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Publicaron la Ley Chayote

Lo que ha sucedido con el escándalo alrededor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por haber gastado 1,963 millones de pesos en Comunicación Social, cuando el Congreso de la Unión sólo había aprobado una partida de 70.6  millones de pesos, ha sido un ejemplo de lo representará, en los hechos, la Ley Chayote.

 

El pasado 11 de mayo, el Presidente Enrique Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Comunicación Social a través de la cual lo hecho por la SEP quedará legalizado.

 

Y no únicamente eso, también podrá hacerse con toda holgura la autopromoción de un secretario, como lo fue con Aurelino Nuño o no tener reparo en entregar a discreción dinero a los medios de comunicación para difundir la reforma educativa.

 

La Ley de Comunicación Social hecha sobre las rodillas en la Cámara de Diputados, ratificada en el Senado de la República y ahora respaldada por Peña Nieto dejó abierta la puerta para que, en los meses que restan del actual Gobierno Federal, se puedan gastar recursos públicos de la manera y de la forma que lo hicieron en la SEP.

 

En una carta abierta a Peña Nieto alrededor de 50 organizaciones civiles y 37 periodistas pedimos que se detuviera la promulgación de la Ley Chayote porque no se incluyeron criterios claros para la asignación de publicidad a fin de terminar con la arbitrariedad y la discrecionalidad en la colocación de campañas oficiales.

 

Además, también se advirtieron los riesgos de no prohibir los sobre ejercicios prespuestales y tampoco tener un tope de gastos.

 

Y esto es justamente lo que acaba de suceder con el caso de Aurelio Nuño en la SEP, veamos algunos de los datos publicados por el diario Reforma:

 

La SEP tuvo un sobreejercicio de recursos de 2,680%, debido a que el Congreso de la Unión sólo había aprobado una partida de 70.6 millones de pesos

 

De 2013 a 2017, la SEP destinó 4 mil 443 millones de pesos a comunicación social a pesar de que únicamente tenían autorizados 406 millones de pesos en ese lapso.

En los dos últimos años, durante la gestión de Nuño, el gasto en difusión y prensa se elevó en más de 3 mil millones de pesos.

Al leer estas cifras cualquiera podría preguntarse lo siguiente: Si hay altas probabilidades de que el PRI pierda la Presidencia ¿Por qué dejar en manos de otro partido una Ley de Comunicación Social que le daría manga ancha para manipular a su antojo la información a través del gasto en comunicación social?

¿En qué estaban pensando cuando lo más probable hasta el momento es que gane Morena con Andrés Manuel López Obrador al frente?

 

A simple vista parecería ilógica esta actitud de, por ejemplo,  legalizar los mensajes oficiales extraordinarios que solo han abonado a la discrecionalidad en el manejo publicitario.

 

Pareciera entonces un suicidio que Ley de Comunicación Social favoreciera a la prensa que ha vivido bajo ese modelo. A los poderosos dueños de los medios de comunicación y también a otros no tan grandes, que han gozado del prespuesto entregado a discreción.

 

Estamos ante un perverso mecanismo que Peña Nieto y los legisladores han dejado intacto y quizá más robustecido con la nueva norma. ¿Quién los pudo presionar o convencer para que hicieran algo de ese tamaño? Es pregunta.

 

Por otro lado, el puntero en las encuestas rumbo a la elección presidencial del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador ha dado una respuesta corta de miras.

 

El pasado 13 de mayo, días después de publicada la Ley de Comunicación Social, criticó el método utilizado por la SEP para promover la reforma educativa y dijo que, si gana la Presidencia, habrá una reducción significativa en el gasto de publicidad.

 

A primera vista pareciera un acierto que, ante el dispendio, el abanderado de Morena pretenda poner un alto.

 

Luego, en el mismo discurso, dijo que no ve problema en que se haya publicado la Ley Chayote toda vez que cuando llegue a la Presidencia seguirá existiendo esa partida, pero no en cantidades excesivas.

 

“Ya le dije a los empresarios, a los dueños de los medios, poquito porque es bendito”, añadió según la crónica de Ernesto Núñez en el mismo diario Reforma.

 

El problema no está sólo en la actitud respecto al reparto del dinero público hacia los medios de comunicación. Es decir, esto no puede depender sólo del punto de vista o de las convicciones de quién este al frente del país como Presidente.

 

Si imaginamos, por un momento, que el sucesor de López Obrador piense de manera diferente y abra de nuevo las arcas oficiales para que se hagan derroches inconcebiles como el de Nuño en la SEP.

 

Los mexicanos que pagamos impuestos y, los que vengan más adelante en otras generaciones, dependerán de las convicciones de los nuevos candidatos a la Presidencia y no de un modelo que, desde antes, pueda garantizar un control sobre la forma en que se entregarán esos recursos públicos.

 

A lo que se aspiraría es a tener un Jefe de Estado que fije por ley las reglas del juego para que nunca más el reparto de publicidad sea una arma contra la libertad de expresión, la espada para aniquilar a un medio incómodo o el cuchillo amenazante para quienes publiquen información que afecte los intereses de los gobernantes en turno.

 

Se trataría de que se pusieran las bases de una legislación distinta. Parece que López Obrador no ha puesto atención a esto.  No puede ser una política de Gobierno, es decir, una actitud y ya. Del resto de los candidatos en torno a la Ley Chayote mejor ni hablar están perdidos en el espacio.

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