Cuando el interés público poco importa

Written by on 06/03/2018

“La decisión de quién será el próximo presidente de México le corresponde exclusivamente a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos”, dice una carta enviada a Peña Nieto por unos 60 politólogos, escritores, periodistas, académicos e intelectuales a propósito de la postura asumida por la Procuraduría General de la República respecto a la investigación sobre el supuesto lavado de dinero en el cual se habría visto involucrado Ricardo Anaya, el candidato presidencial de la alianza Por México al Frente.

En la misiva, publicada hace unos días,  exigen a Peña Nieto dejar de usar el aparato estatal para acometer contra uno de los aspirantes a sucederlo. En un lenguaje menos formal le dijeron; así no, Presidente.

Las críticas contra el Gobierno por difundir parte de una investigación que debería mantenerse bajo secreto, ha provocado una crisis dentro de la PGR. Quienes toman las decisiones ahí dentro argumentaron que lo hicieron por “interés público”. Lo increíble en esta decisión, es que hay muchos otros casos cargados con ese mismo interés público de los cuales no se sabe absolutamente nada.

Un ejemplo: hace dos semanas, el juez brasileño Sergio Moro recibió información sobre el caso Odebrecht en la cual apareció México. Esta es la primera vez que la Fiscalía –equivalente a la PGR– pone en sus manos expedientes en los cuales se detalla cómo ese poderoso grupo constructor pagó sobornos en nuestro país estimados, por lo menos, en 10.5 millones de dólares.

Hasta el momento, todo había quedado a nivel de la Fiscalía. Ahí fue donde el ex director de Odebrecht en México, Luis de Meneses Weyll, explicó cómo entregaron cinco millones de dólares a Emilio Lozoya en el año 2012 quien –desde su perspectiva– tenía posibilidades de ocupar un puesto importante en el Gobierno Peña Nieto. En ese momento, él ya les había ayudado para algunos negocios en Pemex, de acuerdo con un video difundido en diciembre pasado por El Quinto Elemento Lab. Lozoya formó parte del equipo de campaña del ahora Presidente y, posteriormente, fue nombrado director de Pemex.

La etapa de investigaciones emprendida por la Fiscalía brasileña sobre cómo Odebrecht hizo otra serie de pagos ilegales fuera de ese país ha concluido.  ¿Qué hará Moro? Muy poco o, mejor dicho, nada: su papel en esta historia ha sido únicamente sobre Brasil. Y así seguirá, no puede hacer otra cosa, por ley.  Hasta el momento, ha impuesto alrededor de 118 sentencias condenatorias dentro del caso Lava Jato –incluidos los tentáculos de Odebrecht–.  Una de ellas contra el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Y lo mismo hará sobre estos nuevos expedientes; emitirá sentencias sobre lo sucedido en Brasil. Moro podría imponer alguna pena al ex director de la constructora en México, Luis Weyll, y quizá también agregar algo contra Luiz Mameri, otro de los altos ejecutivos quien previamente había aportado información sobre los presuntos pagos a Emilio Lozoya.

¿Por qué Moro no puede hacer algo sobre México? No solo es por ley, también hay una razón de fondo: el 17 de febrero de 2017, fiscales de 11 países fueron a Brasil para participar en una cumbre sobre el caso Odebrecht. Ahí, se comprometieron a intercambiar información y trabajar juntos. A esa cita acudió el entonces procurador mexicano, Raúl Cervantes.

Poco se sabe de esto, pero a partir de ese momento, los países involucrados tenían seis meses para decidir si aceptaban o no, la propuesta de Brasil. El trato consistía en lo siguiente: podemos darles los documentos y los testimonios de los delatores a cambio de que los ejecutivos confesos y la propia empresa no sean juzgados fuera de territorio brasileño.

¿México aceptó esas condiciones para tener la confesión de Luis Weyll? La PGR, ni con el propio Raúl Cervantes y tampoco ahora con Alberto Díaz Beltrán, han informado cuál fue la postura de nuestro país. Los seis meses para aceptar las condiciones de Brasil terminaron en agosto pasado.

Lo que ha podido filtrarse y deducirse es que México decidió emprender su propia investigación. Es decir, tendrá que ir a buscar a los delatores por su cuenta. De hecho, ya hicieron algunas diligencias como fue una entrevista por más de cinco horas con Marcelo Odebrecht, el dueño de la compañía. Habrá que esperar si confesaron lo mismo. Pero eso debería estar dentro de la investigación ya concluida, según lo dijo Raúl Cervantes antes de renunciar a la PGR.

Hace unos días, la PGR puso por delante “el interés público” para dar a conocer el video del candidato presidencial  Ricardo Anaya cuando acudió a presentar un escrito ante la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). ¿Y no es de interés público del caso Odebrecht? ¿Por qué rechazaron el trato con Brasil ante el caso de corrupción más grande en América Latina? ¿No es de interés público saber por qué la investigación esta guardada?  Y lo peor ha sido que, el mismo encargado del despacho en la PGR, Díaz Beltrán, fue quien dirigió las indagatorias del caso Odebrech en tiempos de Raúl Cervantes.

 

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