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La absurda comedia que habla de corrupción

En México no hay fiscal anticorrupción y, lo peor, es que no lo habrá hasta después de la elección presidencial. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos y la respuesta sería fácil: porque así lo decidieron los senadores.  En una reciente entrevista en televisión escuche el priista Emilio Gamboa mencionar esto como si se tratara de un padre bondadoso aleja a sus hijos de algo peligroso, de una sustancia que los podría contaminar. Él y sus compañeros piensan que lo mejor para los ciudadanos es no meternos en un tema árido y quizá hasta controvertido en medio de una elección presidencial. Somos quienes pagan su sueldo y no atienden una de las necesidades más urgentes para este país: el combate a la corrupción.

El último estudio de Transparencia Internacional ha sido como una cubetada de agua helada sobre la espalda respecto a este tema. En el índice que mide percepción sobre la corrupción México ocupó el lugar 135 entre 180 naciones medidas. De 10 puntos posibles, nuestro país obtuvo una calificación de 2.9. México es el peor país entre los miembros de la OCDE. México tiene la calificación más baja dentro del G-20.

De hecho, México nunca ha obtenido una calificación mínima aprobatoria de 6. Aún más, en los registros históricos de Transparencia Internacional jamás hemos llegado, por lo menos, a 4 de los 10 puntos posibles.

Lo terrible en esta absurda comedia será desde las precampañas y seguramente a lo largo de las campañas presidenciales en este 2018, el tema de la corrupción estará a discusión permanentemente; algunos lo harán para atacar al rival, otros para colgarse una medalla en transparencia y, los menos, para propuestas concretas.

Llegamos a una elección presidencial en un país donde la corrupción sistémica, es que se anida en el poder sin importar ideologías ni siglas partidistas, es un tema que debe postergarse. Y lo peor es que, quienes lo deciden, nunca lo consultaron la gente.  El asunto puede tornarse peor si pensamos que al momento de votar no sabremos qué pasó en México con el caso Odebrecht porque el expediente está guardado en alguna gaveta de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los ciudadanos cruzaremos la boleta a favor de cualquier candidato sin que los legisladores de los partidos nos dieran un fiscal anticorrupción. En México se han creado decenas de leyes y reglamentos para combatir este cáncer, y también nació el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Alguien podría decir que la Auditoría Superior de la Federación ahora ha dado mejores resultados. Sin embargo, es evidente que algo está muy mal. Seguimos con calificaciones reprobatorias en el índice de Transparencia Internacional.

Los candidatos y sus equipos están perdidos en esto. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, asume que esta batalla se ganará con el ejemplo, con una especie de clase de moral desde Los Pinos. Ojalá fuera tan sencillo,  claro está que los países con calificaciones de 10 –la mayoría nórdicos- no diseñaron sus sistema anticorrupción con ganas, coraje y buena voluntad. Se necesitan programas, instituciones, mecanismos para castigar la corrupción. No se trata de instituciones autónomas, sino independientes, dos conceptos distintos.

 

 

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