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Ley Chayote, un atentado contra la democracia

Imaginemos a una reportera, apasionada de su trabajo, que llega comiéndose las uñas a una sala de redacción en un diario pequeño pero importante en su comunidad. Le ha costado mucho esfuerzo y, sobre todo, tiempo conseguir suficiente información para comprobar que el alcalde ha cometido un desvío de recursos públicos. Ahora sí puede demostrarlo; mejor todavía, ha logrado comprobar con documentos sobre la mano la ruta que siguió el dinero: desde las arcas públicas hasta una empresa de papel en las Islas Caimán.

 

Un par de meses atrás, su jefe y también director del diario, no aceptó publicar su reportaje porque según él faltaban pruebas. Ella aceptó la crítica de buena manera. De alguna manera le entusiasmaba y, sobre todo, sentía que la puerta del periódico estaba abierta para publicar esa historia. Por eso, ahora que traía documentos, las cosas serían distintas.

 

Al menos eso era lo que ella creía. Pero no sucedió así: la investigación no se publicaría. No aparecería en la primera ni en la última página del diario. Su jefe le dijo que esa información pondría en riesgo el contrato de publicidad del diario y, de ese dinero, se mantenían como empresa. Es más, con esa partida le pagaban su sueldo. La reportera deglutió la información con rabia contenida.

 

Esta historia pudo suceder en cualquier lugar de México. De hecho, seguramente han existido relatos aún más crudos y frustrantes. No ha importado si el alcalde –incluso el imaginario- pertenece al partido oficial, a la derecha o la izquierda. La filiación ideológica y partidista ha sido lo de menos cuando se trata de pautas publicitarias. Las cabezas de los ayuntamientos –hombres o mujeres- han distribuido discrecionalmente, como les ha venido en gana, el dinero público destinado a campañas de salud, a promocionar una carretera o inclusive para su propia imagen.

 

Lo mismo ha sucedido en los estados y también en los medios de comunicación ubicados en la Ciudad de México. Las bolsas de dinero etiquetadas para gastos publicitarios, desde siempre, se han convertido en la espada usada por los gobiernos para apretar cuando algo no debe publicarse o para alentar qué sí puede salir a la luz.  En este perverso juego quienes han perdido no son únicamente las periodistas. No, quienes finalmente se ha quedado sin información fueron los ciudadanos.

 

Esto es parte del México de nuestros días, como lo ha sido desde hace mucho tiempo atrás. Por ello fue importante lo sucedido el pasado 10 de abril, cuando en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General de Comunicación Social,  bautizada por activistas y periodistas como La Ley Chayote.

 

En el argot periodístico El Chayote ha significado, durante generaciones, la forma de llamarle al dinero recibido por los periodistas, directivos o dueños de medios de comunicación de manos de funcionarios.  Julio Scherer García, en su libro “Los Presidentes”, ubicó el origen del término en 1966, cuando en una ceremonia de inauguración de un sistema de riego en Tlaxcala, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el vocero de Los Pinos entregaba billetes a los reporteros oculto entre plantas chayote.

 

Desde luego existen otras anécdotas sobre el origen de El Chayote; pero lo indiscutible ha sido para qué sirve y de dónde viene. La nueva Ley General de Comunicación Social pretende legitimar esa práctica corrupta, en otras palabras, permitir que el vocero o servidor público ya no tenga que esconderse detrás de las plantas de chayote. El soborno ya es legal.

 

Esta ley –la cual aún debe pasar por el filtro de la Cámara de Senadores- concentra las decisiones sobre a quién dar dinero por publicidad y a quién castigar con la misma vara sino se ajustan los intereses del gobierno en turno. El reparto de la pauta publicitaria estará concentrada en la secretaría de Gobernación. No hay un artículo sobre entregar campañas oficiales, por ejemplo, dependiendo del número de lectores o de la penetración del medio de comunicación en determinadas capas sociales. Nada de eso; ni su profesionalismo y tampoco su prestigio importan. La discrecionalidad seguirá mandando.

 

Los diputados priistas ignoraron las propuestas y peticiones de organizaciones no gubernamentales para obligar a los medios de comunicación a identificar qué información viene una pauta publicitaria y cuál no.  Lo peor ha sido que ni siquiera tomaron en cuenta esas voces.

 

Los candidatos presidenciales también se han taponado los oídos y, quien ha tocado el tema, no entiende absolutamente nada.  En un tuit, Margarita Zavala escribió: “La Cámara de Diputados aprobó una ley que regula la publicidad oficial. Deberíamos más bien eliminar la publicidad que paga el dinero con nuestros impuestos y usar el dinero para reducir para reducir el ISR a los que menos ganan o duplicar el presupuesto público para fomentar la cultura”.

 

Cuando ella fue primera dama, su esposo el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) gastó no menos de 28 mil millones de pesos en publicidad, entre otras cosas, para justificar que su guerra contra el narcotráfico serviría para algo. Lo que está en juego no es eliminar las partidas; eso sería una locura.  Peña Nieto, su sucesor,  ha derrochado no menos 40 mil millones de pesos.  López Obrador, como jefe de Gobierno en la Ciudad de México clasificó los contratos con los medios de comunicación.

 

Si desaparecemos el presupuesto por completo entonces  ¿Cómo podría desplegarse una campaña de vacunación? ¿Qué hacemos para difundir medidas de protección civil? Esto, solo por citar dos ejemplos. Los tiempos oficiales en radio y televisión no bastan.

 

No, el fondo de esto es eliminar la discrecionalidad en esa bolsa de recursos públicos; transparentar su uso y que deje de ser la espada para dar la puntilla a los medios que publican información que toca los tentáculos del poder o, a la inversa, el único y precisado sostén económico de medios de comunicación en todo el país rendidos ante el poder.  A nivel federal, esto tiene que parar, sea quien sea el nuevo Presidente de México.

 

 

 

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