Examinar contratos oficiales implicará revisar al gobierno de Peña

Written by on 16/07/2018

En sus primeros días como virtual Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dado los primeros pasos de lo que pretende ser un Gobierno austero y, sobre todo, encaminado a eliminar la corrupción del país, como él mismo lo ha asegurado. Entre las medidas anunciadas, sobre estas mismas líneas, podrían destacarse dos: revisar contratos y que las compras públicas sean únicamente concurso o licitación.

Desde la campaña, López Obrador afirmó que no haría una persecución política contra los personajes del actual Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. “La venganza no es lo mío”, repitió una y otra vez en mítines y entrevistas, incluso algunas de ellas transmitidas por televisión.

No obstante, sí habría una revisión al pasado: la asignación de contratos dentro del Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ha sido uno de los puntos clave de la corrupción.

López Obrador, aunque lo no quiera, tendrá que mirar hacia atrás como quien observa el retrovisor mientras avanza. Hay casos en los que difícilmente podrán hacerse a un lado. Quizá no para “vengarse”, pero sí para impartir justicia.

Una de las lecciones más grandes que dieron los electores a los políticos y candidatos –sin importar sus siglas o la ideología enarbolada- es que la propia corrupción así como la impunidad y, en general, la violencia o la ineficacia gubernamental se pagan en las urnas.

El PRI sufrió la peor derrota en su historia, entre otras razones, porque el Gobierno de Enrique Peña Nieto se transformó en una gran avestruz ante casos de corrupción cercanos a la residencia oficial de Los Pinos o  dentro del primer círculo del mandatario: metían la cabeza debajo de la tierra, dejando afuera el cuerpo.

La investigación periodística conocida como Capufeleaks fue un buen ejemplo de lo que sucedió. En mayo del 2018,  Raúl Olmos,  reportero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló cómo desde Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) se traficó con información confidencial para dar ventaja a un grupo de empresas interesadas en ganar licitaciones por un monto superior a los 770 millones de pesos –alrededor de 41.3 millones de dólares en ese momento-.

El tráfico de información confidencial sobre futuras construcciones y mantenimiento de autopistas emanaba desde la oficia del número dos en ese organismo público. Mauricio Sánchez Woodworth, director de infraestructura en CAPUFE filtró datos que estaban reservados por ley a un grupo de empresas para que pudieran competir en condiciones ventajosas en futuras licitaciones.

El único director de CAPUFE en este sexenio ha sido Benito Neme Sastre, quien presume una relación personal con Peña Nieto: son compadres por partida doble.  En septiembre del 2008, el entonces gobernador del estado de México bautizó a un hijo de Neme, y también en septiembre, pero de 2012, Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera apadrinaron a sus dos hijas, junto con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

En su primer discurso como el ganador de la reciente elección, López Obrador dijo lo siguiente: “bajo ninguna circunstancia, el próximo Presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño: sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Un buen juez por la casa empieza (…)”

Esto fue un mensaje claro para la nueva clase política pero aún no sabemos si medirá con el mismo rasero a los personajes cercanos a Peña Nieto. El caso Capufeleaks dejó al descubierto a un compadre del actual mandatario y, a cambio, solo reinó la impunidad. No hubo, por lo menos, un comunicado anunciado que abrirían una investigación; nada, absoluto silencio.

Esta impunidad ante casos tan evidentes fue uno de los resortes que sin duda impulsó a la gente a favor de López Obrador. La duda sería: ¿qué hará el virtual Presidente Electo con estos casos? ¿Los dejará impunes? Sería interesante que respondieran a preguntas específicas sobre casos concretos.

Él ya advirtió que no tolerará la corrupción ni el dispendio de recursos públicos entre sus cercanos colaboradores o familiares; la duda será si pasará por alto los casos que han tocado a personajes estrechamente vinculados a Peña Nieto.

Otro de los asuntos que el equipo de López Obrador deberá atender pronto será el de la poderosa constructora brasileña Odebrecht. No se trata únicamente de revisar los contratos -cosa que de alguna manera ha venido haciendo la Secretaría de la Función Pública.- y tampoco solo de analizar la supuesta investigación que está archivada en la Procuraduría General de la República (PGR)

El tema tiene más fondo. En 12 países de Latinoamérica, Odebrecht usó un modelo de corrupción del que no se tenían muchos antecedentes, al menos nunca de la misma magnitud: sus directivos sobornaron a servidores públicos de distintos niveles para asegurar contratos por millones de dólares y, cuando veían los tiempos electorales, financiaban campañas de quien podría ser el ganador.

En México ya hemos tenido información sobre al menos 10.5 millones de dólares en sobornos así como de graves irregularidades en contratos con Pemex. De hecho, Odebrecht ya ha sido inhabilitada para participar en licitaciones. Sin embargo, nada o casi nada sabemos si hubo o no alguna intervención en la campaña de Peña Nieto

Delatores es Brasil –en su mayoría ex ejecutivos de la compañía- han señalado que entregaron 5 millones de dólares a Emilio Loyoza, una parte cuando formaba parte del equipo de campaña de Peña Nieto y la otra ya como director de Pemex.

El problema ha sido que los testimonios están bajo la custodia de la Fiscalía de Brasil. México no firmó un acuerdo para tener acceso oficialmente a esa información. En Brasil se pedía inmunidad para Odebrecht y sus ejecutivos confesos a cambio de las historias sobre sobornos.

La PGR no acepó ese trato; ha castigado a la empresa pero, a cambio, la arista política está intacta. López Obrador dijo que no buscaría venganza con el pasado, pero este caso, necesariamente los obligará a levantar las alfombras de Los Pinos.

Capufeleaks y Odebrecht han sido tan solo dos casos por atender. Aunque no lo quieran,  el equipo de López Obrador deberá mirar  por lo menos el retrovisor, mientras siguen adelante.


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