellos miraron hacia otro lado. Muy pocos de ellos pidieron una explicación, al menos que alguien rindiera cuentas.

Ese silencio cómplice quizá fue una de las razones que garantizaba el triunfo de la opción por desarrollar un proyecto en Santa Lucía a pesar de que no exista un proyecto ejecutivo ni estudios de impacto ambiental y tampoco urbanísticos. Hablamos de la misma rabia que explotó el pasado 1 de julio cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial con más de 30 millones de votos.

Y por eso mismo, si la cuestionada consulta se hubiera llevado a cabo como la Constitución manda después del 1 de enero, cuando López Obrador rinda protesta como Presidente de México, el resultado hubiera sido el mismo: Texcoco a la basura.

Desde el 25 de marzo del 2018 –nueve meses antes de la polémica consulta ciudadana- Aristegui Noticias difundió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construyó la barda perimetral del NAICM con un sobre costo del 89% y a través de dos empresas fantasma.

El reportero Sebastián Barragán mostró documentos en los cuales consta que el precio original de esa obra rondaba los 1,547 millones de pesos pero luego de cuatro convenios extras, el muro se encareció hasta llegar a los 2 mil 930 millones de pesos.

En su más reciente reporte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Sedena no comprobó el gasto de 389 millones 670 mil pesos. Las dependencias responsables no han transparentado los contratos y facturas utilizados para materializar el proyecto, amparándose en resoluciones del INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública).

El Gobierno de Peña Nieto y las cúpulas empresariales no protestaron por eso. Ellos, quienes encabezan ahora los reclamos contra la cancelación del aeropuerto de Texcoco han sido responsables de su propia derrota.

El resultado de la consulta fue avasallante: 748 mil 335 votos para Santa Lucía y 311 mil 335 para Texcoco. Indudablemente, este tema debió debatirse con mayor profundidad. Desde luego que primero debió contarse con un proyecto sustentable para la misma base militar de Santa Lucía. Pero eso no estaba en juego.

Estos problemas debimos enfrentarlos desde hace por lo menos 20 o 25 años.  Durante décadas, los gobiernos federales y las autoridades en la Ciudad de México nunca se atrevieron o quizá tampoco tuvieron la suficiente visión para pensar que era necesario trazar un nuevo aeropuerto.

La ciudad creció desordenada, sin controles reales, en donde el afán de concretar negocios inmobiliarios pasó por encima del medio ambiente y de las necesidades a futuro de los propios ciudadanos.

Ahora habrá que esperar. López Obrador ha dicho que en tres años podría concretar un sistema aeroportuario Ciudad de México-Toluca- Texcoco. Mientras tanto, seguiremos con los mismos problemas: retrasos en los vuelos y saturación en el actual aeropuerto.

Ojalá en el nuevo proyecto haya cuentas claras desde el principio. Es decir, que las licitaciones y los contratos se hagan públicos sin que haya necesidad de recurrir a solicitudes de acceso a la información. Ojalá que el Gobierno de López Obrador también haga un quiebre, que rompa con esa inercia que se tuvo en Texcoco: la opacidad.

 

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AMLO HEREDARÁ PROBLEMAS POR LA CASA BLANCA DE PEÑA NIETO

El Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre del 2018 va recibir una de las consecuencias por la fallida licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro y la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. No tienen margen de maniobra.

El Gobierno de China ha recurrido, desde hace meses, a tribunales internacionales para reclamar que el Estado Mexicano debe pagarles 600 millones de dólares por los problemas que –desde su punto de vista- le ocasionaron por cancelar esa obra en cuyo proyecto habían invertido tiempo y, desde luego, también dinero.

Sebastián Barragán ha publicado en Aristegui Noticias información puntual sobre este tema: El Gobierno chino se ha quejado de que no fueron tratados de forma justa y correcta por el Estado Mexicano. Desde su perspectiva, no se respetaron las leyes ni el tratado ante ambas naciones por lo que han perdido dinero.

Este arbitraje internacional está vivo. El Gobierno de Enrique Peña Nieto deberá darle seguimiento hasta el último día de su mandato. No obstante, podría dejarlo en suspenso y, en este sentido, heredarlo al Gobierno de López Obrador.

Si esto no concluye antes del 1 de diciembre –asunto poco probable- el Gobierno que encabezará López Obrador estará en menudo problema: Si México pierde habrá que pagar a China esos 600 millones de dólares y si gana deberán seguir con el juicio hasta el final y eso también implicará recursos públicos para abogados y viajes, entre muchas otras cosas.

López Obrador y su equipo han dicho que revisarán los contratos. En este caso, hubo una licitación por la cual supuestamente debemos dinero a China. Inevitablemente, el Gobierno de López Obrador deberá meter la nariz en el tema.

Y eso es el punto ciego: El concurso fue una farsa.

-En enero del 2014 funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, viajaron a China para, entre otros temas, hablar de los planes para construir el primer tren de alta velocidad.

-El 5 de agosto del 2014, Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, recibió a representantes del gobierno chino. En las reuniones hablaron de negocios y del interés de ellos en participar en la construcción del tren México-Querétaro.

-El 15 de agosto del 2014, la SCT publicó las bases de licitación para esa obra y otorgó 62 días para que las empresas interesadas presentaran una propuesta.

-Empresas internacionales, especializadas en este tipo de obras como Bombardier, pidieron por lo menos entre 6 y 8 meses para concretar un proyecto que fuera factible. Sin ese lapso no había manera.

-El 15 de octubre se presenta una sola propuesta y fue la de la China. Y justo en ese momento, revelan que sus socios en México son Constructora Teya de Juan Armando Hinojosa Cantú; GIA+A, encabezada por Hipólito Gerard cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y Prodemex cuyo dueño ha sido Olegario Vázquez Raña.

-El 3 de noviembre del 2014, la SCT revela que los ganadores son precisamente este último grupo. Antes, durante la compra de bases de licitación y en las juntas de aclaraciones sobre la obra con la SCT sólo aparecía la paraestatal china. El resto de las empresas mexicanas fueron incorporadas en el último momento.

La cronología aquí descrita está soportada con documentos. Por ello, si el Gobierno de López Obrador enfrentará un juicio por 600 millones de dólares al menos deberían mirar por el retrovisor para decirnos qué sucedió. No es una cacería de brujas, es un ejercicio de rendición de cuentas sobre un posible boquete a las finanzas públicas.

Nada más pero tampoco nada menos. El mismo equipo del ahora Presidente Electo tendrá información para saber el origen de los 100 millones de dólares que Juan Armando Hinojosa Cantú envió a fideicomisos en Nueva Zelanda usando como prestanombres a su esposa y a su suegra, justo en los momentos en que era investigado por conflicto de interés con Peña Nieto por la construcción de la residencia en las Lomas de Chapultepec.

A esto se enfrentará López Obrador y no tendrán otra salida. 600 millones de dólares es un hoyo negro. No sabemos si China tendrá la razón, pero desde luego habría que explicar, por lo menos, lo sucedido con esa licitación.

 

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Peña Nieto ahoga su propia versión sobre la Casa Blanca

El Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera probablemente mintieron o, por lo menos, no informaron todo lo que sabían en la investigación por conflicto de interés respecto al caso conocido como La Casa Blanca, que realizó la Secretaría de la Función Pública (SFP), bajo la batuta del controvertido Virgilio Andrade.

No fue complicado llegar a esta conclusión luego de escuchar al mandatario en la entrevista que concedió a Denise Mearker que se transmitió la noche del pasado martes 21 de agosto, en el noticiero estelar de Televisa. En unos minutos, la versión construida desde la residencia oficial de Los Pinos para desligar a Peña Nieto de la residencia de 7 millones de dólares en las Lomas de Chapultepec a cambio de contratos para el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú se hizo añicos.

El 9 de noviembre del 2014, cuando se publicó esa investigación periodística, Peña Nieto y su esposa se encontraban en una gira de trabajo por China y Australia. Allá recibieron la noticia. Durante esos días, él  y ella no tocaron el tema; ni una sola palabra.

Los reporteros y las colegas que cubrieron sus actividades los miraban desencajados. Fue hasta su regreso, el 16 de noviembre del 2014, cuando Peña tocó por vez primera el tema en una rueda de prensa en el hangar presidencial. Ahí, dijo que la vocería de la Presidencia haría “una puntual aclaración” sobre algo que consideró “aseveraciones imprecisas y carentes de sustento”. Entre la publicación del reportaje y esta declaración habían pasado 7 días.

El 18 de noviembre de ese mismo 2014 –apenas dos días después de su retorno- Peña Nieto anunció que Angélica Rivera aclararía todo lo relacionado con la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec. Textualmente, dijo lo siguiente:

“(…) es una “mujer que por muchos años, y ustedes lo saben y el público lo sabe en general, se dedicó a la actividad artística por más de 25 años, y todo ello le permitió ir generando su propio patrimonio, su propia independencia económica y que esto en la aclaración que ella dé, deje en claro cómo se hizo de esta propiedad.

“Es un tema de la mayor sensibilidad, porque éste no es un tema que atenta contra el Gobierno, pone en señalamiento al Presidente de la República y su familia, por eso mi interés de orden prioritario de dejar aclarado ante la sociedad mexicana cómo ha sido y cuál es el patrimonio que tiene el Presidente de la República”. 

Ese día, al inaugurar la Ciudad de la Salud para la Mujer en Cuautitlán, Estado de México, tomó forma la versión oficial con la cual se defenderían públicamente y también oficialmente. La estrategia era clara: desvincular a Peña Nieto de un posible conflicto de interés. Es decir, toda la responsabilidad sobre ella; consolidar con documentos personales esa teoría podría salvarlos. Al menos eso pensaron en el momento.

Ese mismo 18 de noviembre por la noche, Angélica Rivera apareció en televisión, en uno de los horarios con mayor audiencia, para asumir toda la responsabilidad por La Casa Blanca. En un video dijo, entre otras cosas, que ella tenía la capacidad económica para comprar esa residencia gracias a sus 25 años de carrera artística. También enfatizó que había recibido una buena cantidad de dinero por parte de Televisa cuando decidió retirarse. Dijo que quería una casa a su gusto y con el arquitecto de su preferencia.

Esa versión la sostuvieron incluso dentro de la investigación oficial que hizo la Secretaría de la Función Pública. El 16 de junio del 2015,  El subsecretario Javier Vargas envió un cuestionario a Peña Nieto. Una de las preguntas fue la siguiente:

-Informe a esta Secretaría la intervención que, en su caso, haya tenido en la adquisición de los inmuebles ubicados en la calle de Sierra Gorda  números ciento cincuenta y ciento sesenta, en México, Distrito Federal, aportando documentación con la que cuente en relación con su intervención.

La respuesta  fue en estos términos:

-Como se desprende del oficio en el que se me solicita información, en relación a los inmuebles ubicados en los números ciento cincuenta y ciento sesenta en la colonia Lomas de Chapultepec, Distrito Federal, los actos jurídicos relacionados los llevó a cabo mi esposa la señora Angélica Rivera Hurtado, con su patrimonio y con quien me encuentro casado bajo el régimen de separación de bienes (Anexo 1).

 

La versión sostenida en este documento marcado con el número 00000125 dentro la investigación por conflicto de interés ha sido derrumbada por el propio Peña Nieto. En la entrevista con Denise Maerker, el mandatario ha reconocido, hasta en dos ocasiones, que sí intervino en la compra de la residencia.

Cuando abordaron el tema de la Casa Blanca, Peña Nieto consideró que ese tema fue uno de sus errores en el Gobierno, lamentó haber involucrado a su esposa para tratar de defenderse y, además, consideró que fue insuficiente ante la opinión pública, la explicación que dieron sobre el posible conflicto de interés.

“(…) Lamenté haber involucrado a mi esposa en la explicación del tema. Si me dijeras, ¿la volverías a involucrar? Yo diría que no, porque a ella no le correspondía. Ella no es funcionaria, no es servidora pública, ella tiene su propia trayectoria. La involucré porque ella,  como matrimonio,  estábamos haciéndonos de una nueva casa. Me arrepentí de haberla involucrado porque a ella también le dejó un mal sabor y tema que ha sido difícil superar en todo este tiempo. 

Y luego agregó lo siguiente:

“(…) El supuesto conflicto de interés que se suscitaba era sobre un proyecto, una obra que nunca se realizó. Donde se genera el conflicto de interés es en el proyecto del empresario que entonces nos estaba vendiendo la casa, de este grupo, que era parte de un conjunto de empresas que se agruparon para hacer el tren México-Querétaro, que por razones de ajuste presupuestal, no prosperó”.

La diferencia entre la versión oficial en el expediente de la SFP y la vertida ayer por Peña Nieto no puede considerarse como cualquier cosa: existe un oficio, una declaración por escrito dentro de una investigación en la que Peña Nieto se hace a un lado respecto a la compra de la Casa Blanca, atribuyendo toda la responsabilidad a su esposa. Ahora, en la entrevista con Televisa reveló que sí participó, es decir, que estaban comprando esa casa como matrimonio.

Creo que el asunto es delicado: Peña Nieto no dijo toda la verdad en el cuestionario enviado por la SFP. La versión de que únicamente era asunto de su esposa la llevó hasta una instancia oficial. Hay un oficio que respalda eso.

 

Sedena quiere comprar tres aviones más (antes de que Peña se vaya…)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó un plan para adquirir 3 aviones por  mil 079 millones de pesos a través de un arrendamiento financiero con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), un mecanismo usado en la operación de compra del avión presidencial José María Morelos y Pavón.

La propuesta del arrendamiento financiero de Banobras por 2 aviones tiene un costo estimado de 849 millones 816 mil 124 pesos  por un periodo de 15 años, revelan documentos a los que tuvo acceso Rock 101.

Según la documentación, los dos activos solicitados por el ejército a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se usarán para reforzar las actividades de la Fuerza Aérea Mexicana en Hermosillo, Sonora.

“La propuesta del arrendamiento financiero que se tiene estimado realizar tiene un costo de 229 millones 730 mil 259 pesos por un periodo de 15 años”, señala el otro análisis de compra presentado por la Sedena ante la SHCP.

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La tercera aeronave será utilizada por los integrantes de la Fuerza Aérea en Jalisco para las operaciones de erradicación de plantíos de droga por aspersión en la República Mexicana, agrega.

De la compra de los tres aviones para la Fuerza Aérea sólo se conoce que será por arrendamiento financiero de Banobra, una operación que encareció la adquisición del avión presidencial que quiere poner en venta el virtual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Más detalles de la compra de las aeronaves se desconocen, debido a que por ser activos de seguridad nacional fueron bloqueados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La documentación sólo muestra que los proyectos de compra fueron presentados en los primeros de julio de 2018, en plena transición de gobierno entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

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El plan de austeridad del virtual presidente de la República incluye la venta del avión presidencial José María Morelos, el cual ya hay negociaciones con la empresa Boeing para vender el avión presidencial.

“Ya se está buscando una relación con Boeing para lo del avión presidencial, la idea es venderlo, no perder dinero, que se venda en lo que vale, pero no me voy a subir a ese avión”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

El 1 de noviembre de 2012, ex presidente Felipe Calderón firmó el contrato de compra con la estadounidense Boeing de un avión 787-8 o Dreamliner, cuyo precio fue de 127 millones 348 mil dólares.

El precio total neto del presente contrato de adquisición fue pagado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien también firmó un arrendamiento financiero que elevó el precio de la aeronave a 461 millones de dólares o 6 mil 094 millones de pesos con Banobras por 15 años.

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Judicializarán a Odebrecht antes del 1 de diciembre: PGR

Antes de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto se judicializará a Odebrecht, la constructora brasileña que pagó sobornos para hacerse de obra púbica en varios países de América Latina y Estados Unidos, informó la a Procuraduría General de la República (PGR).

“La investigación sobre Odebrecht no está congelada, y que en cuestión de semanas, el caso ya estará en los juzgados”, aseguró Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR.

Odebrecht creó una estructura financiera secreta para desembolsar “propinas” en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y México, según la investigación el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Establecida formalmente como la División de Operaciones Estructuradas, esta oficina pagó aproximadamente 10.5 millones de dólares en sobornos a oficiales mexicanos para asegurar contratos públicos. Como resultado de este esquema de corrupción Odebrecht ganó más de 39 millones de dólares en este país, de acuerdo las autoridades estadounidenses.

Entre los directos señalados de haber recibido los sobornos están Emilio  Lozoya Austín, ex director general de Pemex, así como otros subdirectores que dejaron de trabajar en la empresa productiva del estado vía la jubilación o el retiro.

El encargado de despacho de la PGR, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, expresó que “parecería que, como no hemos llegado a un acuerdo reparatorio, Brasil nos retrasa la información sobre el caso Odebrecht”.

“Estamos buscando que Odebrecht repare el daño con el doble de lo defraudado y que se les inhabilite y no vuelvan a trabajar en México. Si no quieren que judicialicemos el caso y vayamos a la vía penal, deben aceptar el acuerdo”, agregó Elías Beltrán.

 

 

 

Examinar contratos oficiales implicará revisar al gobierno de Peña

En sus primeros días como virtual Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dado los primeros pasos de lo que pretende ser un Gobierno austero y, sobre todo, encaminado a eliminar la corrupción del país, como él mismo lo ha asegurado. Entre las medidas anunciadas, sobre estas mismas líneas, podrían destacarse dos: revisar contratos y que las compras públicas sean únicamente concurso o licitación.

Desde la campaña, López Obrador afirmó que no haría una persecución política contra los personajes del actual Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. “La venganza no es lo mío”, repitió una y otra vez en mítines y entrevistas, incluso algunas de ellas transmitidas por televisión.

No obstante, sí habría una revisión al pasado: la asignación de contratos dentro del Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ha sido uno de los puntos clave de la corrupción.

López Obrador, aunque lo no quiera, tendrá que mirar hacia atrás como quien observa el retrovisor mientras avanza. Hay casos en los que difícilmente podrán hacerse a un lado. Quizá no para “vengarse”, pero sí para impartir justicia.

Una de las lecciones más grandes que dieron los electores a los políticos y candidatos –sin importar sus siglas o la ideología enarbolada- es que la propia corrupción así como la impunidad y, en general, la violencia o la ineficacia gubernamental se pagan en las urnas.

El PRI sufrió la peor derrota en su historia, entre otras razones, porque el Gobierno de Enrique Peña Nieto se transformó en una gran avestruz ante casos de corrupción cercanos a la residencia oficial de Los Pinos o  dentro del primer círculo del mandatario: metían la cabeza debajo de la tierra, dejando afuera el cuerpo.

La investigación periodística conocida como Capufeleaks fue un buen ejemplo de lo que sucedió. En mayo del 2018,  Raúl Olmos,  reportero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló cómo desde Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) se traficó con información confidencial para dar ventaja a un grupo de empresas interesadas en ganar licitaciones por un monto superior a los 770 millones de pesos –alrededor de 41.3 millones de dólares en ese momento-.

El tráfico de información confidencial sobre futuras construcciones y mantenimiento de autopistas emanaba desde la oficia del número dos en ese organismo público. Mauricio Sánchez Woodworth, director de infraestructura en CAPUFE filtró datos que estaban reservados por ley a un grupo de empresas para que pudieran competir en condiciones ventajosas en futuras licitaciones.

El único director de CAPUFE en este sexenio ha sido Benito Neme Sastre, quien presume una relación personal con Peña Nieto: son compadres por partida doble.  En septiembre del 2008, el entonces gobernador del estado de México bautizó a un hijo de Neme, y también en septiembre, pero de 2012, Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera apadrinaron a sus dos hijas, junto con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

En su primer discurso como el ganador de la reciente elección, López Obrador dijo lo siguiente: “bajo ninguna circunstancia, el próximo Presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño: sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Un buen juez por la casa empieza (…)”

Esto fue un mensaje claro para la nueva clase política pero aún no sabemos si medirá con el mismo rasero a los personajes cercanos a Peña Nieto. El caso Capufeleaks dejó al descubierto a un compadre del actual mandatario y, a cambio, solo reinó la impunidad. No hubo, por lo menos, un comunicado anunciado que abrirían una investigación; nada, absoluto silencio.

Esta impunidad ante casos tan evidentes fue uno de los resortes que sin duda impulsó a la gente a favor de López Obrador. La duda sería: ¿qué hará el virtual Presidente Electo con estos casos? ¿Los dejará impunes? Sería interesante que respondieran a preguntas específicas sobre casos concretos.

Él ya advirtió que no tolerará la corrupción ni el dispendio de recursos públicos entre sus cercanos colaboradores o familiares; la duda será si pasará por alto los casos que han tocado a personajes estrechamente vinculados a Peña Nieto.

Otro de los asuntos que el equipo de López Obrador deberá atender pronto será el de la poderosa constructora brasileña Odebrecht. No se trata únicamente de revisar los contratos -cosa que de alguna manera ha venido haciendo la Secretaría de la Función Pública.- y tampoco solo de analizar la supuesta investigación que está archivada en la Procuraduría General de la República (PGR)

El tema tiene más fondo. En 12 países de Latinoamérica, Odebrecht usó un modelo de corrupción del que no se tenían muchos antecedentes, al menos nunca de la misma magnitud: sus directivos sobornaron a servidores públicos de distintos niveles para asegurar contratos por millones de dólares y, cuando veían los tiempos electorales, financiaban campañas de quien podría ser el ganador.

En México ya hemos tenido información sobre al menos 10.5 millones de dólares en sobornos así como de graves irregularidades en contratos con Pemex. De hecho, Odebrecht ya ha sido inhabilitada para participar en licitaciones. Sin embargo, nada o casi nada sabemos si hubo o no alguna intervención en la campaña de Peña Nieto

Delatores es Brasil –en su mayoría ex ejecutivos de la compañía- han señalado que entregaron 5 millones de dólares a Emilio Loyoza, una parte cuando formaba parte del equipo de campaña de Peña Nieto y la otra ya como director de Pemex.

El problema ha sido que los testimonios están bajo la custodia de la Fiscalía de Brasil. México no firmó un acuerdo para tener acceso oficialmente a esa información. En Brasil se pedía inmunidad para Odebrecht y sus ejecutivos confesos a cambio de las historias sobre sobornos.

La PGR no acepó ese trato; ha castigado a la empresa pero, a cambio, la arista política está intacta. López Obrador dijo que no buscaría venganza con el pasado, pero este caso, necesariamente los obligará a levantar las alfombras de Los Pinos.

Capufeleaks y Odebrecht han sido tan solo dos casos por atender. Aunque no lo quieran,  el equipo de López Obrador deberá mirar  por lo menos el retrovisor, mientras siguen adelante.

Inaugura Enrique Peña Nieto Convención Nacional de Canacintra

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) lleva a cabo su Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas, que fue inaugurada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien dijo que en 2017 el sector manufacturero representó el 17 por ciento de la economía nacional.
“La apertura comercial de las últimas décadas ha impulsado el desarrollo y comercialización, Querétaro es el estado que ocupa el tercer lugar en el de ciencia, tecnología e innovación”, subrayó.
Durante la toma de protesta del Consejo Directivo Nacional para el periodo 2018-2019, Peña Nieto explicó que en México se producen 11 mil vehículos al día, es decir, 25 por ciento más que hace cinco años y el doble de lo que producíamos en 2006, por primera vez en los últimos cuatro sexenios se ha logrado ver un incremento en la economía en cada semestre.
Añadió que el 27 por ciento de los empleos, es decir uno de cada cuatro plazas han sido ocupada por jóvenes menores de 29 años, este logro tiene mayor significado si consideramos que el mismo periodo del sexenio anterior, el empleo entre los jóvenes disminuyó.
En su momento, el presidente de la Canacintra, Enrique Guillén Mondragón explicó que la industria de la transformación representa el 15. 5 por ciento del PIB nacional y es el sector que más empleo genera, con el 27.04 por ciento del total nacional.
“Empleos, que hay que destacar son los mejor remunerados, y los de menor rotación en México, lo que impacta no solamente en el crecimiento de la economía sino también en el bienestar de las familias mexicanas”, destacó.
Enrique Guillén consideró indispensable concluir con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción; además de perfeccionar el Nuevo Sistema de Justicia Penal para evitar fallas y evitar que se convierta en una puerta giratoria para los criminales.
Reconoció el trabajo del Secretario de Economía en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y respeto al tema dijo que los mexicanos debemos fortalecernos al interior, para hacer frente a este contexto internacional intricado e impredecible.
“México y su industria están unidos por un vínculo irrompible, que está íntimamente ligado a su historia, pero sobre todo a su futuro”, enfatizó.
En su oportunidad, el Gobernador del Estado de Querétaro, Francisco Domínguez Cerriel, agradeció que la Convención se haya llevado a cabo en la entidad y resaltó que son el cuarto destino de inversión aeronáutica de todo el mundo.
“Me da muchísimo gusto que los industriales hayan elegido a Querétaro como sede. Es un Estado que ha sabido evolucionar de la manufactura a la mentefactura”, aseguró.
Ildefonso Guajardo, refirió que, en mayo de 1941, México reconoció la importancia de la industria en el país, y que actualmente CANACINTRA tiene 50 mil asociados en 102 ramas empresariales que cubren prácticamente todas las áreas de la industria.

Resaltó que con las reformas que se han realizado en el sexenio de Peña Nieto, de diciembre de 2012 a mayo de 2018, de acuerdo con datos del INEGI, se ha reducido casi el 30 por ciento 30 por ciento en los costos de electricidad.

En la reforma financiera hay un cambio importante de la participación del financiamiento con respecto al PIB, pues se pasó a casi 6 puntos porcentuales y la cartera creció del 13 al 17 por ciento del PIB.

Este año reunieron a cerca de mil 200 empresarios de las 78 Delegaciones, 14 Sectores y 106 Ramas, con el objetivo de construir conocimiento basado en indicadores macroeconómicos, políticas públicas y experiencia empresarial para replicar mejores prácticas e innovación a la industria mexicana.
En el evento, estuvieron presentes el Gobernador del Estado de Querétaro, Francisco Domínguez Cerriel; el Secretario de Salud, José Ramón Narro Robles; el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Rafael Campa Cifrián; la Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Martha Sofía Tamayo Morales; el Presidente del Consejo del Sector Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón; así como embajadores de argentina, Bolivia y costa de Marfil.

No me doblan ataques de Peña Nieto: Ricardo Anaya

Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, aseguró que no lo doblarán los ataques y la guerra sucia orquestada por el presidente Enrique Peña Nieto, a quien acusó estar detrás del video donde revela Juan Barreiro Castañeada como lavaron dinero para la campaña del panista.

“No me va a doblar. No me voy a rendir, vamos a ganar. México va a cambiar”, dijo en un video lanzado por el aspirante por el aspirante de la coalición Por México al Frente.

El panista dijo que el contenido de ese video es totalmente falso, así como es una estrategia orquestada por el gobierno del presidente Peña Nieto para dañar mi candidatura.

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“Me atacan porque antier, en la Ibero, dije con toda claridad que Enrique Peña Nieto es corrupto y repetí que cuando yo sea Presidente, sí me encargaré de que enfrente la justicia y, de resultar culpable, vaya a la cárcel”, manifestó Ricardo Anaya.

El video explica que Juan Barreiro Castañeda, hermano del financista de Ricardo Anaya, reveló a empresarios argentinos como ayudaron al candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a lavar dinero para su campaña, así como les dio información privilegiada para construir parques industriales en Querétaro.

“Se hizo algo para hacerle llegar dinero en cuanto a unas bodegas”, explicó el hermano de Manuel Barreiro, quien fue acusado de ayudar Ricardo Anaya a mover 54 millones de pesos a través de paraísos fiscales por la venta de una nave industrial construida en Querétaro.

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“Se le metió muchísimo dinero ahorita para que gane”, contó uno de los hermanos del empresario queretano, quien se encuentra viviendo en Canadá por las investigaciones de lavado de dinero.

Anaya Cortés comentó que lo atacan, porque denunció que Enrique Peña Nieto y López Obrador ya pactaron.

“Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy el único que le puede ganar, y a cambio, López Obrador ya se comprometió a perdonarle todo, como ya inclusive lo dijo públicamente”.

El panista agregó que la guerra sucia en su contra ya no va a parar de aquí hasta el día de la elección: “A ti, mexicana y mexicano, te pido: no les creas”.

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Publicaron la Ley Chayote

Lo que ha sucedido con el escándalo alrededor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por haber gastado 1,963 millones de pesos en Comunicación Social, cuando el Congreso de la Unión sólo había aprobado una partida de 70.6  millones de pesos, ha sido un ejemplo de lo representará, en los hechos, la Ley Chayote.

 

El pasado 11 de mayo, el Presidente Enrique Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Comunicación Social a través de la cual lo hecho por la SEP quedará legalizado.

 

Y no únicamente eso, también podrá hacerse con toda holgura la autopromoción de un secretario, como lo fue con Aurelino Nuño o no tener reparo en entregar a discreción dinero a los medios de comunicación para difundir la reforma educativa.

 

La Ley de Comunicación Social hecha sobre las rodillas en la Cámara de Diputados, ratificada en el Senado de la República y ahora respaldada por Peña Nieto dejó abierta la puerta para que, en los meses que restan del actual Gobierno Federal, se puedan gastar recursos públicos de la manera y de la forma que lo hicieron en la SEP.

 

En una carta abierta a Peña Nieto alrededor de 50 organizaciones civiles y 37 periodistas pedimos que se detuviera la promulgación de la Ley Chayote porque no se incluyeron criterios claros para la asignación de publicidad a fin de terminar con la arbitrariedad y la discrecionalidad en la colocación de campañas oficiales.

 

Además, también se advirtieron los riesgos de no prohibir los sobre ejercicios prespuestales y tampoco tener un tope de gastos.

 

Y esto es justamente lo que acaba de suceder con el caso de Aurelio Nuño en la SEP, veamos algunos de los datos publicados por el diario Reforma:

 

La SEP tuvo un sobreejercicio de recursos de 2,680%, debido a que el Congreso de la Unión sólo había aprobado una partida de 70.6 millones de pesos

 

De 2013 a 2017, la SEP destinó 4 mil 443 millones de pesos a comunicación social a pesar de que únicamente tenían autorizados 406 millones de pesos en ese lapso.

En los dos últimos años, durante la gestión de Nuño, el gasto en difusión y prensa se elevó en más de 3 mil millones de pesos.

Al leer estas cifras cualquiera podría preguntarse lo siguiente: Si hay altas probabilidades de que el PRI pierda la Presidencia ¿Por qué dejar en manos de otro partido una Ley de Comunicación Social que le daría manga ancha para manipular a su antojo la información a través del gasto en comunicación social?

¿En qué estaban pensando cuando lo más probable hasta el momento es que gane Morena con Andrés Manuel López Obrador al frente?

 

A simple vista parecería ilógica esta actitud de, por ejemplo,  legalizar los mensajes oficiales extraordinarios que solo han abonado a la discrecionalidad en el manejo publicitario.

 

Pareciera entonces un suicidio que Ley de Comunicación Social favoreciera a la prensa que ha vivido bajo ese modelo. A los poderosos dueños de los medios de comunicación y también a otros no tan grandes, que han gozado del prespuesto entregado a discreción.

 

Estamos ante un perverso mecanismo que Peña Nieto y los legisladores han dejado intacto y quizá más robustecido con la nueva norma. ¿Quién los pudo presionar o convencer para que hicieran algo de ese tamaño? Es pregunta.

 

Por otro lado, el puntero en las encuestas rumbo a la elección presidencial del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador ha dado una respuesta corta de miras.

 

El pasado 13 de mayo, días después de publicada la Ley de Comunicación Social, criticó el método utilizado por la SEP para promover la reforma educativa y dijo que, si gana la Presidencia, habrá una reducción significativa en el gasto de publicidad.

 

A primera vista pareciera un acierto que, ante el dispendio, el abanderado de Morena pretenda poner un alto.

 

Luego, en el mismo discurso, dijo que no ve problema en que se haya publicado la Ley Chayote toda vez que cuando llegue a la Presidencia seguirá existiendo esa partida, pero no en cantidades excesivas.

 

“Ya le dije a los empresarios, a los dueños de los medios, poquito porque es bendito”, añadió según la crónica de Ernesto Núñez en el mismo diario Reforma.

 

El problema no está sólo en la actitud respecto al reparto del dinero público hacia los medios de comunicación. Es decir, esto no puede depender sólo del punto de vista o de las convicciones de quién este al frente del país como Presidente.

 

Si imaginamos, por un momento, que el sucesor de López Obrador piense de manera diferente y abra de nuevo las arcas oficiales para que se hagan derroches inconcebiles como el de Nuño en la SEP.

 

Los mexicanos que pagamos impuestos y, los que vengan más adelante en otras generaciones, dependerán de las convicciones de los nuevos candidatos a la Presidencia y no de un modelo que, desde antes, pueda garantizar un control sobre la forma en que se entregarán esos recursos públicos.

 

A lo que se aspiraría es a tener un Jefe de Estado que fije por ley las reglas del juego para que nunca más el reparto de publicidad sea una arma contra la libertad de expresión, la espada para aniquilar a un medio incómodo o el cuchillo amenazante para quienes publiquen información que afecte los intereses de los gobernantes en turno.

 

Se trataría de que se pusieran las bases de una legislación distinta. Parece que López Obrador no ha puesto atención a esto.  No puede ser una política de Gobierno, es decir, una actitud y ya. Del resto de los candidatos en torno a la Ley Chayote mejor ni hablar están perdidos en el espacio.

Señor Presidente, estamos esperando su respuesta

 

Señor Presidente Enrique Peña Nieto. En esta semana que recién termina, apenas el pasado jueves 3 de mayo, usted fue uno de los invitados a la reunión de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y la Televisión (CIRT).  Retomo una de sus frases: “En México la única postura política que no se puede tolerar es la intolerancia, y tampoco hay lugar para la imposición frente a la diferencia, ni la censura frente a la libertad. Hoy como nunca los mexicanos ejercemos nuestro derecho a disentir, a cuestionar y a opinar libremente”.

El destinatario de su mensaje, en el primero plano, serían los dueños de la radio y televisión ahí reunidos; sin embargo, en la Teoría Social de la Comunicación existe algo que se ha catalogado como “señales significativas”. Esto es, en términos más o menos sencillos, que su mensaje puede tener interpretaciones distintas, consecuencias en públicos diferentes de quienes lo escuchaban.

¿Le pasaron una síntesis de prensa con la carta abierta que le dirigimos alrededor de 50 organizaciones no gubernamentales  y unos 37 periodistas sobre la Ley de Comunicación Social aprobada en el Senado? Si no estaba ahí -entre tantas fotocopias- supongo entonces que alguno de sus colaboradores no le avisó de este llamado.

Y lo supongo porque de otra forma no entiendo algunas de sus palabras. Tomo un puñado de ellas, de nuevo: (…)“En México la única postura política que no se puede tolerar es la intolerancia, y tampoco hay lugar para la imposición frente a la diferencia (…)

Pasaron ya al menos 24 horas entre la carta que le enviamos para que no promulgue la Ley Chayote en el Diario Oficial de la Federación (así le hemos llamado a la Ley de Comunicación Social) y no hemos tenido respuesta. El silencio ha sido un más inquietante cuando, si usted observa con detenimiento, estamos ante una imposición por parte de los senadores y diputados, justamente contra lo que usted protestó en su discurso ante la CIRT.

Vera usted: los y las señoras legisladoras ignoraron, de cabo a rabo, las propuestas de estas organizaciones y periodistas quienes buscábamos que detuvieran las prácticas que han dañado, viciado, la relación Gobierno-medios de comunicación a través de la distribución discrecional de la publicidad oficial, es decir, esa que se ha pagado con recursos públicos.

Esto fue una imposición. Así, justo en los términos de su propio discurso. Quizá por ello debería, como le hemos pedido, no publicar esta Ley de Comunicación Social; tan solo por el hecho de ir en contra de lo que usted expresó ante los dueños de los medios de comunicación, paradójicamente.

A diferencia su principal opositor, Andrés Manuel López Obrador, (sí, el candidato del MORENA), usted ha escuchado a las organizaciones civiles aunque en alguna ocasión dijo que solo se fijaban en lo malo, que le hacían bullying.

Sr. Presidente esta petición no es bullying. Mire usted, al contrario, se trata de que cumpla con el compromiso 95 de su Pacto por México…¿se acuerda? Sí, cuando prometió crear una instancia ciudadana y autónoma que supervisaría la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios.

Esto no aparece por ningún lado en la Ley de Comunicación Social. ¿Ya la leyó? Obsérvela con cuidado, línea por línea; entonces se dará cuenta que va en contra de su intención como candidato del PRI en el año 2012.

Por el contrario, el control sobre cómo y a quién se reparte publicidad en este país quedará bajo el poder de la Secretaría de Gobernación. Es más, la imposición de los legisladores fue sobre usted y también pasaron por encima de las sugerencia hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y de otras instancias como la oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; ¿Lo va a permitir?

Quienes firmamos esa carta pedimos lo siguiente:

-Criterios claros y objetivos para la asignación de publicidad oficial  para terminar con la arbitrariedad y discreción en la distribución de la publicidad.

-Hay   que establecer controles publicitario, limitar y prohibir los sobre ejercicios presupuestales y establecer un tope de gastos.

-Desaparecer los mensajes extraordinarios que únicamente abonan a la discrecionalidad  en el manejo de la publicidad.

-No concentrar más poder  en la Secretaría de Gobernación.

Usted fue Gobernador del Estado de México y ahora Presidente de México, sabe cómo la distribución discrecional de la publicidad lo mismo premia que castiga a los medios de comunicación. Lo mismo hace crecer a un diario que aniquila a otro. La diferencia, en muchos de esos casos, no son el rigor o el profesionalismo de su periodismo. El cuento es otro: quién es dócil ante el poder y quién debe ser castigado por el delito imperdonable de ser crítico, o todavía peor, publicar algo que no era conveniente para los gobiernos.

A muchas colegas y reporteros nos ha frustrado trabajar bajo esas condiciones también generadas por los dueños de los medios quienes se acostumbraron a extender dócilmente la mano ante quien ocupa la silla presidencial o de gobernador. Esto no fortalece a nuestra democracia; tener ciudadanos mejor informados nos hará mejores.

Mire usted, piense en algo sino le hemos convencido: lo más probable –hasta el momento- es que su partido y candidato presidencial José Antonio Meade quede sumergido en el tercer lugar. Si mañana fueran las elecciones ganaría López Obrador. Entonces, la pregunta sería: ¿Le va a dejar esa Ley de Comunicación Social en sus manos? ¿Dejará que el Gobierno de López Obrador tenga la posibilidad de repartir el dinero discrecionalmente y a su conveniencia hacia los medios de comunicación?

A mí en lo personal no me gustaría porque que he sentido la censura en carne propia en dos ocasiones como sucedió con la investigación sobre su Casa Blanca en Las Lomas de Chapultepec. Y, en este sentido, tampoco quiero que suceda de nuevo con cualquier otro compañero o grupo de periodistas sin importar quién esté en el poder… ¿qué dice?

 

Los del PRI nunca entendieron que no entendieron

A unas horas del primer debate entre candidatos a la Presidencia de México, cada vez queda más claro qué alentará a la gente para salir a las urnas el próximo domingo 1 de julio. La más reciente encuesta del Grupo Reforma –publicada el pasado miércoles- reveló que para 59 por ciento de las personas consultadas lo más importante será sacar al PRI de Los Pinos y 76 por ciento de los entrevistados desaprobó cómo está haciendo su trabajo el Presidente Enrique Peña Nieto.

La gente está enojada, inconforme; eso es lo que mantiene a Andrés Manuel López Obrador en la cima de las preferencias electorales. Los resultados de la encuesta del Grupo Reforma han sido contundentes; no es la personalidad, ni las propuestas.

El candidato y líder del Movimiento de Regeneración Nacional  (Morena) lleva un 48 por ciento sobre un 26 por ciento de Ricardo Anaya (abanderado de esa extraña mezcla entre la derecha y la centro-izquierda) porque la gente quiere sacar al PRI de Los Pinos.

Quizá por ello los ataques y las críticas contra López Obrador por sus radicales propuestas contra la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México o respecto a dar marcha atrás la reforma educativa se han estrellado con pared.

A juzgar por el resultado la referida encuesta , los spots contra López Obrador promoviendo el miedo entre padres de familia porque puedan terminarse los beneficios de la reforma educativa no inciden –hasta el momento- en las preferencias electorales. Por arriba de cualquier bala de plata contra el candidato de la izquierda, está la desaprobación del Gobierno de Enrique Peña Nieto.  Esto es lo que en realidad mantiene en el fondo, en el tercer lugar de las encuestas, con un lejano 18 por ciento a José Antonio Meade.

El PRI demoró 12 años en regresar al poder y todo apunta a que perderán en las urnas a menos, desde luego, que ocurra una catástrofe con López Obrador. Por ello el debate del próximo domingo será importante. Para nadie sería una tontería pensar que todos los candidatos, incluida la independiente Margarita Zavala, se lanzarán al cuello del candidato de la izquierda.

La pregunta será si López Obrador aguantará los embates sin salirse de sus casillas; estamos ante su tercera candidatura consecutiva y, en las dos anteriores, su lengua lo traicionó.  En las elecciones de los años 2006  y 2012,  explotó ante los spots. Cómo olvidar ese “cállate chachalaca” lanzado contra al ex presidente Vicente Fox. “Al diablo con sus instituciones”, gritaba en sus mítines.

Las dudas sobre detener el nuevo aeropuerto o incluso parar la reforma energética pesarían más en contra de López Obrador, sino fuera por ese enojo contra el Gobierno de Enrique Peña Nieto y quien ha logrado capturar esa rabia ha sido el dueño de Morena.

Desde el Gobierno Federal, paradójicamente, parecen empeñados en hundir a Meade en el tercer lugar:  La Procuraduría General de la República (PGR) informó que la investigación del caso Odebrecht –el mayor escándalo de corrupción en América Latina- no está cerrada porque todavía faltan diligencias en el extranjero. Seis meses antes, Raúl Cervantes, dejó la propia PGR pero avisó públicamente que el expediente estaba cerrado, listo para enviarse a algún juez. ¿Quién mintió? Difícil saberlo.

Al día siguiente, la Secretaría de la Función Pública(SFP) difundió un escueto comunicado de prensa (así son ahí cuando se ha tratado de cosas importantes), ventilando una nueva inhabilitación a Odebrecht para no participar en licitaciones oficiales por dos años y seis meses. Además, informó que dos de sus representantes en México, incluido su ex director, Luis Meneses Weyll, fueron multados.

Esto parece una mala broma o una burla. Luis de Meneses Weyll está convertido en un delator ante la justicia brasileña y, en una de sus confesiones, dijo haber entregado millones de dólares en manos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, justo cuando éste formaba parte de la campaña de Peña Nieto.

Al brasileño no le preocupa regresar a México, tiene cuentas que atender en su país; de hecho, el propio gobierno mexicano tiene los suficientes datos para saber que él se fue, tranquilamente, poniendo todas sus cosas en un barco, sin que nadie lo molestara.

El Gobierno de Peña Nieto ha apostado por sancionar al gigante de la construcción brasileño y guardar en un cajón la investigación que podría tener vínculos con personajes de la política.  No puede saberse que pasará con esos expedientes en caso de un cambio de gobierno, pero en otros países como Perú y Brasil tomaron decisiones distintas.

Primero aceptaron un acuerdo con Brasil para no sancionar Odebrecht ni a sus ejecutivos, a cambio los testimonios y, sobre todo,  de los documentos, las pruebas en contra de sus políticos posiblemente involucrados en el escándalo. En México, no se aceptó ese trato: la constructora brasileña ya fue castigada por irregularidades en contratos con Pemex, pero sin duda sus cómplices podrán ir a votar  el próximo 1 de julio.

¿A lo largo de casi seis años en el gobierno todavía piensan que la gente no se da cuenta de lo que pasa? Creo que debería mirar con detenimiento la reciente encuesta del  Grupo Reforma.

 

Peña Nieto gasta millones de dólares en aviones y helicópteros

Para dar seguridad desde los cielos. El presidente Enrique Peña Nieto ordenó adquisiciones por más de 2 mil 390 millones de dólares en vehículos,  aviones y helicópteros de combate a compañías de Estados Unidos.

Así México pasó de ser el destinatario de la ayuda por parte del gobierno de Estados Unidos al cliente que paga bien por vehículos, aviones y helicópteros, asegura Iñigo Guevara,  investigador de temas de la industria aeroespaciales, defensa y seguridad de Wilson Center.

“La contratación de servicios defensa de México aumentó de manera conservadora durante la administración del presidente Peña Nieto, con el objetivo de abordar los problemas de obsolescencia y crear nuevas capacidades”, asegura el especialista en temas de seguridad.

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría Marina (Semar) ordenaron adquirir equipos de vigilancia aérea y terrestres procedentes de Estados Unidos de 2016 a 2018, los cuales suman una inversión superior a los 2 mil 390 millones de dólares, según el estudio Nuevos desarrollos en el fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas de México en el contexto de la cooperación militar entre los Estados Unidos y México.

El gobierno mexicano ordenó una compra de mil millones de dólares de helicópteros Sikorsky UH-60M Black Hawk: En total fueron adquiridos 26 aeronaves, de las cuales la Sedena pidió 18 y Semar encargó 8, detalla el análisis de Iñigo Guevara.

“La entrega de los últimos seis para Sedena está pendiente de entrega en 2018, mientras que SEMAR recibió las últimas cinco unidades durante 2017”, agrega. El helicóptero UH-60M es el transporte de aviación del ejército estadounidense estándar.

El ejército mexicano continúa recibiendo de Humvees, luego de que en 2015 compró más 3 mil 500 unidades a AM General HMMWV, describe el estudio del Wilson Center.

Guevara señala que Semar también adquirió 50 Humvees blindadas para equipar a sus Fuerzas de Operaciones Especiales. Aunque lo hará eventualmente será reemplazado por el Oshkosh JLTV, el HMMWV seguirá siendo el vehículo táctico de los militares de EU. Ambas dependencia destinados más de  500 millones de dólares.

Sedena y Semar pagaron más de 750 millones de dólares por la adquisición de 80 aviones Beechcraft T-6C Texan, según el centro de estudios con sede en Estados Unidos.

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Esas aeronaves son usadas por la Fuerza Aérea de EU como su sistema de aviones de entrenamiento. Por su parte, el ejército y los marinos usan los T-6C + en para interceptar aviones ligeros empleados por contrabandistas y narcotraficantes.

Las dependencias también compraron 16 aviones Beechcraft King Air 350ER, que son utilizados para la inteligencia, vigilancia, reconocimiento, comunicaciones y patrulla marítima.

Al menos 8 de ellos fueron para la Sedena y otras 8 para la Semar, las cuales se se siguen recibiendo y se pagaron más de 140 millones de dólares.

Los aviones adquiridos por México son similares al MC-21W utilizados para la inteligencia táctica por la fuerza aérea de EU, así como por la patrulla fronteriza y las aduanas.

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Ley Chayote, un atentado contra la democracia

Imaginemos a una reportera, apasionada de su trabajo, que llega comiéndose las uñas a una sala de redacción en un diario pequeño pero importante en su comunidad. Le ha costado mucho esfuerzo y, sobre todo, tiempo conseguir suficiente información para comprobar que el alcalde ha cometido un desvío de recursos públicos. Ahora sí puede demostrarlo; mejor todavía, ha logrado comprobar con documentos sobre la mano la ruta que siguió el dinero: desde las arcas públicas hasta una empresa de papel en las Islas Caimán.

 

Un par de meses atrás, su jefe y también director del diario, no aceptó publicar su reportaje porque según él faltaban pruebas. Ella aceptó la crítica de buena manera. De alguna manera le entusiasmaba y, sobre todo, sentía que la puerta del periódico estaba abierta para publicar esa historia. Por eso, ahora que traía documentos, las cosas serían distintas.

 

Al menos eso era lo que ella creía. Pero no sucedió así: la investigación no se publicaría. No aparecería en la primera ni en la última página del diario. Su jefe le dijo que esa información pondría en riesgo el contrato de publicidad del diario y, de ese dinero, se mantenían como empresa. Es más, con esa partida le pagaban su sueldo. La reportera deglutió la información con rabia contenida.

 

Esta historia pudo suceder en cualquier lugar de México. De hecho, seguramente han existido relatos aún más crudos y frustrantes. No ha importado si el alcalde –incluso el imaginario- pertenece al partido oficial, a la derecha o la izquierda. La filiación ideológica y partidista ha sido lo de menos cuando se trata de pautas publicitarias. Las cabezas de los ayuntamientos –hombres o mujeres- han distribuido discrecionalmente, como les ha venido en gana, el dinero público destinado a campañas de salud, a promocionar una carretera o inclusive para su propia imagen.

 

Lo mismo ha sucedido en los estados y también en los medios de comunicación ubicados en la Ciudad de México. Las bolsas de dinero etiquetadas para gastos publicitarios, desde siempre, se han convertido en la espada usada por los gobiernos para apretar cuando algo no debe publicarse o para alentar qué sí puede salir a la luz.  En este perverso juego quienes han perdido no son únicamente las periodistas. No, quienes finalmente se ha quedado sin información fueron los ciudadanos.

 

Esto es parte del México de nuestros días, como lo ha sido desde hace mucho tiempo atrás. Por ello fue importante lo sucedido el pasado 10 de abril, cuando en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General de Comunicación Social,  bautizada por activistas y periodistas como La Ley Chayote.

 

En el argot periodístico El Chayote ha significado, durante generaciones, la forma de llamarle al dinero recibido por los periodistas, directivos o dueños de medios de comunicación de manos de funcionarios.  Julio Scherer García, en su libro “Los Presidentes”, ubicó el origen del término en 1966, cuando en una ceremonia de inauguración de un sistema de riego en Tlaxcala, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el vocero de Los Pinos entregaba billetes a los reporteros oculto entre plantas chayote.

 

Desde luego existen otras anécdotas sobre el origen de El Chayote; pero lo indiscutible ha sido para qué sirve y de dónde viene. La nueva Ley General de Comunicación Social pretende legitimar esa práctica corrupta, en otras palabras, permitir que el vocero o servidor público ya no tenga que esconderse detrás de las plantas de chayote. El soborno ya es legal.

 

Esta ley –la cual aún debe pasar por el filtro de la Cámara de Senadores- concentra las decisiones sobre a quién dar dinero por publicidad y a quién castigar con la misma vara sino se ajustan los intereses del gobierno en turno. El reparto de la pauta publicitaria estará concentrada en la secretaría de Gobernación. No hay un artículo sobre entregar campañas oficiales, por ejemplo, dependiendo del número de lectores o de la penetración del medio de comunicación en determinadas capas sociales. Nada de eso; ni su profesionalismo y tampoco su prestigio importan. La discrecionalidad seguirá mandando.

 

Los diputados priistas ignoraron las propuestas y peticiones de organizaciones no gubernamentales para obligar a los medios de comunicación a identificar qué información viene una pauta publicitaria y cuál no.  Lo peor ha sido que ni siquiera tomaron en cuenta esas voces.

 

Los candidatos presidenciales también se han taponado los oídos y, quien ha tocado el tema, no entiende absolutamente nada.  En un tuit, Margarita Zavala escribió: “La Cámara de Diputados aprobó una ley que regula la publicidad oficial. Deberíamos más bien eliminar la publicidad que paga el dinero con nuestros impuestos y usar el dinero para reducir para reducir el ISR a los que menos ganan o duplicar el presupuesto público para fomentar la cultura”.

 

Cuando ella fue primera dama, su esposo el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) gastó no menos de 28 mil millones de pesos en publicidad, entre otras cosas, para justificar que su guerra contra el narcotráfico serviría para algo. Lo que está en juego no es eliminar las partidas; eso sería una locura.  Peña Nieto, su sucesor,  ha derrochado no menos 40 mil millones de pesos.  López Obrador, como jefe de Gobierno en la Ciudad de México clasificó los contratos con los medios de comunicación.

 

Si desaparecemos el presupuesto por completo entonces  ¿Cómo podría desplegarse una campaña de vacunación? ¿Qué hacemos para difundir medidas de protección civil? Esto, solo por citar dos ejemplos. Los tiempos oficiales en radio y televisión no bastan.

 

No, el fondo de esto es eliminar la discrecionalidad en esa bolsa de recursos públicos; transparentar su uso y que deje de ser la espada para dar la puntilla a los medios que publican información que toca los tentáculos del poder o, a la inversa, el único y precisado sostén económico de medios de comunicación en todo el país rendidos ante el poder.  A nivel federal, esto tiene que parar, sea quien sea el nuevo Presidente de México.

 

 

 

CCE exige plan al próximo presidente para bajar homicidios

Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exigirá a los candidatos a la presidencia de la República presentar una estrategia para reducir 40 por ciento la tasa de homicidios en México.

“Tenemos que reducir la tasa de homicidios en 40 por ciento en cinco años y hasta 60 por ciento en una década”, señaló el representante del organismo cúpula ante el presidente Enrique Peña Nieto, quien participó en la XXXV Asamblea Nacional del CCE.

Las empresas no pueden prosperar, los empleos no se pueden crear, ni la sociedad puede elevar su bienestar, si no se cumple la ley y se termina con la impunidad, manifestó encargado del organismo empresarial.

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México necesita confianza, paz y justicia para todos los mexicanos, así como poner un alto a la corrupción.

“En la próxima década tenemos que llevar el costo de la corrupción a la mitad y eliminarlo totalmente en el mediano plazo. Que la corrupción se acabe para todos los mexicanos. Y ahí tenemos que contribuir desde el sector empresarial”, declaró el presidente del CCE.

Enero de 2018 se convirtió el mes más violento del que haya registro en México, ya que en promedio 82 personas fueron asesinadas todos los días, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Cada hora perdieron la vida de forma violenta en el país entre tres y cuatro personas, luego de que se abrieron 2 mil 156 carpetas de investigación por homicidio doloso, agregó la entidad pública a cargo de la Secretaría de Gobernación.

La hoja de ruta para construir un mejor país: con una economía en crecimiento y una sociedad con mayor bienestar será presentada a los candidatos a la Presidencia de la República, según Juan Pablo Castañón.

El principal objetivo de las estrategias es obtener su compromiso con los principios de la agenda, y que asuman una posición clara frente a sus propuestas.

Castañón llamó a los candidatos a “pasar de los agravios, las respuestas fáciles y superficiales que solo apelan al encono social y la división… a un debate serio, profundo y responsable sobre el país que estamos construyendo”.

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Las incongruencias de Ricardo Anaya

Cuando el candidato presidencial de Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que sí metería a la cárcel a Enrique Peña Nieto si se comprobara que cometió actos de corrupción, lejos de mostrar un talante autoritario, también dejó ver sus incongruencias.

El Gobierno de este mismo mandatario al que metería a la cárcel donó no menos de 900 millones de dólares al programa Juntos Podemos, encabezado por la ex candidata presidencial del PAN en el 2012, Josefina Vázquez Mota, en una maniobra que durante años permaneció oculta y en la cual participaron las secretarías de Hacienda, encabezada entonces por Luis Videgaray, y de Relaciones Exteriores cuyo titular era nada menos que José Antonio Meade, su rival y, ahora candidato del PRI a la Presidencia.

En octubre del 2016, al difundirse esta investigación periodística por parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Anaya dijo que el sistema le tenía mucho miedo a Vázquez Mota y que, sobre todo, se trataba de una guerra sucia en contra de ella por haberse postulado, en su momento, como candidata a gobernar el Estado de México.

En una revisión especial de este caso hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se confirmó la existencia de irregularidades en la entrega de recursos públicos de 2014 a 2016 a la organización Juntos Podemos, presidida por Josefina Vázquez Mota, a través de consulados en Estados Unidos y en depósitos a dos organizaciones estadounidenses: AEM-USA Foundation y Parents Alliance Inc.

La ASF determinó probables daños a la Hacienda Pública Federal por un total de 39 millones 472 mil 300 pesos, por lo que promovió 35 recomendaciones, 18 denuncias por responsabilidades administrativas y 22 pliegos de observaciones.

Anaya guardó silencio ante las observaciones de la ASF. Pero, sobre todo, habría que agregar algo más: Josefina Vázquez Mota fue llamada a incorporarse a su equipo de campaña. Independientemente de los resultados de la auditoría, ¿Incorporó a su equipo a la ex candidata presidencial que recibió 900 millones de pesos del gobierno encabezado por quien según él no le temblaría el pulso para llevarlo a la cárcel? ¿Cómo entender que ni siquiera como dirigente nacional del PAN promovió algún tipo de sanción contra Vázquez Mota por haber aceptado dinero público en forma discrecional por un gobierno que según él está manchado por la corrupción?

Anaya ve solo hacia donde le conviene.

Cuando el mismo Anaya ha hablado del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción en América Latina, solo voltea hacia una posible inyección de dinero a la campaña presidencial del PRI con Peña Nieto al frente, pero olvida que una parte de los sobornos por 10.5 millones de dólares cayeron en Pemex durante el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, un miembro de su partido.

Él también, al igual que el Gobierno de Peña Nieto, está usando posibles actos o hechos de corrupción para ocultarlos debajo de la alfombra. Es decir, solo mira la paja en el ojo del vecino y no la viga en el propio. Hasta el momento, tampoco ha hablado de ir a fondo sobre qué sucedió con la Estela de Luz. Y se le podría hacer una pregunta más:

En caso de ganar, ¿aceptaría que el Gobierno de Peña Nieto le transfiriera entre 150 y 200 millones de pesos como gastos de transición presidencial? Se trata de recursos públicos cuya reglamentación para usarlos es, por lo menos, poco rigurosa. Pero, además, sería continuar en esa línea del derroche del erario. Desde luego, esa partida incluye sueldos para él y su equipo más cercano.

Cuando el interés público poco importa

“La decisión de quién será el próximo presidente de México le corresponde exclusivamente a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos”, dice una carta enviada a Peña Nieto por unos 60 politólogos, escritores, periodistas, académicos e intelectuales a propósito de la postura asumida por la Procuraduría General de la República respecto a la investigación sobre el supuesto lavado de dinero en el cual se habría visto involucrado Ricardo Anaya, el candidato presidencial de la alianza Por México al Frente.

En la misiva, publicada hace unos días,  exigen a Peña Nieto dejar de usar el aparato estatal para acometer contra uno de los aspirantes a sucederlo. En un lenguaje menos formal le dijeron; así no, Presidente.

Las críticas contra el Gobierno por difundir parte de una investigación que debería mantenerse bajo secreto, ha provocado una crisis dentro de la PGR. Quienes toman las decisiones ahí dentro argumentaron que lo hicieron por “interés público”. Lo increíble en esta decisión, es que hay muchos otros casos cargados con ese mismo interés público de los cuales no se sabe absolutamente nada.

Un ejemplo: hace dos semanas, el juez brasileño Sergio Moro recibió información sobre el caso Odebrecht en la cual apareció México. Esta es la primera vez que la Fiscalía –equivalente a la PGR– pone en sus manos expedientes en los cuales se detalla cómo ese poderoso grupo constructor pagó sobornos en nuestro país estimados, por lo menos, en 10.5 millones de dólares.

Hasta el momento, todo había quedado a nivel de la Fiscalía. Ahí fue donde el ex director de Odebrecht en México, Luis de Meneses Weyll, explicó cómo entregaron cinco millones de dólares a Emilio Lozoya en el año 2012 quien –desde su perspectiva– tenía posibilidades de ocupar un puesto importante en el Gobierno Peña Nieto. En ese momento, él ya les había ayudado para algunos negocios en Pemex, de acuerdo con un video difundido en diciembre pasado por El Quinto Elemento Lab. Lozoya formó parte del equipo de campaña del ahora Presidente y, posteriormente, fue nombrado director de Pemex.

La etapa de investigaciones emprendida por la Fiscalía brasileña sobre cómo Odebrecht hizo otra serie de pagos ilegales fuera de ese país ha concluido.  ¿Qué hará Moro? Muy poco o, mejor dicho, nada: su papel en esta historia ha sido únicamente sobre Brasil. Y así seguirá, no puede hacer otra cosa, por ley.  Hasta el momento, ha impuesto alrededor de 118 sentencias condenatorias dentro del caso Lava Jato –incluidos los tentáculos de Odebrecht–.  Una de ellas contra el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Y lo mismo hará sobre estos nuevos expedientes; emitirá sentencias sobre lo sucedido en Brasil. Moro podría imponer alguna pena al ex director de la constructora en México, Luis Weyll, y quizá también agregar algo contra Luiz Mameri, otro de los altos ejecutivos quien previamente había aportado información sobre los presuntos pagos a Emilio Lozoya.

¿Por qué Moro no puede hacer algo sobre México? No solo es por ley, también hay una razón de fondo: el 17 de febrero de 2017, fiscales de 11 países fueron a Brasil para participar en una cumbre sobre el caso Odebrecht. Ahí, se comprometieron a intercambiar información y trabajar juntos. A esa cita acudió el entonces procurador mexicano, Raúl Cervantes.

Poco se sabe de esto, pero a partir de ese momento, los países involucrados tenían seis meses para decidir si aceptaban o no, la propuesta de Brasil. El trato consistía en lo siguiente: podemos darles los documentos y los testimonios de los delatores a cambio de que los ejecutivos confesos y la propia empresa no sean juzgados fuera de territorio brasileño.

¿México aceptó esas condiciones para tener la confesión de Luis Weyll? La PGR, ni con el propio Raúl Cervantes y tampoco ahora con Alberto Díaz Beltrán, han informado cuál fue la postura de nuestro país. Los seis meses para aceptar las condiciones de Brasil terminaron en agosto pasado.

Lo que ha podido filtrarse y deducirse es que México decidió emprender su propia investigación. Es decir, tendrá que ir a buscar a los delatores por su cuenta. De hecho, ya hicieron algunas diligencias como fue una entrevista por más de cinco horas con Marcelo Odebrecht, el dueño de la compañía. Habrá que esperar si confesaron lo mismo. Pero eso debería estar dentro de la investigación ya concluida, según lo dijo Raúl Cervantes antes de renunciar a la PGR.

Hace unos días, la PGR puso por delante “el interés público” para dar a conocer el video del candidato presidencial  Ricardo Anaya cuando acudió a presentar un escrito ante la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). ¿Y no es de interés público del caso Odebrecht? ¿Por qué rechazaron el trato con Brasil ante el caso de corrupción más grande en América Latina? ¿No es de interés público saber por qué la investigación esta guardada?  Y lo peor ha sido que, el mismo encargado del despacho en la PGR, Díaz Beltrán, fue quien dirigió las indagatorias del caso Odebrech en tiempos de Raúl Cervantes.

 

Enrique Peña debe sacar las manos de las elecciones

Ricardo Anaya Cortés, candidato de la Coalición Por México al Frente, exigió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto sacar de las campañas sacar las manos, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) buscan vincularlo a una investigación de lavado de dinero.

“Saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo de México elija en completa libertad”, manifestó el ex presidente del PAN, quien estuvo acompañado en primera fila por el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato del PRI asesinado en marzo de 1994.

El político queretano hizo hincapié a los brutales ataques de los que ha sido blanco por parte del gobierno federal para intentar sacarlo de la elección presidencial de julio de 2018.

“Esto implica una grave amenaza a la democracia. Hoy es contra mí, mañana puede ser en contra de otro candidato o candidata o ciudadano opositor al régimen y esto no lo debemos permitir”, dijo el hombre, quien tuvo el respaldo de los dirigentes nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Damián Zepeda Vidales, Manuel Granados y Dante Delgado.

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Desde hace un par de semana Ricardo Anaya fue vinculado con Manuel Barreiro Castañeda, quien le ayudó a Ricardo Anaya a mover 54 millones de pesos a través de paraísos fiscales, según el abogado Adrián Xamán McGregor.

Xamán McGregor afirmó que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N” fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y 2017, para lavar dinero y entregárselo a una Ricardo Anaya.

Manuel Barreiro apoyó al candidato de la coalición Por México al Frente para la triangulación de recursos por 54 millones de pesos a beneficio de la empresa propiedad de Anaya y su familia política. Y desde hace unos meses, los defendidos por MacGregor han sentido presión por parte de las partes involucradas.

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) activar la alerta migratoria contra el empresario de Querétaro

Ricardo Anaya explicó que tiene muy clara la razón de los ataques de los que ha sido blanco: porque públicamente se ha comprometido a romper el pacto de impunidad y castigar la corrupción, mientras que López Obrador ya prometió perdonar a Enrique Peña Nieto y a todos sus colaboradores.

“Mientras no haya consecuencias no se va a acabar el problema de corrupción. Y los señalamientos de corrupción a este gobierno son muy graves, empezando por el escándalo de la Casa Blanca, los casos de Odebrecht, el socavón, la estafa maestra, los desvíos millonarios de Rosario Robles y José Antonio Meade en Sedesol, entre muchos otros”, enfatizó tras reiterar su compromiso de consolidar una fiscalía autónoma y apartidista.

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AMLO venderá flota aérea de 326 mdd

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato a la presidente de la República por Morena, venderá la flota de aviones comerciales adquiridos durante la administración del panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto.

“Se venderá el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno “, tiró el político tabasqueño, quien va por su tercera elección presidencial consecutiva y lidera las encuestas de preferencias electorales de cara a las elecciones del 1 de julio de 2018.

Los funcionarios públicos no viajarán en aviones y helicopteros privados, manifestó durante la toma de protesta como candidato ante sus integrantes de la asamblea de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

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El candidato a la presidencia de la República refrendó sus compromisos como la abolición de los fueros y privilegios, así como se acabarán los lujos, abusos y el despilfarro del gobierno federal.

“No vamos a traicionar al pueblo de México. Estoy consciente de mi responsabilidad histórica, quiero ser recordado como un buen presidente”, manifestó AMLO.

“Soy terco, necio, obcecado, perseverante, con esta misma convicción actuaré como presidente de la República. Con terquedad, con necedad y con perseverancia voy a acabar con la corrupción”, advirtió el candidato, quien en reiteradas ocasiones ha criticado el uso de los aviones por parte de los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Se adquirieron cinco aviones de uso comercial durante el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuyo costo asciende a 326 millones 326 mil pesos, según cifras consultadas por Rock 101.

Unos días antes de que dejara Los Pinos, Felipe Calderón adquirió en 125 millones 045 mil dólares un Boeing 797-8, un avión conocido como José Morelos y Pavón. Todos los conocen como el avión presidencial, el cual fue entregado el 3 de febrero de 2016.

La aeronave arribó al Hangar Presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente del aeropuerto Love Field de Dallas, Texas, en los Estados Unidos.

El presidente de México arriba del avión presidencial con sus secretarios y ex secretario durante un viaje.

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Ya durante el mandato de Enrique Peña Nieto se compraron otros aviones para transportar al personal de alto rango del gobierno. Por ejemplo, se hicieron a cambio de 27 millones 520 mil dólares de un Challenger 605 en 2014.

Un año después compraron tres aviones comerciales más, según datos consultados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Primero adquirieron un Gulfstream G-150 a la compañía estadounidense Gulfstrem Aeroespace Corporation por unos 37 millones 750 mil dólares.

En 2015, hicieron un paquete para compraron dos aviones Boeing 737-800; una aeronave costo curiosamente más barata que la otra.

Las autoridades a cargo de Enrique Peña Nieto pagaron a la arrendadora alemana German Aviation Capital (GMBH) unos 65 millones de dólares y al fabricante estadounidense The Boeing Company le dieron 71 millones de dólares.

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Sedena comprará 465 Humvees para combatir el crimen

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuenta con un plan para adquirir 465 humvees blindadas último modelo para reducir la ola de crimen, que llevó a México en 2017 a tener el año más violento de toda su historia.

“Al contar con vehículos tácticos (Humvee), se reducirá la violencia, en virtud de que citados automotores estarán en óptimas condiciones contribuyendo a realizar de manera eficiente la totalidad de actividades ordenadas por el alto mando en beneficio a la población civil”, revela un documento de la Sedena enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La documentación de la Dirección General de Administración explica que se requieren más de mil 33 millones de pesos para la compra de los vehículos a ser usados por las fuerzas armadas.

“Gran porcentaje de los Humvee se encuentran fuera de servicio por presentar fallas mayores por su empleo durante las diversas actividades de las unidades”, dice el análisis al que tuvo acceso Rock 101.

A mediados de octubre de 2017, AM General, quien es el fabricante del vehículo de combate, recibió a delegaciones de México, Japón, Singapur y Jordania, así como a representantes del ejército de los EU  para mostrarles el ETI-HMMWV Hawkeye.

La compañía estadounidense dijo que se les presentó a los representantes de la delegación internacional  de primera mano el poderoso, innovador y rentable: ETI – HMMWV Hawkeye.

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“El sistema de armas demuestra una verdadera innovación al proporcionar a los comandantes artillería altamente móvil y fácil de desplegar basada en el omnipresente HMMWV”, dijo la empresa estadounidense sobre su nuevo vehículo.

Para usar los vehículos puestos de moda y desarrollados en la década de 1980 por Estados Unidos se erogan altos costos por mantenimiento, así como el presupuesto por refacciones y servicio para vehículos se ve comprometido e incluso en algunas ocasiones es insuficiente, señala la Sedena.

“Realizar el mantenimiento mayor a los vehículos tácticos, que se consideran de máxima prioridad, repercute en la operatividad de las unidades de este Instituto Armado por el tiempo que se encuentran en los talleres de reparación y el funcionamiento condicionado de los mismos”, dice la dependencia.

El presidente Enrique Peña Nieto ve como indispensable renovar los automotores para cumplir con éxito la totalidad de las misiones que se tienen encomendadas a la dependencia a cargo de Salvador Cienfuegos Zepeda.

“La necesidad que tiene el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos por atender con el presente programa de inversión es defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, así como garantizar la  seguridad interior”, 

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Los hijos de Claudio X. González luchan contra la corrupción

Los hijos de Claudio X. González Laporte, fundador del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), mueven desde su propia trinchera la lucha contra la corrupción.

No tuve que ver con que Pablo, mi hermano, quien es director general de Kimberly Clark y cabildeó el capítulo anticorrupción en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), asegura Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Pablo (González Guajardo) fue seleccionado por el grupo empresarial que está acompañando al gobierno de México en la modernización del TLCAN”, explica a Rock 101.

¿Le pediste a Pablo González Guajardo cabildear el capítulo anticorrupción en el TLCAN ?, se le cuestiona al hijo del empresario.

No.

Con la incorporación del capítulo anticorrupción al TLCAN se le dio un cariz de ataque a la impunidad en Estados Unidos, Canadá y México, una nación donde hay menos estado de derecho, expresó Claudio X. González Guajardo, quien encabeza su lucha desde su organización civil, así como en las calles acompañando a otros líderes sociales y empresariales.

El presidente Enrique Peña Nieto pidió a Claudio X. Gonzalez Laporte que “su hijo debería dejar de ser tan crítico con el gobierno”, informó The New York Times a finales de agosto de 2017.

El hijo de González Laporte, Claudio X. González Guajardo, ha pasado casi dos décadas combatiendo la corrupción y la impunidad que tanto deterioran a México. Pero su proyecto más reciente, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad estaba haciendo demasiado ruido para gusto del presidente”,  anotó el rotativo estadounidense.

El trabajo del activista ha continuado, a pesar del pedido presidencial: El pasado 31 de enero de 2018 exigió a Peña Nieto y a los precandidatos presidenciales reformar el artículo 102 de la Constitución y crear una Fiscalía General independiente.

Mexicanos Contra la Corrupción sigue publicando información sensible sobre los funcionarios del gobierno federal, así como de otros políticos del PRI, PAN y Morena.

El capítulo anticorrupción cerrado en el TLCAN es una pieza entre muchas, ya que también se necesita reformar la constitución política y la institucionalidad de la procuración de justicia en México, expuso el activista.

Los precandidatos deben mostrar políticas para que haya más estado de derecho, agregó.

Por su parte, Pablo González Guajardo junto con Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), les tocó convencer a los rengociadores del TLCAN de que la corrupción estaba afectando fuertemente a México.

Los dos empresarios empujaron para que en el TLCAN quedarán asentado que haya una cooperación por parte de Estados Unidos, Canadá y México para perseguir los sobornos, cohecho internacional, malversación y desvío de recursos, tráfico de influencias y peculado cometido por las empresas y autoridades.

Ese capítulo obliga a Enrique Peña Nieto, en caso de que se termine la renegociación en diciembre de 2018, o al futuro presidente instrumentar el Sistema Nacional Anticorrupción, la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía Anticorrupción, así como las leyes secundarias de la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública.

Así operaron los hijos de Claudio X. González Laporte para atar a cualquier presidente de la República a ser transparente y dar un golpe a los corruptos. Una lucha la hicieron a nivel internacional y la otra en las calles, en las organizaciones civiles y ahora a través de la Constitución.

El poder de Don Claudio

El poder de Claudio X. González Laporte vienen desde las década de los setentas. Pero comenzó tener mayor presencia a finales de los 80, cuando el Consejo Mexicanos de Negocios (CMN) intensificó su trabajo durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari. El dueño de Kimberly Clark ha sido en repetidas ocasiones presidente del CMN y ha tenido influencia en la política.

El organismo con fuerte peso en el CCE fundado en 1962 ha influenciado sobre las decisiones de la política económica de México, asegura Marcela Briz Garizurieta, autora del libro El Consejo Mexicano de Hombres de Negocio (CMHN): surgimiento y consolidación.

Algunos de sus miembros del CMN decidieron salir del anonimato, cuando participaron en la Comisión de Financiamiento del PRI y en las campañas presidenciales de Salinas de Gortari, entre ellos,  Antonio Madero Bracho, Fernando Senderos Mestre, Carlos Slim Helu.

“Otro de sus integrantes participaron en la administración salinista: Los ejemplos más sobresalientes son los de Claudio X. González, quien fue nombrado asesor presidencial y el de Juan Gallardo Thurlow, que fue representante del sector empresarial en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLCAN)”, comenta la especialista.

La influencia del club de amigos millonarios, dice la investigación, fue más visible a partir de los cambios estructurales de la economía mexicana con Salinas de Gortari, particularmente con la privatización de empresas públicas, la apertura económica y la ley de inversiones extranjeras.

La obra publicada por la UNAM explica que la colaboración del CMHN con el régimen salinista se centró en la coordinación y gestión ante del Congreso de EU y empresarios estadounidenses para validar y aprobar el TLCAN.

“A diferencia de otras organizaciones empresariales, el CMHN agrupa a sólo empresarios, no a empresas; su sistema de afiliación es selectivo, porque tienes que ser invitado por dos miembros de la organización y ser aprobado por el consejo”, dice Briz Garizurieta.

Entre los grandes empresarios agremiados al Consejo figuran: Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, Alberto Baillères, presidente de Industrias Peñoles, José Antonio Fernández Carvajal, presidente de Femsa, Dionisio Garza Medina, presidente de Alfa, Roberto Hernández, consejero de Banamex, así como Roberto Servitje Sendra, presidente de Bimbo, entre otros más.

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