Encubrir al Ejército

Por Roberto Garza

La década de los 70 del siglo pasado es uno de los periodos más oscuros en la historia de México, sobre todo en cuanto a violaciones a los derechos humanos se refiere. Los gobiernos bipolares de Luis Echeverría (1970 – 1976) y José López Portillo (1976 – 1982), por una lado recibían a chilenos y argentinos que huían de las dictaduras militares en sus países, y por el otro asesinaban y desaparecían a sus enemigos políticos con absoluta impunidad.

El Ejército y la policía política del PRI fueron las instituciones encargadas de ejecutar un macabro plan de persecución y aniquilamiento de las guerrillas o cualquier tipo de disidencia en el país. Aí están los casos de los guerrilleros normalistas Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero. Está comprobado que, durante los 70 y buena parte de los 80, las violaciones a los derechos humanos fueron parte de una política de Estado de los gobiernos en turno. Y, a la facha, a nadie se ha juzgado por ello.

Un reciente reportaje publicado en el diario El País, firmado por David Marcial Pérez, da cuenta clara de dichas violaciones y abusos, e incluso sostiene la existencia de los llamados “vuelos de la muerte” para tirar en mar abierto a las víctimas, vivas o muertas.

Pero los abusos del Ejército no son exclusivos de la llamada “guerra sucia.” Cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006 – 2012) declaró la guerra al crimen organizado e involucró directamente al Ejército en su cruzada, se desató una ola de violencia y abusos en el país que a la fecha se mantiene vigente.

Nuevamente, el Ejercitó se vio involucrado en casos de ejecuciones sumarias, violaciones, tortura y desapariciones. Tan sólo en la Matanza de Tlatlaya, ocurrida el 30 de junio de 2014, fueron asesinados 22 civiles a manos del Ejército.

Con la llegada de AMLO y la izquierda a la presidencia, era de esperarse la expedita creación de una comisión especial encargada de investigar las violaciones a los derechos humanos por parte de militares y policías, como se ha hecho en Chile y Argentina, por ejemplo.

Eso hubiera sido lo congruente; sin embargo, el presidente ha hecho todo lo contrario: darle mucho más poder y atribuciones a los militares, y bloquear cualquier investigación en su contra. A todas luces perversa, la relación de AMLO con las fuerzas armadas es de complicidad, de silencio y de encubrimiento.

Pedir perdón, transparentar los hechos y juzgar a los responsables de cientos de crímenes cometidos por el Ejército mexicano desde la infame Matanza de Tlatelolco, representaría un paso enorme en materias de impartición de justicia y defensa de los derechos humanos en México. Para poder mirar al futuro con claridad, es necesario sanar las heridas del pasado. Desafortunadamente, el presidente prefiere el perdón y el olvido en lugar de la verdad y la justicia.