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Enrique Ochoa Reza hipoteca al PRI

Enrique Ochoa Reza, diputado plurinominal del PRI, siendo presidente de su partido pidió un millonario préstamo para reflotar la precampaña y campaña de los candidatos priista a la presidencia de la República, a cambio dejó en garantía inmuebles o prerrogativas, que buscan ser recortadas por Morena.

“Banco Interacciones (del empresario Carlos Hank Rohn) prestó más de 205 millones de pesos al PRI en 2017”, revela un documento al que tuvo acceso Rock 101.

Al 4 de septiembre de 2018, el partido arrasado en las urnas el 1 de julio por Morena hizo un pago para que el endeudamiento con el banco quedase en 179 millones 349 mil pesos, señala la información de la Secretaría de Finanzas y Administración del CEN del PRI.

La encargada de pagar esos compromisos financieros con Interacciones es Claudia Ruiz Massieu Salinas, senadora plurinominal y presidenta del PRI, quien llegó a reemplazar al diputado plurinominal René Juárez Cisneros.

Ochoa Reza, quien en foros y entrevistas afirmaba que José Antonio Meade sería el presidente de la República, dejó al PRI en momentos donde se definía quien llegaría a Los Pinos para que fuera conducido por René Juárez Cisneros.

El PRI quedó en tercer lugar en la elección presidencial, así como perdió espacios en la cámara de diputados y senadores, los congresos estatales y gubernaturas. En el INE no se encontró algún registro sobre del financiamiento pedido al Banco Interacciones.

Del 1 de enero de 2013 hasta el 07 de agosto de 2018, el PRI reporta que solo ha conseguido dinero al banco fundado por Carlos Hank Rohn, quien en 2005 sufrió un traspié político, cuando el mítico Grupo Atlacomulco se jugó la candidatura a la gubernatura del Estado de México por un joven desconocido y ahora presidente de México: Enrique Peña Nieto.

El banquero mexiquense es hijo del profesor Carlos Hank González, quien fue gobernador del Estado de México y regente de la Ciudad de México.

Los bancos extranjeros y mexicanos como Interacciones, que se fusionó con Banorte, pueden hacer préstamos a cualquiera de los partidos políticos, siempre y cuando dejen en garantía las prerrogativas o financiamiento otorgado por el Instituto Federal de Electoral (INE) o entreguen como aval prendario algunos bienes inmuebles o edificios. Los bancos y empresas están impedidas en donar o dar dinero a los partidos políticos.

El PRI y el PAN tienen edificios muy valiosos, que en un momento dado si no los ocupa, pueden vendidos a dependencias federales o de la Ciudad de México o a empresas nacionales o extranjeras, dijo Alejandro Kuri, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

El terreno en la Ciudad de México es cada vez más escaso, así como es difícil encontrar un predio con esas características, como los del  PRI, agrega el empresario.

Actualmente, el partido presidido Claudia Ruiz Massieu es dueño de tres  predios ubicados en la colonia Tabacalera y en Buenavista, cuyo valor catastral es de unos 382 millones de pesos. Ese valor de los inumebles puede incrementarse en hasta 200 por ciento, según valuadores de propiedades.

Los otros préstamos

Banorte-Interacciones también financian a gobiernos estatales con el propósito de que construyan obras e infraestructura para la población.

A junio de 2018,  al banco fuerte de México le debían unos 141 mil 042 millones de pesos los estados y municipios, quienes son gobernados por políticos que han salido del PRI, PAN, PRD y otros partidos políticos, según los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Nuevo León, una entidad gobernada por el independiente Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, le debe más de  21 mil 097 millones de pesos a los dos bancos.

Chihuahua, quien es gobernada por el panista Javier Corral Jurado, adeuda más de  18 mil 256 millones de pesos al banco dirigido por Carlos Hank González, hijo de Carlos Hank Rhon fundador de Interacciones.

Coahuila, un estado gobernado por el priista Miguel Ángel Riquelme, tiene compromisos por más de  17 mil 295 millones de pesos con Banorte e Interacciones.

Estado de México, quien es gobernado por el priista Alfredo del Mazo Maza, tiene una deuda de aproximadamente 16 mil millones de pesos con el segundo banco más grande de la república mexicana.

Endeudan al Estado para pagarle a Seguritech

La sociedad civil y clase empresarial de Baja California exigió al gobernador Francisco Vega de Lamadrid echar atrás el contrato de 4 mil 488 millones de pesos ganado por Seguritech para construir el sistema de coordinación, comando, control, Comunicaciones, cómputo e inteligencia (C5i), porque se endeuda por 22 años a los bajacalifornianos.

Así ocurrió, cuando a finales de octubre de 2017 el congreso de Baja California aprobó deuda por 800 millones de pesos para pagar hasta la última cámara instalada por Ariel Zeev Picker Schatz, un empresario que pasó de ser dueño de una empresa de alarmas para automóviles a ser el proveedor del C5i del Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa, Guerrero y Sonora.

“Debe analizarse si es el momento adecuado para contar con un C5i”, porque se construirá a partir de un endeudamiento, argumentó Armando León Ptacnik, presidente de la Federación Coparmex de Baja California.

El empresario pidió a los diputados locales y al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid escuchar la opinión de la ciudadanía, quien disfrutará de los beneficios o sufrirá para pagar proyectos como los de videovigilancia planteados.

El rechazo a la obra de mayor envergadura de Kiko Vega para detener los altos índices de violencia inició el 6 de noviembre de 2016, día en que la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California entregó por asignación directa la construcción del C5i a Seguritech Privada y Architecture Engineering & Specialized Services.

La obra adjudicada a la empresa de Ariel Zeev Picker Schatz tiene un costo mensual de 17 millones de 667 mil pesos sin IVA, revelan las actas de dictamen económico y fallo de la Asociación Público Privada (APP). Es decir que por los próximas dos décadas pagarán más de 4 mil 488 millones de pesos.

El fallo otorgado por la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, la Unidad Técnica de Inversión de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano levantó muchas sospechas entre la sociedad civil y clase empresarial.

Los documentos del esquema de inversión en poder de Rock 101 explican que la propuesta técnica y económica presentada por Seguritech Privada fue la mejor calificada por las autoridades de Baja California.

Algo que generó dudas entre la sociedad se da cuando la firma de Ariel Picker participa como única concursante para automatizar la vigilancia en forma remota a través de cámaras, arcos de vigilancia, torres de comunicaciones para sistemas inalámbricos de voz, datos e imágenes con fibra óptica y antenas.

El contrato obtenido por Seguritech la obligan a diseñar, elaborar un  proyecto ejecutivo, construir, así como conservar y darle mantenimiento por 22 años al C5 de Baja California.

La licitación para construir el C5 no es clara en el proceso, faltó transparencia, así como la Asociación Público Privada (APP) representa un alto endeudamiento para la entidad, advierte Armando León Ptacnik.

“No podemos dejarle la tarjeta de crédito llena al siguiente gobernador, sino una capacidad de maniobra”, comenta.

Hubo oscuridad cuando se licitó el C5 por parte de la autoridades de Baja California, asegura Rodrigo Llantada Ávila, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mexicali.

Las acciones del gobernador de Baja California para crear un centro de monitoreo fueron irregulares, agrega el representante patronal.

Se le solicitó al gobierno revisar las bases de licitación para que se no limite ni restrinja la participación de empresas medianas y pequeñas por su tamaño o capital para que construyan el C5, señala Gilberto Fimbres Hernández, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana.

“Lo ideal es que Seguritech no se quede de manera directa con el contrato del C5i, sino que también se abra la participación para que participen las pequeñas y medianas empresas”, concluye Fimbres Hernández.

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