hi

La boda y la consistencia

En una entrevista que concedió Kevin Spacey a Adela Micha en Acapulco, en la cúspide de su éxito como Frank Underwood, en una visita que incluyó saludar al Presidente Peña, a una pregunta específica de que es lo que él consideraba que lo había mantenido alejado de la prensa de chisme y escándalos de la farándula, Spacey respondió simplemente: la consistencia. En esa entrevista dijo que al llevar una vida consistente en lo privado y en lo público, no era sujeto de interés para el ‘gossip’ porque no había nada jugoso que descubrir. Hasta que llego la denuncia de una persona por un comportamiento ofensivo de parte de Spacey, hace varios años, y la consistencia se rompió. Estoy convencido de que Spacey tuvo un manejo pésimo de la crisis y al intentar desviar la atención, o al tratar de encontrar simpatía hacia su situación, saliendo del closet en circunstancias adversas y controvertidas al inicio del movimiento #metoo, desde mi perspectiva, la destrucción de su propia historia de consistencia fue demasiado para un perfeccionista metódico como fue hasta ese momento en su carrera.

Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del Gobernador de Tamaulipas, y Senador actual por el PAN, fue sorprendido viendo imágenes sugerentes en su móvil en plena sesión del Senado. Lo ofensivo, mas allá de estar en este tipo de actividades en horas de trabajo que requerirían su atención, fue el lenguaje utilizado en el chat que presentaba a una mujer en actitud sugerente: ‘pásame el cel del padrote no seas gacho, ya me la quiero zumbar’ le solicitan al legislador que contesta: ‘ya somos 2’. ‘Ofrezco una sincera disculpa por la forma ofensiva en la que me expresé en una comunicación privada durante la sesión del Senado…’ fue la respuesta ofrecida a los medios por parte del Senador, sin darse cuenta que precisamente, en el carácter privado de esa conversación radica la esencia del problema. Un personaje que públicamente se conduce de una forma y que privadamente se conduce de otra. La consistencia a la que se refería Spacey. El ofrecer disculpas por ser sorprendido en la ‘privacidad’ -estaba en el salón de sesiones del Senado- de una conversación que denigra al sexo femenino y deja ver conexiones con los proveedores de servicios ilegales, deja al descubierto la auténtica personalidad del personaje.

Haciendo fila para pagar en el supermercado, un periodista divaga en los anaqueles y descubre el último ejemplar de la revista Hola. Le llama la atención la portada en donde aparece la Primera Dama, esposa del Presidente Peña, modelando y presentando su nueva casa. Una residencia espectacular con grandes espacios ambientados de manera cinematografía, alberca, terrazas, lo último en diseño arquitectónico. Sorprende la dimensión de la casa, más aún cuando se considera el lugar en el que se ubica, en Las Lomas de Chapultepec, una de las zonas con el precio por metro cuadrado más caro de México. Este descubrimiento circunstancial da origen a una investigación profunda que da como resultado una red de negocios con indicios muy claros de actos de corrupción. Nuevamente, en un intento por ocultar el descubrimiento -que no el acto en sí-, la defensa de los protagonistas de esta historia es fatal. Utilizando la figura de una actriz reconocida -esa misma Primera Dama-, se pretende crear una reacción de disgusto por la terrible ‘ofensa’ por dudar de su decencia y rectitud, intentando alejar la atención de, nada menos que, el Presidente de México. Una declaración adicional que le da el Presidente en Septiembre de 2014 -anterior al reportaje de La Casa Blanca, de noviembre de ese mismo 2014- a un grupo de periodistas sobre que la corrupción es ‘una debilidad de orden cultural’ termina por afectar de manera determinante el desempeño del Gobierno de Peña. La duda sobre su propia honestidad permea en un sexenio marcado por los Duartes, Borges, Lozoyas, Ruiz Esparzas, en el que pareciera que la falta de consistencia en el discurso de la legalidad y corrupción por parte del Presidente fuera una ‘carta blanca’ para seguir el camino de la corrupción.

El sábado 29 de septiembre se llevó a cabo una boda que destaco por lo fastuoso y por los protagonistas: Dulce María Silva Hernández, cuya familia es propietaria de una de las empresas más sólidas y exitosas de Puebla fundada en 1955 dedicada al empaque de carnes de cerdo y pavo; y Cesar Yañez Centeno, anterior vocero y coordinador de comunicación social de Andrés Manuel López Obrador, hoy propuesto para ser Coordinador de Política y Gobierno del Gabinete de AMLO. Una boda fastuosa, sí, pero dentro de los márgenes de una familia pudiente y reconocida en el ámbito empresarial y social de Puebla. Ciertamente, en el entorno de una sociedad conservadora como la poblana, con los recursos de una empresa exitosa con más de 50 años de existencia, y con los compromisos sociales, empresariales y políticos que exige un negocio de renombre, la boda representa le presencia de la familia de Dulce María en Puebla, en lo social y en lo económico. Nada que reprochar en el terreno de la corrupción o el derroche de recursos ajenos. Sin embargo, el que el novio sea una de las personas cercanas, sino es que la más cercana a López Obrador, en el proceso de transición hacia un nuevo gobierno enmarcado en la ideología de la austeridad republicana, el rechazo a acciones despóticas de gobernantes sobre gobernados, la premisa de una sociedad más igualitaria como principio rector, convierte al evento en un acto cuestionable de sensibilidad política que evoluciona posteriormente a una autentica afrenta cuando al lunes siguiente aparece en la portada de la misma revista Hola, que solo cuatro años atrás utilizo la Primera Dama para presumir su ‘nuevo hogar’, la pareja de Dulce María y Cesar con un insert de López Obrador y su mujer. Es de sorprender que un profesional de la comunicación que ha negociado y discutido con centenares de periodistas a lo largo del camino de López Obrador a la Presidencia, como Cesar Yañez, no fuera consciente de las repercusiones de utilizar precisamente ese medio para difundir su boda. Aunque seguramente fue la presión social de la novia y su familia -la siempre anhelada portada de Hola para la ‘gente bien’ de alta sociedad- el mensaje no solicita explicaciones y el impacto es demoledor con un sabor a inconsistencia que seguidores de AMLO interpretan como ‘traición’ y enemigos de AMLO reciben como bendición. “No me casé yo, yo fui invitado, asistí, cada quien es responsable de sus actos” defendió AMLO cuando le preguntaron los periodistas sobre la boda. ”No fue una acción de gobierno, se trata de un evento social, privado, yo asistí, desde luego que están cuestionando nuestros adversarios porque andan buscando cualquier posible error para hacernos la crítica, se me hace que tienen derecho a hacerlo”, continuó, dejando claro que efectivamente, la boda, su publicación, pudo haber sido un error.

La consistencia, efectivamente, es la razón sólida que evita tropiezos y escándalos de las figuras públicas. Pero la consistencia no es un ‘algo’ que se aprende o se imita. La consistencia es una forma de vida que solo se puede dar cuando hay coherencia entre los valores íntimos y las expresiones públicas de esos mismos valores. En política, esa conjunción a veces exige sensibilidad como una forma de respeto al ciudadano de a pie. Esa sensibilidad por supuesto que exige sacrificios y atención al detalle, como en este caso hubiera sido una boda modesta, sin desplantes frívolos en revistas ‘marcadas’ que tuvieran la sospecha de ofensa al elector.

Creo que al final lo más preocupante es que aun cuando seguramente estas valoraciones de dieron en algún momento previo a los hechos, fueron desestimadas o ignoradas con base en el ejercicio de poder.

Un circo llamado Javier Duarte

Cómo olvidar la sonrisa burlona de Javier Duarte. La vimos cuando lo detuvieron en Guatemala y durante su traslado a México. Esas imágenes dejaban un sabor amargo y la indignación a flor de piel.

La interminable lista de casos de impunidad en México nos hacía sentir que algo no estaba bien.

Hace unos días, el ex gobernador de Veracruz fue condenado a 9 años de prisión –que puede acortarse a la mitad- y una multa de 58 mil 890 pesos. La sonrisa del ex gobernador de Veracruz nos ha dejado en claro que la corrupción en México está legalizada.

El circo montado sobre el caso Javier Duarte descansa en la forma en que el Gobierno de Enrique Peña Nieto prometió someterlo ante la ley.

Los responsables de este espectáculo están dentro de las círculos oficiales.

La carpa no la han montado los periodistas que han revelado la corrupción en Veracruz. De hecho, sino fuera por ellas y ellos especialmente Arturo Ángel del portal Animal Político, lo sucedido quizá nunca hubiera sido del dominio público.

Si el desvío de recursos públicos mediante empresas fachada y el lavado de dinero a través por lo menos 90 propiedades no fuese descubierto, Javier Duarte probablemente seguiría con su carrera política. Ahora mismo quizá estaría sentado en una curul en la Cámara de Diputados o un escaño en el Senado.

El Gobierno de Peña Nieto reaccionó ante la presión social y política por la corrupción de Javier Duarte, pero el sistema legal tiene márgenes suficientemente anchos para que los culpables pacten impunidad a cambio de silencio.

Se trata de que Javier Duarte no abra la boca ante el juez Marco Antonio Fuerte para impedir que se ventilen intereses políticos y el probable financiamiento de campañas desde Veracruz incluida la presidencial del 2012 cuando el candidato del PRI era Peña Nieto.

Si no hubiera existido el reportaje de Arturo Ángel el sistema lo seguiría protegido. De hecho, eso fue lo que hicieron; arroparlo ante el periodismo de investigación.

En la última audiencia de Javier Duarte, la Procuraduría General de la República (PGR) no pudo exigir la reparación del daño porque los delitos imputados no lo tienen previsto.

Una cruda de realidad. Un hoyo negro del sistema legal que hizo pagar al ex gobernador una multa de 58 mil 890 pesos a pesar de que desvió junto con sus testaferros no menos de 75 mil millones de pesos. Si habláramos de un circo, esto sería un acto de magia. Un sorprendente truco legal.

A Duarte le quitaron 21 terrenos y 20 propiedades entre ellas 24 terrenos en Campeche; 4 departamentos en Ixtapa; 9 en la Ciudad de México y tres más en la exclusiva zona de Santa Fe; un edificio en las Lomas de Chapultepec y 2 departamentos más en Polanco, una de los barrios más costosos de la capital del país.

Sorprendente patrimonio para quien ha vivido siempre como servidor público. Pero lo increíble, es cómo la PGR apenas tocó el 22% de las 90 propiedades localizadas, algunas de ellas gracias a los trabajos de investigación periodística.

Javier Duarte negoció con la PGR para declararse culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa a cambio de una pena mínima. Este personaje logró escabullirse de un castigo mayor como quien libra con ágiles movimientos a un lanzador de cuchillos.

Aunque esta escena también fue un truco: Javier Duarte y la PGR pactaron un “procedimiento abreviado” previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Pero este tipo de acuerdo únicamente lo puede solicitar el Ministerio Público, nunca el imputado.

En la columna de Ana Laura Magaloni titulada “El trato VIP de Javier Duarte” publicada por el diario Reforma cuestiona por qué el procurador Alberto Elías Beltrán optó por un “procedimiento abreviado” cuando pudo dejar correr el juicio oral completo para no reducir los años de cárcel ni la multa.

¿Por qué no presentaron pruebas sobre enriquecimiento ilícito y fraude fiscal?”, preguntó la especialista.

Lo terrible es que la PGR actuó dentro del marco jurídico. Es decir, el trato VIP a Duarte fue legal. Así están nuestras leyes, llenas de
hoyos negros para quienes pueden aprovecharlos.

Ahora le tocará al nuevo Gobierno desmontar este sistema. El Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el caso Javier Duarte fue un circo. El relevo generacional en el servicio público y tolerancia cero a la impunidad pueden acabar con este tipo de grotescos espectáculos.

Pero también quedará en sus manos decidir si investigarán a Javier Duarte por las fosas con cientos de cuerpos y el asesinato de periodistas. Estos delitos están impunes. El circo seguirá de plaza en plaza sino atienden esto y el ex gobernador continuará riéndose de nosotros.

 

ES DE INTERÉS |

Senadora de Morena luce joyas de 70 mil pesos en tiempos de “austeridad”

El fuero y su relación con la corrupción

La revolución tecnológica, de la misma forma que antes la revolución industrial y la revolución social cambiaron nuestro mundo, está provocando aperturas de pensamiento, de visión, a una velocidad extraordinaria que muchas veces no alcanzan a ser digeridos por las nomenclaturas  que, en obstinada conveniencia, insisten en mantener un status quo que hasta antes de esta revolución tecnológica había sido funcional. El exceso de información, la horizontalidad de la misma que permite un juego interactivo de altísima eficiencia informativa, ha creado un mundo nuevo en el que todo se sabe, todo se difunde, nada se esconde, y los criterios de convivencia, de autoridad, de respeto a las instituciones son todos vapuleados desde su raíz rompiendo con ello paradigmas que habían ayudado a mantener un orden social y político. Al destruirse esos criterios a partir de la exhibición constante de las formas y estilos de vida que realmente ocurren detrás de la pantalla ‘honorable’ de servidores públicos, hemos quedado expuestos a la cruel exposición de la realidad del abuso sistemático de clases dominantes, políticamente hablando, en beneficio propio dejándonos en un total abandono en cuanto a las necesidades comunitarias y las promesas de mejores calidades de vida.

La interpretación equivocada de los servidores públicos sobre sus atribuciones para el desempeño correcto de sus responsabilidades han alterado el orden de la mecánica gubernamental para convertirla en un auténtico botín repartido por grupos que organizadamente, y con el respaldo total de las leyes e instituciones, ‘están en su derecho’ de abusar.

En este sentido hay dos conceptos de vital importancia en nuestra sociedad actual que, sobrevivientes agonizantes de momentos históricos importantes, son los protagonistas del estacionamiento de nuestra evolución política. Uno es el fuero constitucional, otro es el Instituto Nacional Electoral. Ambos conceptos nacidos como balance y equilibrio del ciudadano común y corriente ante el poder del Estado, a lo largo de su existencia se han modificado para convertirse hoy en lastres, ambos, que desvirtuando totalmente la esencia de su origen, no solo han detenido el potencial progreso sociopolítico de México, sino que se han convertido en destinos aspiracionales de las intenciones corruptas de ciudadanos… cada vez más comunes y corrientes.

El fuero, surge como una autentica necesidad de supervivencia política ante el poder ejecutivo después de las repetidas intrusiones violentas del poder gubernamental. Desde la disolución del congreso por parte de Agustín de Iturbide en 1822, hasta el arresto de 84 diputados  por órdenes de Victoriano Huerta, casi un siglo después, en 1913*, la imposibilidad de manifestar ideas que muchas veces eran necesariamente críticas, provoco que en la Constitución de 1917 quedara claramente estipulado el fuero entre los artículos 108, 109 y 110, en los que se define que es servidor público, se señalan sus obligaciones y se establece el argumento limitativo de destitución solo a través de juicio político.

Entendiendo el momento histórico de la declaratoria de protección a los servidores públicos como una forma de limitar el sustancial poder del gobernante en turno, efectivamente logro su cometido al dar una protección importante a pensadores opositores que evitarían el juicio político ‘por la mera expresión de ideas’*. Sin embargo, al construirse una democracia dinámica a partir de 1977 -momento en el que se da la primera gran reforma electoral que sería el inicio profundo del INE- y el sistema abrirse a nuevas manifestaciones de oposición política, el uso del fuero como moneda de cambio por un lado, y como garantía de protección a la complicidad partidista por otro, pervirtió completamente su noble origen y abrió las puertas a nuevas generaciones de oportunistas que, cada vez más, entre 1988 y 2017, entendieron que su uso distorsionado, ofrecía en realidad protección para llevar a cabo prácticamente cualquier actividad en los márgenes de la ley, asegurando de facto la impunidad.

En Estados Unidos, País de donde tomamos los principios constitucionales de la República Mexicana, no existe el concepto de fuero por considerar que viola ‘el principio de igualdad ante la ley y de imparcialidad de la justicia’* al otorgar a un grupo de personas, miembros de la misma comunidad, atribuciones legales que claramente los diferencian del resto. En México, este grupo con atribuciones excepcionales para literalmente violar la ley sin consecuencias son: ‘…los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno de la CDMX, el procurador general de la Republica, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos’. Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y miembros de los consejos de las judicaturas locales, pueden ser sujetos a juicio político, mismo que ‘no concluye con una sanción por parte del Congreso Federal, sino solamente con una declaración que se comunica a las Legislaturas Locales’*

El Presidente de la Republica es beneficiario de un régimen legal aún más específico y único en el que solo puede ser acusado de traición a la Patria y de delitos graves del orden común, ‘y el juicio no se realiza ante los tribunales del Poder Judicial Federal, sino que se conduce por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la de Diputados, en condición de fiscal y la de Senadores con el carácter de juez’*.

En este sentido, y en medio de la Revolución Tecnológica, todas la informaciones que se cruzan miles, cientos de miles de personas diariamente denunciando ilegalidades, arbitrariedades o actos de abuso de poder, de acuerdo a nuestra Constitución, no quedaran más que en actos de desahogo que no podrán nunca ser juzgados en tanto dos terceras partes del congreso otorguen una declaratoria de juicio político, inhabilitando con ello el fuero, y entonces, solo entonces, cualquiera de los funcionarios citados anteriormente podría ser llevado ante la justicia. Sin juicio político, el fuero solo concluye por muerte, renuncia al cargo -cuando se pide licencia al cargo el fuero sigue existiendo-, o conclusión del cargo.

El dinamismo de la Revolución Tecnológica esta ya ofreciendo el juicio social, la crítica colectiva que exhibe la naturaleza equivocada de servidores públicos, y seguramente es un gran inicio de transformación.

En tanto el fuero no desaparezca, difícilmente ninguno de los funcionarios que conforman el sistema de gobierno en México podrá asumir responsabilidad personal o ética, al no existir el riesgo de una sanción penal.

La naturaleza humana no es justa ni equilibrada, y sin contrapesos y amenazas reales de consecuencia a las acciones personales, será prácticamente imposible que el fenómeno de la corrupción y la irresponsabilidad de gobierno desaparezcan o siquiera disminuyan.

La insistencia en la denuncia y difusión, con los nuevos medios a cargo de toda la comunidad, son la herramienta que paulatinamente influya en los necesarios cambios a nuestra estructura política. Todos somos comunicación.

Del INE, ya hablamos en otra colaboración anterior.

El INE, una institución poco comprendida

Biblioteca jurídica virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

‘El fuero constitucional’, Gabriela Mojica Rayon

Cuando el interés público poco importa

“La decisión de quién será el próximo presidente de México le corresponde exclusivamente a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos”, dice una carta enviada a Peña Nieto por unos 60 politólogos, escritores, periodistas, académicos e intelectuales a propósito de la postura asumida por la Procuraduría General de la República respecto a la investigación sobre el supuesto lavado de dinero en el cual se habría visto involucrado Ricardo Anaya, el candidato presidencial de la alianza Por México al Frente.

En la misiva, publicada hace unos días,  exigen a Peña Nieto dejar de usar el aparato estatal para acometer contra uno de los aspirantes a sucederlo. En un lenguaje menos formal le dijeron; así no, Presidente.

Las críticas contra el Gobierno por difundir parte de una investigación que debería mantenerse bajo secreto, ha provocado una crisis dentro de la PGR. Quienes toman las decisiones ahí dentro argumentaron que lo hicieron por “interés público”. Lo increíble en esta decisión, es que hay muchos otros casos cargados con ese mismo interés público de los cuales no se sabe absolutamente nada.

Un ejemplo: hace dos semanas, el juez brasileño Sergio Moro recibió información sobre el caso Odebrecht en la cual apareció México. Esta es la primera vez que la Fiscalía –equivalente a la PGR– pone en sus manos expedientes en los cuales se detalla cómo ese poderoso grupo constructor pagó sobornos en nuestro país estimados, por lo menos, en 10.5 millones de dólares.

Hasta el momento, todo había quedado a nivel de la Fiscalía. Ahí fue donde el ex director de Odebrecht en México, Luis de Meneses Weyll, explicó cómo entregaron cinco millones de dólares a Emilio Lozoya en el año 2012 quien –desde su perspectiva– tenía posibilidades de ocupar un puesto importante en el Gobierno Peña Nieto. En ese momento, él ya les había ayudado para algunos negocios en Pemex, de acuerdo con un video difundido en diciembre pasado por El Quinto Elemento Lab. Lozoya formó parte del equipo de campaña del ahora Presidente y, posteriormente, fue nombrado director de Pemex.

La etapa de investigaciones emprendida por la Fiscalía brasileña sobre cómo Odebrecht hizo otra serie de pagos ilegales fuera de ese país ha concluido.  ¿Qué hará Moro? Muy poco o, mejor dicho, nada: su papel en esta historia ha sido únicamente sobre Brasil. Y así seguirá, no puede hacer otra cosa, por ley.  Hasta el momento, ha impuesto alrededor de 118 sentencias condenatorias dentro del caso Lava Jato –incluidos los tentáculos de Odebrecht–.  Una de ellas contra el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Y lo mismo hará sobre estos nuevos expedientes; emitirá sentencias sobre lo sucedido en Brasil. Moro podría imponer alguna pena al ex director de la constructora en México, Luis Weyll, y quizá también agregar algo contra Luiz Mameri, otro de los altos ejecutivos quien previamente había aportado información sobre los presuntos pagos a Emilio Lozoya.

¿Por qué Moro no puede hacer algo sobre México? No solo es por ley, también hay una razón de fondo: el 17 de febrero de 2017, fiscales de 11 países fueron a Brasil para participar en una cumbre sobre el caso Odebrecht. Ahí, se comprometieron a intercambiar información y trabajar juntos. A esa cita acudió el entonces procurador mexicano, Raúl Cervantes.

Poco se sabe de esto, pero a partir de ese momento, los países involucrados tenían seis meses para decidir si aceptaban o no, la propuesta de Brasil. El trato consistía en lo siguiente: podemos darles los documentos y los testimonios de los delatores a cambio de que los ejecutivos confesos y la propia empresa no sean juzgados fuera de territorio brasileño.

¿México aceptó esas condiciones para tener la confesión de Luis Weyll? La PGR, ni con el propio Raúl Cervantes y tampoco ahora con Alberto Díaz Beltrán, han informado cuál fue la postura de nuestro país. Los seis meses para aceptar las condiciones de Brasil terminaron en agosto pasado.

Lo que ha podido filtrarse y deducirse es que México decidió emprender su propia investigación. Es decir, tendrá que ir a buscar a los delatores por su cuenta. De hecho, ya hicieron algunas diligencias como fue una entrevista por más de cinco horas con Marcelo Odebrecht, el dueño de la compañía. Habrá que esperar si confesaron lo mismo. Pero eso debería estar dentro de la investigación ya concluida, según lo dijo Raúl Cervantes antes de renunciar a la PGR.

Hace unos días, la PGR puso por delante “el interés público” para dar a conocer el video del candidato presidencial  Ricardo Anaya cuando acudió a presentar un escrito ante la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). ¿Y no es de interés público del caso Odebrecht? ¿Por qué rechazaron el trato con Brasil ante el caso de corrupción más grande en América Latina? ¿No es de interés público saber por qué la investigación esta guardada?  Y lo peor ha sido que, el mismo encargado del despacho en la PGR, Díaz Beltrán, fue quien dirigió las indagatorias del caso Odebrech en tiempos de Raúl Cervantes.

 

México tiene sed de hambre y justicia

José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la Coalición Todos por México a la presidencia, aseguró que México tiene sed de hambre y justicia, por lo que no le temblará la mano para atacar a la corrupción y violencia que aquejan a los mexicanos.

“Hace 18 años, el priismo y mi generación, fuimos convocados para trabajar en favor de un país, como México, que todavía hoy tiene, como dijera Luis Donaldo Colosio: hambre y sed de justicia”, afirmó el candidato durante los festejos del 89 aniversario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Según el Yo Mero, hay en México legítimas expresiones de enojo y decepción, así como un fundado reclamo, malestar e indignación por la inseguridad y la violencia,  la impunidad y la corrupción.

Lee también: El banco del ex secretario de Hacienda de Duarte

“Pero hay en México millones de servidores públicos honestos, de todos los partidos, priistas y ciudadanos. Ellos y yo, como nadie, repudian la corrupción y exigen que se castigue a quienes han violado la ley, sean del partido que sean”, expresó ante cientos de priistas en la Ciudad de México.

El ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recordó a las grandes figuras priistas como Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado en marzo de 1994.

“Nadie puede dejar de explicar de qué ha vivido, ningún candidato puede usar la contienda para lavar sus culpas y su dinero. No hay cortina de humo que valga. El que la hace, debe pagarla”, dijo Meade Kuribreña en referencia a Ricardo Anaya Cortés, quien está vinculado a un empresario de Querétaro de lavar dinero.

Lee también: Operador financiero de Ricardo Anaya tiene residencia en Miami

El candidato del PRI no hizo mención alguna ni tampoco marcó distancia de los ex gobernadores priistas que incumplieron la ley que están presos como Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco, así como los de Tamaulipas Eugenio Hernández y Tomás Yarrington.

“Marcamos distancia y exigimos castigo a los que incumplen la ley. Pintamos nuestra raya con los que se han aprovechado para llenar sus bolsillos a costa del esfuerzo de los demás”, agregó el ex funcionario de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

Hago mías las palabras de Colosio: “Hoy somos la opción que ofrece el cambio con responsabilidad, somos la opción que mejor conoce lo que se ha hecho, que sabe de los resultados de sus programas, de sus aciertos y de sus errores”.

Lee también: Panista triangula negocio con empresario ligado a Ricardo Anaya

La absurda comedia que habla de corrupción

En México no hay fiscal anticorrupción y, lo peor, es que no lo habrá hasta después de la elección presidencial. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos y la respuesta sería fácil: porque así lo decidieron los senadores.  En una reciente entrevista en televisión escuche el priista Emilio Gamboa mencionar esto como si se tratara de un padre bondadoso aleja a sus hijos de algo peligroso, de una sustancia que los podría contaminar. Él y sus compañeros piensan que lo mejor para los ciudadanos es no meternos en un tema árido y quizá hasta controvertido en medio de una elección presidencial. Somos quienes pagan su sueldo y no atienden una de las necesidades más urgentes para este país: el combate a la corrupción.

El último estudio de Transparencia Internacional ha sido como una cubetada de agua helada sobre la espalda respecto a este tema. En el índice que mide percepción sobre la corrupción México ocupó el lugar 135 entre 180 naciones medidas. De 10 puntos posibles, nuestro país obtuvo una calificación de 2.9. México es el peor país entre los miembros de la OCDE. México tiene la calificación más baja dentro del G-20.

De hecho, México nunca ha obtenido una calificación mínima aprobatoria de 6. Aún más, en los registros históricos de Transparencia Internacional jamás hemos llegado, por lo menos, a 4 de los 10 puntos posibles.

Lo terrible en esta absurda comedia será desde las precampañas y seguramente a lo largo de las campañas presidenciales en este 2018, el tema de la corrupción estará a discusión permanentemente; algunos lo harán para atacar al rival, otros para colgarse una medalla en transparencia y, los menos, para propuestas concretas.

Llegamos a una elección presidencial en un país donde la corrupción sistémica, es que se anida en el poder sin importar ideologías ni siglas partidistas, es un tema que debe postergarse. Y lo peor es que, quienes lo deciden, nunca lo consultaron la gente.  El asunto puede tornarse peor si pensamos que al momento de votar no sabremos qué pasó en México con el caso Odebrecht porque el expediente está guardado en alguna gaveta de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los ciudadanos cruzaremos la boleta a favor de cualquier candidato sin que los legisladores de los partidos nos dieran un fiscal anticorrupción. En México se han creado decenas de leyes y reglamentos para combatir este cáncer, y también nació el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Alguien podría decir que la Auditoría Superior de la Federación ahora ha dado mejores resultados. Sin embargo, es evidente que algo está muy mal. Seguimos con calificaciones reprobatorias en el índice de Transparencia Internacional.

Los candidatos y sus equipos están perdidos en esto. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, asume que esta batalla se ganará con el ejemplo, con una especie de clase de moral desde Los Pinos. Ojalá fuera tan sencillo,  claro está que los países con calificaciones de 10 –la mayoría nórdicos- no diseñaron sus sistema anticorrupción con ganas, coraje y buena voluntad. Se necesitan programas, instituciones, mecanismos para castigar la corrupción. No se trata de instituciones autónomas, sino independientes, dos conceptos distintos.

 

 

Anaya va contra contratistas y políticos

Ricardo Anaya Cortés, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, anunció que combatirá al crimen organizado y la colusión de los políticos coludidos y los contratistas de obra pública, ya que se enriquecen y provocan la muerte de los mexicanos.

“Yo voy a combatir el crimen organizado, pero empezando por el organizado desde el escrito de los políticos corruptos que coludidos con contratistas saquean el erario y se enriquecen en la misma medida en que empobrecen al pueblo”, dijo el panista.

Se requiere acabar con tumores como la corrupción, desigualdad y violencia, que aquejan a todos los mexicanos y más cuando se sabe que “la corrupción mata”, manifestó durante su toma de protesta como candidato del Frente Por México.

“Yo si voy a terminar con el pacto de impunidad, no habrá venganza, pero el que la hizo la va a pagar”, tiró el hombre, quien llegó a la función pública como subsecretario de Turismo por invitación de ex presidente de Felipe Calderón.

La mañana del 12 de julio de 2017, Juan Mena Ruiz y su hijo Juan Mena Romero salieron muy temprano a trabajar como lo hacen millones de mexicanos en el país, contó ante unos 10 mil integrantes del Frente.

“A la 5 de la mañana cuando circulaban por el nuevo libramiento de  Cuernavaca, cuando al asfalto bajo las ruedas del automóvil literalmente se lo tragó la tierra. Ese libramiento había sido inaugurado apenas tres meses antes”, describió el joven candidato, quien es puesto por las encuestas como el segundo con más posibilidades de ganar las elecciones.

Lee también: El banco del ex secretario de Hacienda de Duarte

Para eludir la responsabilidad los del gobierno le echaron la culpa a las lluvias: “No fueron las lluvias que provocaron el socavón que acabó con las vida de estos dos mexicanos; padre e hijo, fue la corrupción de una obra mal planeada y mal ejecutada”, expresó Anaya Cortés.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza ofreció un apoyo a la familia por el “mal rato que pasaron” las familiares de los fallecidos.

“Ruiz Esparza fue investigado, perdió su puesto: ¿Dónde está hoy Ruiz Esparza? Está buscando fuero, detrás de una candidatura del PRI”, expuso.

“Si alguien da una muestra de negligencia como (el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca), si alguien muestra semejante nivel de insensibilidad esa persona de inmediato dejará su cargo”, dijo el político oriundo de Querétaro.

Aclaró que México si necesita un nuevo aeropuerto, pero no necesita más negocios ni más corrupción al amparo del poder.

“Vamos a terminar el nuevo aeropuerto y vamos aplicar los parámetros más elevados en materia de transparencia y rendición de cuentas”, cerró el ex presidente del PAN.

Ricardo Anaya es el candidato del Frente Por México.

Meade promete que será implacable

José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI a la presidencia de la República, advirtió que será implacable en el combate a la corrupción, ya que hay un malestar profundo entre los mexicanos por los sobornos y desvíos de recusos públicos.

“Tenemos que ver y tenemos que escuchar el profundo malestar de la sociedad por los actos de corrupción, que laceran la vida de México y ofenden la dignidad de los mexicanos”, manifestó el ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SCHP).

El ex funcionario, quien trabajó para la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, prometió que pondrá el ejemplo y pedirá sea evaluada por los mexicanos su conducta.

“Seré implacable en el combate a la corrupción”, lanzó ante alrededor de 35 mil delegados y militantes que abarrotaron el Foro Sol.

Lee también: Gastan 537 mil pesos en óleos de Meade y Videgaray

Hasta ahí llegaron Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores (SRE); Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía; Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) y José Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), quienes alentaron con el “sí se puede; Pepe, Presidente”.

“Quiero ser presidente para que México sea una potencia. Y para que lo logremos, el centro de mi gobierno, esfuerzo y pasión, serán tres grandes objetivos: el primero, México será la capital mundial del talento, haremos que en México se viva para triunfar, un país que se apoye en el talento de cada mexicano para desarrollarse al máximo con educación de excelencia, tendrán la preparación para competir y para ganar frente a los mejores del mundo”, lanzó.

El candidato electo del PRI anunció que hará un cambio sin precedente en la política social, lo que implica la creación del primer Registro Nacional de Necesidades de cada persona.

“Vamos hacia atrás cuando se ofrece impunidad a los criminales”, dijo el candidato del PRI.

En su gobierno, esta plataforma se traducirá en apoyos reales, a tiempo y transparentes a necesidades de los ciudadanos, comentó.

Para llevar bienestar a cada mexicano no hay esfuerzo que escatimar ni tiempo que perder, expuso el ex secretario de Desarrollo Social.

Meade Kuribreña adelantó que habrá becas para los jóvenes para quienes su prioridad sea el estudio, apoyos financieros para quien requiera abrir un negocio, transporte para quienes enfrenten problemas de movilidad, medicinas para los adultos mayores que necesiten ayuda y respeto para las culturas milenarias de nuestros pueblos indígenas.

“Todos nosotros hemos visto y escuchado el desaliento y el enojo de muchos mexicanos. No podemos desatender ni ignorar las exigencias de la sociedad, no podemos voltear la mirada y perder el oído a sus reclamos, tenemos que hacernos cargo de las expresiones de malestar y decepción”, agregó el candidato.

Lee también: Los hijos de Claudio X. González luchan contra la corrupción

Los hijos de Claudio X. González luchan contra la corrupción

Los hijos de Claudio X. González Laporte, fundador del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), mueven desde su propia trinchera la lucha contra la corrupción.

No tuve que ver con que Pablo, mi hermano, quien es director general de Kimberly Clark y cabildeó el capítulo anticorrupción en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), asegura Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Pablo (González Guajardo) fue seleccionado por el grupo empresarial que está acompañando al gobierno de México en la modernización del TLCAN”, explica a Rock 101.

¿Le pediste a Pablo González Guajardo cabildear el capítulo anticorrupción en el TLCAN ?, se le cuestiona al hijo del empresario.

No.

Con la incorporación del capítulo anticorrupción al TLCAN se le dio un cariz de ataque a la impunidad en Estados Unidos, Canadá y México, una nación donde hay menos estado de derecho, expresó Claudio X. González Guajardo, quien encabeza su lucha desde su organización civil, así como en las calles acompañando a otros líderes sociales y empresariales.

El presidente Enrique Peña Nieto pidió a Claudio X. Gonzalez Laporte que “su hijo debería dejar de ser tan crítico con el gobierno”, informó The New York Times a finales de agosto de 2017.

El hijo de González Laporte, Claudio X. González Guajardo, ha pasado casi dos décadas combatiendo la corrupción y la impunidad que tanto deterioran a México. Pero su proyecto más reciente, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad estaba haciendo demasiado ruido para gusto del presidente”,  anotó el rotativo estadounidense.

El trabajo del activista ha continuado, a pesar del pedido presidencial: El pasado 31 de enero de 2018 exigió a Peña Nieto y a los precandidatos presidenciales reformar el artículo 102 de la Constitución y crear una Fiscalía General independiente.

Mexicanos Contra la Corrupción sigue publicando información sensible sobre los funcionarios del gobierno federal, así como de otros políticos del PRI, PAN y Morena.

El capítulo anticorrupción cerrado en el TLCAN es una pieza entre muchas, ya que también se necesita reformar la constitución política y la institucionalidad de la procuración de justicia en México, expuso el activista.

Los precandidatos deben mostrar políticas para que haya más estado de derecho, agregó.

Por su parte, Pablo González Guajardo junto con Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), les tocó convencer a los rengociadores del TLCAN de que la corrupción estaba afectando fuertemente a México.

Los dos empresarios empujaron para que en el TLCAN quedarán asentado que haya una cooperación por parte de Estados Unidos, Canadá y México para perseguir los sobornos, cohecho internacional, malversación y desvío de recursos, tráfico de influencias y peculado cometido por las empresas y autoridades.

Ese capítulo obliga a Enrique Peña Nieto, en caso de que se termine la renegociación en diciembre de 2018, o al futuro presidente instrumentar el Sistema Nacional Anticorrupción, la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía Anticorrupción, así como las leyes secundarias de la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública.

Así operaron los hijos de Claudio X. González Laporte para atar a cualquier presidente de la República a ser transparente y dar un golpe a los corruptos. Una lucha la hicieron a nivel internacional y la otra en las calles, en las organizaciones civiles y ahora a través de la Constitución.

El poder de Don Claudio

El poder de Claudio X. González Laporte vienen desde las década de los setentas. Pero comenzó tener mayor presencia a finales de los 80, cuando el Consejo Mexicanos de Negocios (CMN) intensificó su trabajo durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari. El dueño de Kimberly Clark ha sido en repetidas ocasiones presidente del CMN y ha tenido influencia en la política.

El organismo con fuerte peso en el CCE fundado en 1962 ha influenciado sobre las decisiones de la política económica de México, asegura Marcela Briz Garizurieta, autora del libro El Consejo Mexicano de Hombres de Negocio (CMHN): surgimiento y consolidación.

Algunos de sus miembros del CMN decidieron salir del anonimato, cuando participaron en la Comisión de Financiamiento del PRI y en las campañas presidenciales de Salinas de Gortari, entre ellos,  Antonio Madero Bracho, Fernando Senderos Mestre, Carlos Slim Helu.

“Otro de sus integrantes participaron en la administración salinista: Los ejemplos más sobresalientes son los de Claudio X. González, quien fue nombrado asesor presidencial y el de Juan Gallardo Thurlow, que fue representante del sector empresarial en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLCAN)”, comenta la especialista.

La influencia del club de amigos millonarios, dice la investigación, fue más visible a partir de los cambios estructurales de la economía mexicana con Salinas de Gortari, particularmente con la privatización de empresas públicas, la apertura económica y la ley de inversiones extranjeras.

La obra publicada por la UNAM explica que la colaboración del CMHN con el régimen salinista se centró en la coordinación y gestión ante del Congreso de EU y empresarios estadounidenses para validar y aprobar el TLCAN.

“A diferencia de otras organizaciones empresariales, el CMHN agrupa a sólo empresarios, no a empresas; su sistema de afiliación es selectivo, porque tienes que ser invitado por dos miembros de la organización y ser aprobado por el consejo”, dice Briz Garizurieta.

Entre los grandes empresarios agremiados al Consejo figuran: Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, Alberto Baillères, presidente de Industrias Peñoles, José Antonio Fernández Carvajal, presidente de Femsa, Dionisio Garza Medina, presidente de Alfa, Roberto Hernández, consejero de Banamex, así como Roberto Servitje Sendra, presidente de Bimbo, entre otros más.

-->