Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob), informó que sostiene un litigio fiscal en contra Juegos del Bajío, una empresa ligada a José Antonio, Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, por supuesta evasión del pago de impuestos.
“Tenemos un litigio de carácter fiscal que derivará, según la petición que nosotros hemos hecho, en la cancelación de un permiso a Juegos del Bajío”, comentó el titular de la Segob.
“Este permiso a Juegos del Bajío también fue otorgado en la administración de Vicente Fox, en el periodo en que Santiago Creel fue secretario de Gobernación”, agregó el ex gobernador de Tabasco.
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Agregó que han detectado “una serie de irregularidades operativas ligadas a la evasión fiscal, que ya promueve la Procuraduría Fiscal de la Federación”.
El 09 de abril de 2011, los hermanos José Antonio, Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio crearon la empresa Juegos del Bajío en la ciudad de Querétaro.
Juegos del Bajío tiene como objeto social promover y fomentar el turismo nacional e internacional, así como establecer fuentes de empleo para generar ingresos municipales, estatales y federales a través de establecimientos de juegos electrónicos, centros de apuestas, galgódromos, hipódromos, jai alai, loterías y juegos numéricos con apuestas.
Francisco Javier Rodríguez Borgio, director en Big Bola y fundación Big Bola, es dueño de las marcas Big Bola Casino y otras relacionadas con ese casino que opera en el estado de Querétaro.
Adán Augusto López manifestó que durante la administración de Vicente Fox Quesada se entregaron 340 permisos, de ellos, 153 fueron autorizados por el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, “este es el mayor número de casinos otorgados durante las últimas administraciones o incluso en la historia del país”.
Adán Augusto López Hernández adujo que en el gobierno de Felipe Calderón se
autorizaron 154 permisos para casinos y en el de Enrique Peña Nieto, 123.
En la actual administración, apuntó que, derivado de una orden judicial se dieron tres permisos para operar casinos y actualmente se encuentra en la misma situación la ratificación de uno.
Asimismo, hay cinco juicios de nulidad que el gobierno federal promovió contra permisos concedidos en la época de Felipe Calderón.
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el encargado de la política interna del país abundó que se realizan entre 15 y 20 inspecciones a estos establecimientos cada mes. En promedio se aplicaron 250 durante todo el año.
Detalló que se clausuraron 47 casas de juego, las cuales no contaban con permiso de operación.